Abogados especializados en derecho Procesal en Sevilla

Los honorarios en Derecho Procesal varían según el tipo de procedimiento (civil, penal, contencioso o social), cuantía, pruebas y número de vistas. En Sevilla, una consulta suele costar 60–120 € (a veces se descuenta si se contrata), un monitorio o verbal sencillo puede estar entre 600–1.500 €, y un ordinario o procedimiento con prueba pericial puede subir a 1.500–4.000 € o más. Si hace falta procurador, añade normalmente 200–600 € en primera instancia (orientativo). Pide presupuesto por escrito con fases (demanda, vista, recursos) y posibles extras. En keatia.es puedes comparar abogados procesales en Sevilla y solicitar presupuestos.

En general, sí: la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) exige abogado y procurador para la mayoría de procedimientos ante Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Hay excepciones: en civil, en juicios verbales por cuantía hasta 2.000 € puedes ir sin abogado ni procurador, y en monitorios puedes iniciar la petición sin abogado (pero puedes necesitarlos si hay oposición). En el orden social (laboral) no es obligatorio abogado en primera instancia, aunque es muy recomendable. En Sevilla, según el juzgado y la carga de trabajo, errores de forma pueden retrasar meses. Lo prudente es consultar antes con un procesalista.

Los plazos de recurso están tasados y empiezan a contar desde la notificación. En civil, la apelación contra sentencias de primera instancia suele ser de 20 días hábiles (LEC), y determinados recursos extraordinarios también tienen plazos estrictos. En penal varía según resolución y procedimiento, y en contencioso-administrativo y social hay plazos propios (por ejemplo, en laboral el recurso de suplicación suele ser muy corto y exige preparación). Ojo: “hábiles” excluye fines de semana y festivos, pero los cómputos pueden ser complejos. Si te han notificado desde juzgados de Sevilla (como los de Prado de San Sebastián), habla con un abogado cuanto antes para no perder el derecho a recurrir.

La duración depende del orden jurisdiccional, la carga del juzgado y si hay recursos. En civil, un monitorio puede resolverse en pocos meses si no hay oposición; un juicio verbal puede irse a 6–12 meses; un ordinario con prueba y pericial puede superar 12–24 meses. Las fases típicas son: análisis del caso, requerimientos o reclamación previa (a veces), demanda, admisión y traslado, contestación, audiencia previa (en ordinario), juicio/vista, sentencia y, si procede, ejecución. En Sevilla hay diferencias entre juzgados en señalamientos y tiempos de notificación. Recomendación: planifica con tu abogado una estrategia realista y un calendario aproximado por fases.

Para que un procesalista valore viabilidad y estrategia, lleva todo lo que acredite hechos y fechas: contratos, facturas, correos/WhatsApp relevantes, burofaxes, requerimientos, partes médicos, denuncias, atestados, resoluciones previas, y cualquier notificación judicial (cédulas, diligencias, señalamientos). Es clave aportar DNI/NIE, domicilios de las partes, y datos de testigos o peritos si los hay. Si ya hay procedimiento abierto, aporta número de autos, juzgado (por ejemplo, Juzgados de Sevilla) y copia de demanda/contestación. Ordena documentos por fecha y marca lo importante: ahorrarás coste y tiempo. En keatia.es puedes localizar abogados procesales en Sevilla y pedir una cita indicando tu asunto.

Cuanto antes, mejor. Antes de demandar, un abogado procesal puede elegir el procedimiento adecuado, calcular la cuantía, preparar la prueba, revisar plazos de prescripción/caducidad y valorar medidas cautelares (LEC). Si ya te han demandado, la urgencia es máxima: la contestación tiene plazos estrictos (por ejemplo, en civil suele ser de 20 días hábiles en el juicio ordinario), y una mala respuesta puede dejarte en rebeldía o sin alegar excepciones clave. En Sevilla, además, los señalamientos y notificaciones requieren reacción rápida. Recomendación: no esperes a “ver qué pasa”; consulta en cuanto recibas una notificación o tengas intención de reclamar.

La asistencia jurídica gratuita se regula por la Ley 1/1996 y permite obtener abogado y procurador de oficio si cumples requisitos económicos y de viabilidad. En términos generales, se valora el IPREM y la situación familiar, y se exige aportar documentación (renta, nóminas, prestaciones, padrón, etc.). En Sevilla, la tramitación se canaliza a través del Colegio de Abogados de Sevilla (ICASEV) y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Puedes pedir designación provisional para actuaciones urgentes, pero luego se revisa. Ten en cuenta que si mejoran tus ingresos o se deniega, podrías asumir costes. Recomendación: solicita cuanto antes y, si puedes, contrasta alternativas para elegir especialista.

Si tienes una sentencia firme (o un título ejecutivo), puedes pedir la ejecución conforme a la LEC. El juzgado puede embargar cuentas, nóminas, devoluciones de Hacienda, vehículos o inmuebles, y requerir información patrimonial. En dinero, se reclama principal, intereses y costas; es habitual solicitar un 30% adicional provisional para intereses y costas (según práctica procesal). La ejecución tiene sus propias incidencias: oposición del ejecutado, tercería, subastas, etc., y puede alargarse. En Sevilla, la eficacia depende de localizar bienes y actuar rápido. Recomendación: trabaja con un abogado procesal que prepare una estrategia de averiguación patrimonial y medidas de embargo desde el inicio; en keatia.es puedes encontrar perfiles especializados en ejecuciones.

Sí, y suele ser recomendable si reduce riesgos, tiempo y costes. En civil, puedes negociar en cualquier fase y plasmarlo en un acuerdo privado o solicitar homologación judicial si conviene. En cuanto a costas, la regla general es que paga quien pierde (LEC), pero un acuerdo puede incluir reparto de gastos o renuncia a costas; además, si hay allanamiento temprano del demandado, las costas pueden no imponerse. También existen mecanismos de solución extrajudicial y, en ciertos ámbitos, requisitos de reclamación previa. En Sevilla, llegar con una propuesta sólida puede evitar señalamientos largos. Recomendación: que tu abogado redacte el acuerdo con claridad (pagos, plazos, incumplimiento) para hacerlo ejecutable.