Entiendo que quieres saber qué gastos están cubiertos por la pensión de alimentos cuando hay hijos, y qué usos serían correctos o discutibles. En Zaragoza puede influir el derecho civil aragonés, aunque en lo esencial la idea es similar a la del régimen general.

En España, “alimentos” no se limita a comida. El concepto incluye lo necesario para el sustento y desarrollo del menor. En régimen general, lo regula el Código Civil (artículos 142 y siguientes), que comprende: comida, vestido, habitación, asistencia médica y educación/instrucción mientras el hijo sea menor y, en muchos casos, también después si no ha terminado su formación por causa no imputable a él.

En Aragón, el Código del Derecho Foral de Aragón (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo) también trata el deber de alimentos entre parientes y el contenido de esa obligación, con un enfoque muy centrado en cubrir necesidades ordinarias del hijo conforme a las posibilidades familiares.

Generalmente, la pensión alimenticia se destina a “gastos ordinarios”, es decir, previsibles y periódicos, por ejemplo:

• Alimentación y productos habituales
• Ropa y calzado ordinario
• Vivienda y suministros (parte proporcional si el menor convive con un progenitor)
• Material escolar ordinario y comedor escolar (según cómo se haya pactado o fijado)
• Transporte habitual, higiene, actividades rutinarias razonables
• Gastos médicos ordinarios y farmacia básica (según acuerdo o práctica)

Distinto son los “gastos extraordinarios”, que suelen ser imprevistos o no periódicos (por ejemplo, ortodoncia, gafas, tratamientos no cubiertos, excursiones especiales, actividades muy costosas). En muchos convenios o sentencias se pagan aparte y a medias, previa consulta o autorización, pero depende de lo fijado.

Si hay dudas o conflictos, pasos útiles podrían ser:

• Revisar la sentencia o convenio regulador: a veces define ordinarios/extraordinarios
• Guardar justificantes (recibos, matrículas, farmacia) y compartirlos
• Intentar un acuerdo por escrito (mensajería o email) sobre criterios de gasto
• Si persiste el desacuerdo, valorar mediación familiar o solicitar aclaración/ejecución judicial según el caso