Abogados especializados en derecho Procesal en Tarragona

Los honorarios en Tarragona varían según el tipo de procedimiento (civil, penal, contencioso, laboral), la cuantía y si hay juicio. Como referencia, una consulta puede costar 60–120 €, una demanda u oposición sencilla 600–1.500 €, y un procedimiento completo con vista 1.500–5.000 € o más si es complejo. Aparte, pueden existir gastos de procurador (a menudo obligatorio en civil, según la LEC), peritos y tasas (personas físicas normalmente exentas en civil). Pide presupuesto por escrito, con qué incluye (redacción, vistas, recursos). Recomendación: compara varios profesionales y solicita hoja de encargo; en keatia.es puedes encontrar y comparar abogados procesalistas en Tarragona.

En la jurisdicción civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) exige, con carácter general, abogado y procurador para interponer demandas y contestarlas, especialmente en juicio ordinario y en la mayoría de trámites de ejecución. Hay excepciones: en juicios verbales de cuantía inferior a 2.000 € y en algunos procedimientos específicos puedes comparecer sin abogado/procurador, aunque no siempre es recomendable. En Tarragona, los escritos se presentan ante los Juzgados de Primera Instancia (y, en su caso, Mercantil o Familia). Consejo práctico: antes de demandar o responder, confirma si el procedimiento exige representación y valora estrategia procesal; un abogado local te evita nulidades y plazos perdidos.

Los plazos de recursos dependen de la resolución y del orden jurisdiccional. En civil, el recurso de apelación suele interponerse en 20 días hábiles desde la notificación (LEC), mientras que la reposición contra providencias y autos normalmente es de 5 días hábiles. En penal, algunos recursos como la reforma suelen ser de 3 días. Son plazos hábiles: no cuentan fines de semana ni festivos, y se computan desde el día siguiente a la notificación. En Tarragona, la notificación puede llegar por LexNET si estás representado. Recomendación: no apures; consulta en cuanto te notifiquen para revisar viabilidad y preparar el escrito con tiempo.

La duración varía mucho según el juzgado, la carga de trabajo y la complejidad. Como orientación, un juicio verbal civil puede resolverse en 6–12 meses, un ordinario en 12–24 meses, y una ejecución (cobro de deuda) puede alargarse 6–18 meses según embargos y localización de bienes. En penal, unas diligencias previas pueden durar meses y un juicio puede fijarse a partir de 6–18 meses, según la agenda del órgano. Influyen las pruebas (periciales, testigos), incidencias procesales y recursos. Recomendación: pide a tu abogado una estimación realista por fase y planifica costes y tiempos; en keatia.es puedes localizar abogados en Tarragona con experiencia en tu tipo de procedimiento.

Lleva todo lo que permita reconstruir hechos y acreditar pruebas: DNI/NIE, contratos, facturas, correos/WhatsApp relevantes, burofaxes, actas notariales si las hay, resoluciones previas y notificaciones judiciales (muy importante por los plazos), así como datos de la otra parte (domicilio, CIF, matrícula, etc.). Si ya hay procedimiento en Tarragona, aporta número de autos, juzgado y copias de demanda, contestación, providencias o autos. En casos de deudas, extractos y justificantes de pago; en accidentes, atestado y partes médicos. Recomendación: ordena la documentación por fechas y pregunta por estrategia y riesgos procesales antes de decidir demandar o transigir.

Conviene consultar antes de iniciar acciones y también inmediatamente al recibir una demanda o citación. La fase previa permite evaluar competencia del juzgado, cuantía, prueba disponible, intento de acuerdo (en algunos casos puede exigirse actividad negociadora previa) y riesgos de costas (LEC). Si te demandan, los plazos son estrictos: por ejemplo, en civil la contestación suele ser de 20 días hábiles en ordinario, y en verbal se contestan por escrito en muchos supuestos tras las reformas recientes. En Tarragona, los señalamientos y notificaciones pueden llegar rápido por LexNET. Recomendación: no improvises; un procesalista te marca la estrategia desde el primer escrito.

En civil (LEC), el tipo de juicio depende principalmente de la cuantía y de la materia. De forma general, el juicio verbal se usa para asuntos de menor cuantía y ciertas materias específicas, y el ordinario para cuantías superiores o materias asignadas a ordinario. En ambos, hoy es clave la preparación de prueba documental desde el inicio y la correcta formulación de hechos y fundamentos, porque errores iniciales se pagan caros (inadmisiones, limitaciones probatorias). En Tarragona se tramitan ante los Juzgados de Primera Instancia, y si hay mercantil (sociedades, competencia, concursos), puede intervenir el Juzgado de lo Mercantil. Recomendación: antes de presentar demanda, revisa con un abogado la vía correcta y el riesgo de costas.

Las costas son los gastos del proceso (principalmente honorarios de abogado y procurador de la parte ganadora, además de peritos o edictos, con límites). En civil rige, por norma, el criterio del vencimiento: quien pierde puede ser condenado a pagar las costas (LEC), salvo dudas de hecho o de derecho u otras excepciones. En la práctica, esto afecta mucho a la estrategia: a veces conviene negociar o allanarse a tiempo para reducir riesgos. En Tarragona, como en el resto de España, la tasación de costas se tramita en el propio juzgado. Recomendación: pide a tu abogado una estimación del “riesgo de costas” y alternativas; en keatia.es puedes comparar profesionales que expliquen honorarios y escenarios con claridad.

Sí, si cumples los requisitos económicos de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. En general, se valoran los ingresos de la unidad familiar (IPREM como referencia) y el patrimonio, con umbrales que pueden variar según circunstancias (familias numerosas, discapacidad, víctimas en ciertos delitos, etc.). En Tarragona, la solicitud suele gestionarse a través del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) y/o el Servicio de Orientación Jurídica, y puede suspender plazos en determinados casos, pero no conviene confiarse. Necesitarás documentación de ingresos, empadronamiento, prestaciones y patrimonio. Recomendación: solicita cuanto antes y, si tienes dudas, consulta un abogado para no perder plazos procesales.