Si estás en Cuenca y te planteas alquilar (como propietario o como inquilino) a una persona extranjera, en general el arrendamiento es perfectamente posible y legal en España. Lo importante suele ser que el contrato y la relación cumplan la normativa aplicable y no incluyan cláusulas abusivas o discriminatorias.

En España, los contratos de alquiler de vivienda se rigen principalmente por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Esta ley no exige que el inquilino sea español ni que tenga una nacionalidad concreta. También se aplica el Código Civil, en lo no previsto por la ley especial. Además, el principio de igualdad y no discriminación puede ser relevante: en términos generales, no debería condicionarse el alquiler a la nacionalidad, aunque en la práctica sí es habitual solicitar garantías económicas.

Aspectos clave que conviene revisar en un “contrato para extranjeros”:

• Identificación: se puede firmar con pasaporte, NIE o DNI. Si el inquilino no tiene NIE, normalmente se usa pasaporte y se incluyen sus datos completos.
• Duración y prórrogas: si es arrendamiento de vivienda habitual, la Ley 29/1994 establece reglas de duración mínima y prórrogas obligatorias en muchos casos, aunque el contrato diga otra cosa.
• Fianza y garantías: la fianza legal suele ser de 1 mensualidad en vivienda (y 2 en uso distinto). Pueden pactarse garantías adicionales, dentro de límites razonables.
• Idioma: no es obligatorio traducir, pero si una parte no entiende el español, podría ser recomendable una versión bilingüe para evitar problemas de comprensión y consentimiento.
• Empadronamiento y suministros: se puede pactar quién cambia los contratos de luz/agua/gas y facilitar el empadronamiento si procede.

Pasos prácticos que podrías seguir:

1. Confirmar si es vivienda habitual o alquiler temporal (cambian las reglas).
2. Revisar cláusulas típicas conflictivas (renuncias a derechos, penalizaciones desproporcionadas).
3. Documentar pagos y estado del inmueble (inventario y fotos).
4. Si hay dudas, pedir revisión del contrato a un abogado o a un administrador de fincas antes de firmar.