Abogados especializados en derecho Procesal

Un abogado procesalista es un profesional del derecho especializado en derecho procesal, es decir, en el conjunto de normas que regulan cómo se desarrollan los juicios y procedimientos judiciales ante los tribunales. Este tipo de abogado domina las reglas de competencia, los plazos, las formas de presentar demandas y recursos, y todo el procedimiento que debe seguirse para defender sus derechos ante los juzgados.

Necesitará un abogado procesalista cuando deba interponer una demanda civil, penal o contencioso-administrativa; cuando tenga que responder a una demanda presentada contra usted; cuando necesite recurrir una sentencia que considere injusta; o cuando deba presentar escritos, pruebas o alegaciones en cualquier procedimiento judicial. En España, la intervención de un abogado es obligatoria en la mayoría de los procesos, salvo en juicios de menor cuantía donde la ley permite la comparecencia en persona.

Un abogado procesalista le asesorará sobre los plazos que no puede perder, le redactará los escritos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil o Criminal, y le representará ante el juzgado para garantizar que su caso se tramite correctamente y no pierda derechos por errores de forma o procedimiento.

Las tarifas de un abogado procesalista en España varían notablemente según la complejidad del asunto, la cuantía del litigio, la jurisdicción (civil, penal, contencioso-administrativa, laboral) y la ubicación geográfica del despacho. No existe un arancel obligatorio desde la desregulación de 2013, por lo que cada despacho fija sus propios honorarios.

En procesos civiles de cuantía media, es habitual encontrar honorarios que oscilan entre 600 y 2.000 euros por la tramitación completa del procedimiento, más un porcentaje sobre el resultado favorable (éxito). En juicios verbales o de menor cuantía, los honorarios suelen ser más bajos, entre 300 y 800 euros. Para procedimientos penales o contencioso-administrativos, las tarifas pueden ser superiores debido a la especialización requerida.

Es fundamental solicitar un presupuesto por escrito a su abogado procesalista antes de contratar, detallando qué servicios incluye (demanda, vistas, recursos) y si hay costas adicionales. Muchos abogados ofrecen una primera consulta gratuita o a precio reducido para valorar su caso. También puede solicitar la asistencia jurídica gratuita si cumple los requisitos de renta.

Los plazos procesales son términos legales que, si no se cumplen, pueden suponer la pérdida del derecho a actuar o la desestimación de su pretensión. Un abogado procesalista conoce los plazos críticos y le evitará perder oportunidades.

Entre los plazos más importantes en el proceso civil destacan: el plazo para presentar la demanda (en materia de responsabilidad civil, por ejemplo, el plazo de prescripción es de 1 año desde el conocimiento del daño); el plazo para contestar a la demanda, que suele ser de 20 días naturales en el juicio ordinario y 10 días en el verbal; el plazo para apelar una sentencia, que es de 20 días desde la notificación en primera instancia; y el plazo para interponer recurso de casación o infracción procesal, que es de 20 días desde la notificación de la sentencia de apelación.

En el proceso penal, el plazo para interponer recurso de apelación es de 10 días. En el contencioso-administrativo, el plazo para recurrir un acto administrativo es de 2 meses. La regla general es que los plazos se cuentan en días hábiles (excluyendo fines de semana y festivos) salvo que la ley expresamente diga días naturales. Contratar a un abogado procesalista a tiempo es la mejor garantía para no perder ningún plazo esencial.

La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre el juicio ordinario y el juicio verbal según la cuantía y la materia del litigio. Un abogado procesalista le indicará qué procedimiento corresponde a su caso.

El juicio ordinario se aplica a asuntos cuya cuantía supera los 6.000 euros (o cuando la ley lo exija con independencia de la cuantía, como en desahucios, nulidad matrimonial o impugnación de acuerdos sociales). Es un procedimiento más formal: incluye fase de alegaciones, fase de prueba con proposición, admisión y práctica de pruebas, y fase de conclusiones. La vista de juicio se celebra en una sola sesión donde se practican las pruebas y las partes pueden manifestar sus conclusiones.

El juicio verbal se aplica a asuntos de cuantía no superior a 6.000 euros y a materias específicas como arrendamiento urbano, desahucios por falta de pago, reclamación de cantidades, etc. Es más ágil: la contestación a la demanda puede hacerse por comparecencia en el acto del juicio y la fase de prueba es más resumida. La vista suele ser más breve. Su abogado procesalista le explicará las diferencias prácticas y los plazos concretos de cada procedimiento para su caso.

Recurrir una sentencia en España depende del tipo de proceso y del tribunal que la haya dictado. Un abogado procesalista es esencial para tramitar correctamente cualquier recurso y evitar su inadmisión por defectos de forma.

En el ámbito civil, el recurso de apelación es el más habitual. Se interpone ante el mismo juzgado que dictó la sentencia dentro de los 20 días siguientes a su notificación. El escrito debe indicar los motivos de impugnación (error en la apreciación de hechos o de derecho) y adjuntar la documentación requerida. Una vez admitido, el expediente se eleva al tribunal superior. En segunda instancia se celebra una nueva vista donde las partes pueden aportar prueba complementaria en ciertos supuestos.

Contra la sentencia de apelación cabe, en casos limitados, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (por infracción de ley o doctrina jurisprudencial) o el recurso de infracción procesal. En el proceso penal, el recurso de apelación se interpone en 10 días. En todos los casos, el plazo es perentorio: si no se recurre a tiempo, la sentencia queda firme. Un abogado procesalista le asesorará sobre la viabilidad del recurso y preparará el escrito conforme a la ley.