Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Valladolid

En Valladolid, los honorarios varían según importe y fase (alegaciones, recurso, TEAR o juzgados). Como referencia orientativa: una consulta puede costar 60–120 €; un escrito de alegaciones o recurso de reposición, 250–700 €; una reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Castilla y León, 800–2.500 €; y un contencioso-administrativo, habitualmente 1.500–5.000 € (a veces por fases). Además pueden existir peritos o procurador en vía judicial. La base legal suele apoyarse en la LGT (Ley 58/2003) y normativa tributaria aplicable. Recomendación: pide presupuesto por escrito y por fases; en keatia.es puedes comparar abogados tributario-fiscales en Valladolid y solicitar una primera valoración.

Los plazos son estrictos. Con carácter general, frente a una liquidación o sanción tributaria puedes interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de 1 mes desde el día siguiente a la notificación (art. 223 y ss. de la Ley 58/2003, LGT). Si luego acudes a la vía judicial (recurso contencioso-administrativo), el plazo suele ser de 2 meses desde la notificación de la resolución económico-administrativa, conforme a la LJCA (Ley 29/1998). En Valladolid, la vía judicial se tramita ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recomendación: no apures plazos y consulta cuanto antes para valorar suspensión, pago o aplazamiento.

En la vía económico-administrativa (TEAR) no siempre es obligatorio abogado, pero sí muy recomendable. Aunque puedes presentar la reclamación por tu cuenta, el procedimiento exige fundamentación jurídica, prueba y cálculo de intereses, y un error formal puede dejarte sin defensa efectiva. La reclamación ante el TEAR de Castilla y León suele ser el paso previo al contencioso, y se rige por la LGT (Ley 58/2003) y su normativa de desarrollo. Un abogado tributario-fiscal puede preparar un escrito sólido, solicitar suspensión con garantías si procede y planificar la estrategia si luego hay que ir a los Juzgados de Valladolid. Recomendación: si hay sanción, inspección o cuantías altas, busca asesoramiento especializado.

Depende del tributo y del tipo de actuación (comprobación limitada, inspección, requerimiento), pero conviene recopilar: notificaciones y diligencias recibidas, declaraciones (IRPF, IVA, Sociedades), libros registro y contabilidad, facturas emitidas/recibidas, contratos, justificantes bancarios, modelos de retenciones, comunicaciones con la AEAT y, si procede, documentación de patrimonio o inmuebles. En inspecciones, es clave tener un “relato” coherente y pruebas ordenadas. La Administración puede comprobar ejercicios no prescritos: con carácter general, el derecho a liquidar prescribe a los 4 años (art. 66 LGT). Recomendación: acude pronto para preparar respuestas y evitar entregar documentación de forma desordenada o incompleta.

Si recurres una liquidación o sanción, puedes solicitar la suspensión para evitar embargo o apremio mientras se resuelve el recurso. En reposición o en la reclamación económico-administrativa, la suspensión puede requerir garantías (aval, seguro de caución, hipoteca, prenda), aunque en algunos supuestos cabe suspensión sin garantías, especialmente en sanciones si se recurre en plazo (según reglas de la LGT y criterios económico-administrativos). También existe el aplazamiento/fraccionamiento, que no es lo mismo que suspender por recurso. Un abogado puede valorar qué vía conviene y preparar la solicitud con documentación económica. Recomendación: pide la suspensión dentro del plazo de recurso y revisa si te exigen garantías para evitar recargos e intereses.

En transmisiones (ITP/AJD) o sucesiones/donaciones, la Administración puede comprobar el valor declarado y girar liquidación complementaria. Si no estás de acuerdo, puedes recurrir en el plazo general de 1 mes (LGT) y, en muchos casos, solicitar tasación pericial contradictoria (TPC), que es una vía específica para discutir el valor mediante peritos. Los plazos y requisitos dependen del tributo y del acto notificado. En Valladolid es frecuente que la discrepancia surja por valoraciones administrativas de inmuebles. Un abogado tributario-fiscal coordina la estrategia con un perito y prepara el recurso con comparables y defectos del método de valoración. Recomendación: actúa rápido, porque la TPC tiene trámites y plazos propios.

Lo ideal es antes. En requerimientos previos, comprobaciones o inicio de inspección puedes orientar la respuesta, aportar documentación correcta y evitar incoherencias que luego derivan en sanción. Una vez llega la propuesta de liquidación o el acuerdo sancionador, aún hay defensa, pero el margen se reduce y los plazos corren (normalmente 1 mes para recurrir). Además, en materia sancionadora es clave discutir culpabilidad y motivación, no solo cifras. En Valladolid, si el asunto puede acabar en el TEAR de Castilla y León o en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la estrategia desde el inicio importa. Recomendación: ante cualquier notificación relevante, consulta de inmediato; en keatia.es puedes localizar abogados fiscalistas en Valladolid según especialidad y experiencia.

Si no puedes pagar, puedes solicitar aplazamiento o fraccionamiento, aportando información económica y, según el importe, garantías. La solicitud debe presentarse normalmente antes de que la deuda entre en apremio o, si ya está en apremio, cuanto antes para reducir riesgos. El procedimiento y efectos (intereses, calendario de pagos, posibles embargos) se regulan en la LGT y normativa de recaudación. Un abogado puede ayudarte a justificar la falta de liquidez, negociar un plan realista y revisar si la deuda es recurrible o si conviene pedir suspensión. Recomendación: no ignores la notificación; valora de forma conjunta recurso y recaudación para evitar recargos.

Los asuntos tributarios llegan a la vía judicial mediante recurso contencioso-administrativo, normalmente tras agotar la vía económico-administrativa (TEAR). En Valladolid, lo habitual es que conozcan los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, aunque ciertas materias o cuantías pueden ir a órganos superiores según competencia. Los plazos dependen de carga de trabajo y complejidad: un procedimiento puede tardar, como orientación, de 8 a 18 meses, y más si hay prueba pericial o recurso. En vía judicial suelen intervenir abogado y procurador (con carácter general). Recomendación: antes de demandar, revisa viabilidad, costes y posibilidad de suspensión; en keatia.es puedes comparar abogados en Valladolid con experiencia en contencioso tributario.