Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Alamillo

En Ciudad Real, los honorarios en Tributario-Fiscal suelen depender de si se trata de una consulta, un recurso o una inspección completa. Como referencia, una primera consulta puede costar 60–120 €; un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa, 600–1.800 €; y la asistencia integral en inspección y sanciones, 1.500–6.000 € o con parte variable según ahorro obtenido. El presupuesto debería detallar: análisis de expediente, redacción de escritos, asistencia a reuniones con la AEAT o el Ayuntamiento y recursos posteriores. Pide siempre hoja de encargo por escrito y calendario. Para comparar despachos en la provincia, Keatia (keatia.es) te ayuda a localizar y filtrar abogados fiscalistas en Ciudad Real.

Los plazos son estrictos. Si recibes una liquidación o sanción de la AEAT o de la Junta, normalmente tienes 1 mes para interponer recurso de reposición (ante el mismo órgano) o reclamación económico-administrativa (TEAR), según la Ley 58/2003, General Tributaria, y el RD 520/2005. El cómputo suele empezar al día siguiente de la notificación. Si optas por reposición y te la desestiman, podrás acudir después a la vía económico-administrativa, con nuevos plazos. Retrasarte puede hacer firme la deuda y dificultar fraccionamientos o suspensiones. Lo recomendable es revisar la notificación y el expediente cuanto antes con un abogado tributario en Ciudad Real.

No es obligatorio abogado para interponer una reclamación económico-administrativa ante el TEAR, pero en la práctica es muy recomendable. Aunque el procedimiento es administrativo, exige identificar correctamente el acto impugnado, pedir la puesta de manifiesto del expediente, proponer prueba y fundamentar con normativa (Ley General Tributaria y reglamentos) y jurisprudencia. Además, puede interesar solicitar la suspensión de la deuda para evitar embargos, aportando garantías cuando proceda. Un error de forma o de plazos puede dejarte sin defensa o limitar alegaciones futuras en vía judicial. Si estás en Ciudad Real y quieres comparar especialistas, en Keatia (keatia.es) puedes encontrar perfiles y contactar con abogados fiscalistas de la zona.

Una diligencia de embargo suele llegar tras el inicio del procedimiento de apremio, que se activa cuando no se paga en período voluntario. Lo primero es revisar la providencia de apremio y la notificación previa, porque hay motivos tasados de oposición (por ejemplo, pago, prescripción, falta de notificación, error en la deuda), según la Ley 58/2003. Los plazos habituales para recurrir son de 1 mes desde la notificación del acto recurrible. A veces conviene negociar aplazamiento/fraccionamiento o solicitar suspensión si hay recurso en marcha, para frenar actuaciones. En Ciudad Real, actuar rápido es clave para evitar trabas en cuentas o devoluciones. Un abogado tributario puede revisar el expediente y proponer la estrategia adecuada.

Una inspección tributaria suele comenzar con una comunicación de inicio y requerimientos de documentación (contabilidad, facturas, contratos, extractos bancarios). La duración máxima general de las actuaciones es de 18 meses, ampliable a 27 meses en supuestos complejos (por ejemplo, volumen elevado o actuaciones internacionales), conforme a la Ley General Tributaria tras la reforma de la Ley 34/2015. Durante la inspección puedes aportar pruebas, pedir copias del expediente y formular alegaciones antes del acta. La estrategia (cooperar, discutir criterios, negociar conformidad o disconformidad) afecta a sanciones y recargos. Lo recomendable es contar con asesoramiento desde el primer requerimiento para evitar respuestas incompletas o contradictorias. En Keatia (keatia.es) puedes localizar abogados fiscalistas en Ciudad Real con experiencia en inspecciones.

Para aprovechar la primera reunión, lleva: notificaciones completas (con sobres o justificantes de recepción), la propuesta de liquidación o sanción, providencias de apremio si existen, requerimientos, y cualquier escrito presentado. Si es un asunto de IRPF/IVA/IS, añade declaraciones presentadas, libros registro, facturas emitidas y recibidas, modelo 347 si aplica, extractos bancarios y contratos relevantes. Si se trata de plusvalía municipal o IBI, aporta recibos, escrituras, valor catastral y liquidación del Ayuntamiento. También conviene llevar un resumen cronológico de hechos y un listado de plazos. Con esto, el abogado podrá valorar viabilidad, riesgos y coste. En Ciudad Real, pedir una hoja de encargo clara desde el inicio evita sorpresas.

Lo ideal es contratar cuanto antes, incluso al recibir el primer requerimiento o propuesta de liquidación. En fase temprana puedes corregir errores, aportar pruebas y plantear alegaciones con más margen, y a veces evitar que el asunto escale a sanción o apremio. Si pagas sin analizar, puedes perder opciones de defensa o de solicitar rectificaciones. Si ya hay embargo, aún hay vías (oposición por motivos tasados, aplazamientos, revisión de notificaciones), pero el margen se reduce y el coste suele aumentar por urgencia. En Ciudad Real, donde las notificaciones pueden llegar por Dirección Electrónica Habilitada o papel, conviene revisar plazos al detalle. Keatia (keatia.es) te permite comparar abogados fiscalistas locales y contactar rápidamente.

En impuestos municipales como IBI o plusvalía, suele haber dos frentes: el valor catastral (gestionado por Catastro) y la liquidación o autoliquidación del Ayuntamiento. Para impugnar, hay que identificar el acto correcto y el plazo: normalmente 1 mes para recurrir liquidaciones (reposición o vía económico-administrativa si existe órgano local), y en Catastro hay procedimientos específicos (recurso de reposición y reclamación económico-administrativa). En plusvalía, además, pueden discutirse supuestos de no sujeción o base de cálculo tras cambios jurisprudenciales y normativos. En Ciudad Real puede ser relevante coordinar Catastro y Ayuntamiento para no duplicar trámites. Un abogado tributario te ayudará a enfocar la vía adecuada y evitar recursos improcedentes.

Sí, es posible solicitar aplazamiento o fraccionamiento si no puedes pagar en plazo, tanto ante la AEAT como ante administraciones autonómicas o locales, con reglas específicas. En general, se valora la cuantía, la situación financiera y si la deuda está en período voluntario o ejecutivo. A partir de ciertos importes pueden exigirse garantías (aval, seguro de caución o hipoteca), aunque hay umbrales y criterios internos que varían. La solicitud suele detener recargos adicionales si se tramita a tiempo y se cumplen pagos, pero no siempre paraliza embargos si ya estás en apremio. Un abogado fiscalista puede preparar la documentación económica, negociar plazos realistas y valorar si conviene recurrir la deuda a la vez. En Ciudad Real, actuar antes del apremio suele mejorar las condiciones.