Si un concesionario no está cumpliendo lo pactado (por ejemplo, no entrega el vehículo, lo entrega con características distintas o incumple plazos), es normal que quieras “denunciar”. En estos casos conviene distinguir si estás ante un problema penal (delito) o principalmente civil/consumo (incumplimiento contractual).

En España, el simple incumplimiento de contrato generalmente se resuelve por la vía civil o de consumo (reclamación, resolución del contrato, devolución de cantidades, daños y perjuicios). Para que intervenga la vía penal suele hacer falta algo más: por ejemplo, que haya habido engaño bastante desde el inicio para que pagaras o firmaras (posible estafa, regulada en el Código Penal, Ley Orgánica 10/1995) o apropiación de dinero con ánimo de no devolverlo (en algunos supuestos, posible apropiación indebida, también en la Ley Orgánica 10/1995). La clave suele ser si existió intención de engañar desde el principio, no solo un retraso o mala gestión.

Pasos que podrías seguir en Cuenca (orientativo):

1. Reúne pruebas: contrato, pedido, publicidad/oferta, justificantes de pago, correos/WhatsApp, partes de entrega, peritajes si hay defectos, y cualquier comunicación donde consten plazos o promesas.
2. Reclama por escrito al concesionario: pide cumplimiento en un plazo razonable o, si procede, resolución del contrato y devolución. Guarda copia y prueba de envío (burofax o email con acuse).
3. Vía consumo: presenta Hoja de Reclamaciones y reclama ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o el órgano de consumo de Castilla-La Mancha. Valora el arbitraje de consumo si el concesionario está adherido.
4. Si aprecias indicios penales (engaño previo, documentación falsa, múltiples afectados, negativa absoluta a devolver tras cobrar sin intención real de entregar), podrías interponer denuncia ante Policía Nacional, Guardia Civil o en el Juzgado de Guardia de Cuenca. Lleva un relato cronológico y toda la documentación.
5. Paralelamente, podrías consultar a un abogado para valorar demanda civil y, si procede, la estrategia penal, evitando que una denuncia penal se archive por tratarse de un conflicto contractual.