Entiendo tu preocupación: con 40 años y sin recursos, la idea de que te puedan “echar de casa” genera mucha inseguridad. En Tarragona, la respuesta depende sobre todo de quién sea el titular de la vivienda y de qué relación tengas con esa casa (alquiler, propiedad, convivencia familiar, etc.).

En general, nadie puede sacarte de una vivienda “por la fuerza” sin un procedimiento legal. Si vives de alquiler y hay impago, el propietario normalmente tendría que iniciar un desahucio siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). En muchos casos, si acreditas vulnerabilidad económica, el procedimiento puede tener medidas de protección o suspensión temporal, y los servicios sociales pueden intervenir.

Si la vivienda es de un familiar (por ejemplo, de tus padres) y no hay contrato de alquiler, la situación cambia: podrían pedir judicialmente que abandones la vivienda (según el caso, como “precario”). Aun así, no sería inmediato ni “de un día para otro”: generalmente tendría que existir un proceso judicial, con notificaciones y posibilidad de defensa.

En Cataluña hay particularidades civiles sobre vivienda y relaciones familiares, pero en expulsión/recuperación de la posesión suelen aplicarse principalmente normas procesales estatales; lo relevante es tu título de ocupación (contrato, cesión, copropiedad, etc.) y tu situación de vulnerabilidad.

Pasos que podrías seguir:

1. Aclarar tu situación: ¿hay contrato de alquiler?, ¿estás empadronado?, ¿quién figura como titular o propietario?
2. Si hay riesgo de desahucio, acudir cuanto antes a Serveis Socials del ayuntamiento y pedir informe de vulnerabilidad y alternativas habitacionales.
3. Consultar el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) del Colegio de la Abogacía de Tarragona para orientación y, si procede, justicia gratuita (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita).
4. Si te preocupa también un tema de multas, cuéntame qué multa es (tráfico, transporte, sanción municipal, etc.), porque los plazos de recurso y la posibilidad de reducción o aplazamiento dependen de la norma sancionadora.