Por lo que comentas, el padre de tu hijo estaría dejando de pagar una pensión de alimentos fijada (normalmente) en una sentencia o convenio regulador, y te planteas si conviene reclamarla judicialmente. En Toledo se aplica con carácter general el derecho común (Código Civil), salvo situaciones muy concretas.

En España, la pensión de alimentos a favor de los hijos es una obligación legal y, si está establecida en una resolución judicial o en un convenio aprobado por el juzgado, su impago permite reclamar las cantidades debidas. El marco principal está en el Código Civil (obligación de alimentos entre parientes y deber de alimentos a los hijos) y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (vía de ejecución de sentencias y convenios). Además, cuando el impago es reiterado, podría tener también relevancia penal conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (delito de abandono de familia por impago de prestaciones).

Qué vías se suelen valorar en estos casos (según circunstancias):

1. Reclamación por vía civil (ejecución): si existe sentencia o convenio aprobado, generalmente se presenta una “demanda de ejecución” para reclamar atrasos. El juzgado podría acordar embargos (nómina, cuentas, devolución de la renta, etc.) si se localizan bienes o ingresos.
2. Vía penal: suele considerarse cuando hay un impago continuado y sin justificación. No siempre es la opción más rápida para cobrar, pero puede presionar al cumplimiento.
3. Medidas complementarias: si la pensión se ha quedado desajustada por cambios importantes (empleo, necesidades del menor), podría valorarse una modificación de medidas, pero esto no borra automáticamente la deuda ya generada.

Pasos prácticos que podrías seguir:

• Reunir sentencia/convenio, certificados de pagos, extractos bancarios y un cálculo de mensualidades impagadas.
• Intentar un requerimiento previo por escrito (a veces ayuda a documentar el impago).
• Consultar con un abogado de familia para elegir entre ejecución civil, denuncia/querella penal o ambas, según la cuantía, el tiempo de impago y la situación laboral/patrimonial del obligado.