Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Barcelona

En Barcelona, los honorarios de un abogado tributario-fiscal suelen variar según la cuantía y la fase (asesoramiento, recurso, inspección, vía contenciosa). Como referencia, una consulta puede costar 80–150 €, un escrito de alegaciones o recurso de reposición 300–900 €, una reclamación ante el TEAR de Cataluña 600–1.800 €, y un procedimiento contencioso-administrativo 1.500–6.000 € (más IVA). Algunos profesionales pactan cuota fija, por horas (120–250 €/h) o mixto con “success fee”. Pide siempre presupuesto por escrito y qué incluye (notificaciones, vistas, recursos). En keatia.es puedes comparar abogados en Barcelona y solicitar propuestas antes de decidir.

Los plazos son estrictos. Con carácter general, si recibes una liquidación o sanción de la AEAT o de la Agencia Tributaria de Cataluña, tienes 1 mes para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa (art. 223 LGT y normativa económico-administrativa). Si optas por reposición y te lo desestiman (o hay silencio), podrás acudir a la vía económico-administrativa. Para ir a lo contencioso-administrativo, el plazo habitual es 2 meses desde la notificación de la resolución económico-administrativa (Ley 29/1998). No apures: prepara documentación y estrategia desde el primer día. Un abogado puede revisar defectos de forma y de fondo y evitar recursos improcedentes.

No es obligatorio llevar abogado en todas las actuaciones de inspección, pero es muy recomendable. La inspección implica requerimientos, comparecencias y posibles actas con liquidación y sanción. La Ley General Tributaria (LGT) reconoce derechos como ser informado y asistido, acceder al expediente, formular alegaciones y aportar pruebas. En la práctica, un abogado tributario en Barcelona ayuda a contestar requerimientos sin “abrir” más riesgos, controlar plazos y negociar actas (conformidad/disconformidad) y reducciones de sanción. También puede coordinarse con tu asesor contable. Si estás ante una Inspección en la Delegación de la AEAT en Barcelona o ante la ATC, conviene actuar desde el primer requerimiento, no al final.

Puedes solicitar aplazamiento o fraccionamiento si no puedes pagar en plazo, pero no siempre se concede. La LGT y la normativa de recaudación permiten aplazar deudas tributarias, normalmente con intereses, y exigen justificar la falta de liquidez. En deudas superiores a ciertos importes pueden pedir garantías (aval, hipoteca, etc.). En Barcelona, es frecuente tramitarlo telemáticamente con la AEAT o la ATC; el abogado revisa si la deuda es aplazable (por ejemplo, algunas retenciones o ingresos a cuenta tienen limitaciones) y prepara la propuesta de pagos realista para evitar un embargo. Lo recomendable es solicitarlo antes de que avance la vía de apremio y, si hay sanciones, estudiar primero la viabilidad de recurrir.

Cuanta más información lleves, más rápido se puede evaluar el caso. Para IRPF: declaraciones presentadas, datos fiscales, certificados de retenciones, justificantes de deducciones, escrituras de inmuebles y movimientos bancarios relevantes. Para IVA: libros registro, modelos 303/390, facturas emitidas y recibidas, contratos y pruebas de la realidad de las operaciones. Para Sociedades: cuentas anuales, modelo 200, mayor contable, actas y contratos. Si hay procedimiento, aporta todas las notificaciones, requerimientos, actas y propuestas de liquidación, con fechas. En Barcelona es común que los plazos corran desde la notificación electrónica (DEHú), así que incluye capturas o avisos. En keatia.es puedes localizar abogados tributarios en Barcelona y pedir una primera valoración indicando tu documentación.

La vía económico-administrativa puede ser lenta. Una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña puede tardar desde varios meses hasta más de un año, según carga de trabajo y complejidad. Mientras tanto, la deuda puede estar suspendida si lo solicitas y cumples requisitos (a veces con garantías), lo que es clave para evitar apremio. Si hay silencio o retrasos, un abogado valora acciones para impulsar el expediente y, cuando proceda, preparar la vía contencioso-administrativa. También revisa si conviene aportar periciales o documentación adicional. Recomendación: no lo dejes “en piloto automático”; planifica tesorería y estrategia de prueba desde el inicio para aumentar opciones de estimación.

Suele convenir ir al contencioso cuando la vía administrativa (reposiciones/TEAR) se agota y el asunto tiene base sólida: errores de hecho, falta de motivación, prescripción, valoración de pruebas, o interpretación jurídica discutible. El recurso contencioso se presenta normalmente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona o, en ciertos casos, ante el TSJ de Cataluña (según materia y órgano que dictó el acto). El plazo general es de 2 meses desde la notificación de la resolución administrativa firme (Ley 29/1998). Aquí sí es habitual necesitar abogado y procurador. Antes de demandar, pide análisis coste-beneficio: cuantía, probabilidades, posibilidad de medidas cautelares y costas.

Sí. Si una deuda entra en periodo ejecutivo, la Administración puede iniciar embargo de cuentas, devoluciones, nómina y bienes (procedimiento de apremio). Hay límites en la embargabilidad del salario según la Ley de Enjuiciamiento Civil (tramos sobre el SMI), pero las cuentas pueden verse afectadas de forma inmediata. Para evitarlo, actúa antes: pagar, solicitar aplazamiento/fraccionamiento, pedir suspensión si recurres y procede, o negociar el calendario. Un abogado tributario en Barcelona revisa si la providencia de apremio está bien notificada, si hay prescripción o errores formales, y prepara la vía adecuada sin perder plazos. En keatia.es puedes encontrar profesionales en Barcelona con experiencia en recaudación y embargos para intervenir rápido.

Cuando el problema pasa de infracción administrativa a posible delito (art. 305 y ss. del Código Penal), la estrategia cambia: puede haber investigación penal si la cuota defraudada supera los umbrales legales o concurren circunstancias agravantes. Es crucial no improvisar respuestas a requerimientos y revisar la documentación con un abogado penal-tributario cuanto antes. A veces es posible regularizar y pagar para reducir consecuencias, pero debe analizarse el momento procesal y los efectos (incluidas sanciones e intereses). En Barcelona, los procedimientos pueden acabar en juzgados de instrucción y requerir coordinación con peritos y asesores. Recomendación: contrata defensa especializada desde el primer indicio (notificación, acta “con indicios”, diligencias), y solicita una revisión completa de riesgos y alternativas.