Por lo que comentas, tu pareja tiene una obligación de pago fijada a favor de su exmujer (normalmente por sentencia de divorcio/separación o por convenio regulador aprobado judicialmente) y te preocupa qué consecuencias puede tener dejar de pagar.

En España, el impago de una pensión acordada judicialmente suele tener dos tipos de consecuencias: civiles (ejecución) y, en algunos supuestos, penales.

1. Consecuencias civiles (lo más frecuente) Si no paga, la exmujer podría presentar una demanda de ejecución ante el juzgado que dictó la sentencia, al amparo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En muchos casos, el juzgado podría:

• Reclamar las cantidades atrasadas (incluidos intereses y, a veces, costas).
• Embargar bienes o ingresos: nómina, cuentas bancarias, devoluciones de Hacienda, vehículos, etc.
• Retener parte del sueldo dentro de los límites legales.

Además, aunque la situación económica haya empeorado, generalmente no basta con “dejar de pagar”: lo adecuado suele ser solicitar una modificación de medidas, para intentar ajustar la pensión a la nueva realidad.

2. Consecuencias penales (en determinados casos) Si se trata de una pensión de alimentos (por ejemplo, a favor de hijos) o de una prestación económica entre cónyuges establecida por resolución judicial, y el impago es reiterado, podría llegar a encajar en el delito de abandono de familia del artículo 227 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Habitualmente se valora si hay voluntad de no pagar pudiendo hacerlo y si se acumulan varios meses de impago.

Pasos prácticos que podríais valorar

• Revisar la sentencia o convenio: qué pensión es (alimentos, compensatoria u otra), cuantía y fechas.
• Si hay dificultad real, intentar un acuerdo por escrito y, si procede, solicitar modificación de medidas.
• Evitar pagos “en negro”: es mejor pagar por transferencia y guardar justificantes, o consignar judicialmente si hay conflicto.

En Galicia (Pontevedra) se aplica el Código Civil estatal en esta materia, sin un derecho civil autonómico específico que cambie estas reglas. Para orientar bien la estrategia, conviene que un abogado de familia revise el caso concreto y la documentación.