Mostrando 5 de 21 profesionales
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Un abogado inmobiliario es el profesional especializado en operaciones relacionadas con bienes inmuebles: compraventa de viviendas y locales, hipotecas, arrendamientos urbanos y rústicos, y litigios sobre propiedad. Entre los servicios más demandados se encuentran la revisión de contratos de compraventa, la reclamación por vicios ocultos, la defensa frente a desahucios y la asesoría en comunidades de propietarios. También intervienen en procedimientos de división de cosa común, deslinde de fincas y expropiaciones forzosas. Los honorarios de un abogado inmobiliario en España oscilan entre 500 € y 3.000 € según la complejidad del asunto, y muchos despachos ofrecen una primera consulta gratuita. En Keatia puedes comparar abogados inmobiliarios verificados con opiniones reales de otros clientes, consultar su experiencia concreta y solicitar cita online directamente.
En Santa Cruz de Tenerife hay 21 profesionales disponibles en Inmobiliario registrados en Keatia.
Los honorarios varían según si se trata de una revisión de contrato, una compraventa completa o un litigio. En Santa Cruz de Tenerife, una consulta inicial suele moverse entre 60 y 120 €, la revisión/negociación de arras y contrato entre 200 y 600 €, y el acompañamiento integral en una compraventa puede situarse entre 800 y 2.500 € (más IVA). Si hay procedimiento judicial (desahucio, vicios, nulidad), es frecuente pactar 1.500–5.000 € según cuantía y fases. Pide presupuesto por escrito y si incluye gestiones con notaría/registro. Para comparar perfiles y precios de forma ágil, Keatia (keatia.es) ayuda a encontrar abogados inmobiliarios en Santa Cruz de Tenerife.
Para una revisión completa, conviene aportar: nota simple actualizada del Registro de la Propiedad (titularidad, cargas, hipotecas), escritura o título del vendedor, recibos de IBI, certificación de estar al corriente con la comunidad (art. 9 LPH), recibos de suministros, certificado energético, cédula/licencia según el caso, y si hay hipoteca, información de cancelación o subrogación. En Canarias también es clave tener claro el IGIC/ITP aplicable y los gastos de notaría/registro. Un abogado verificará cargas, limitaciones y posibles afecciones urbanísticas. Recomendación: no firmes arras sin revisión previa y solicita nota simple el mismo día de la firma.
No es obligatorio por ley, pero sí muy recomendable porque el contrato de arras fija consecuencias económicas importantes. En España suelen usarse arras penitenciales (art. 1454 del Código Civil): si el comprador se retira, pierde la señal; si el vendedor incumple, debe devolver el doble. Un abogado puede negociar plazos realistas (tasación, hipoteca, cancelación de cargas), condiciones suspensivas y reparto de gastos, evitando cláusulas abusivas. En Santa Cruz de Tenerife es habitual firmar reservas rápidas con agencias; ahí aumentan los riesgos si no se define bien qué pasa con la señal. Recomendación: que el abogado revise el documento antes de entregar dinero y lo vincule a una nota simple actualizada.
Si compras a un particular, el saneamiento por vicios ocultos del Código Civil (arts. 1484 y ss.) tiene un plazo de 6 meses desde la entrega para ejercitar acciones. Si compras a promotor/constructor, pueden aplicar garantías de la LOE: 1 año para defectos de terminación, 3 años para habitabilidad y 10 años para estructura, con plazos de prescripción específicos según el caso. Además, si el vendedor actuó como empresario, puede entrar la normativa de consumidores. Lo práctico es documentar los defectos con informe pericial y comunicarlo de inmediato por burofax. Recomendación: consulta pronto con un abogado inmobiliario para no perder plazos y valorar una negociación o demanda.
El desahucio por falta de pago se tramita por juicio verbal (Ley de Enjuiciamiento Civil). Tras presentar demanda, el Juzgado señala fecha de lanzamiento y el inquilino puede pagar (enervar) si es la primera vez y cumple requisitos, o bien oponerse. Los tiempos dependen de la carga del partido judicial; en Santa Cruz de Tenerife puede oscilar aproximadamente entre 4 y 9 meses, aunque puede alargarse si hay oposición o incidencias. Es esencial aportar contrato, impagos, requerimiento y cálculo de deuda. Recomendación: un abogado te ayudará a preparar la demanda, reclamar rentas y coordinar con procurador; en Keatia (keatia.es) puedes localizar especialistas en desahucios en la zona.
La Ley de Arrendamientos Urbanos permite resolver el contrato por impago, subarriendo inconsentido, daños, actividades molestas/insalubres/peligrosas o incumplimientos graves (art. 27 LAU). La clave es probarlo: actas de comunidad, denuncias policiales, informes, comunicaciones fehacientes (burofax), fotografías y testigos. Antes de demandar, suele ser útil un requerimiento formal para dejar constancia y evitar discusiones sobre fechas. Si hay impago, se acumula la reclamación de rentas. En Santa Cruz de Tenerife, un abogado puede anticipar la estrategia procesal según el juzgado competente y los plazos de señalamiento. Recomendación: evita acuerdos verbales y documenta todo desde el primer incidente.
En segunda transmisión se paga ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), y en obra nueva se aplica IGIC y AJD, con tipos que dependen de la normativa canaria y del supuesto concreto. Además, hay gastos de notaría, registro, gestoría si la hay, y posibles costes de hipoteca (tasación y comisiones). También conviene prever plusvalía municipal (la paga normalmente el vendedor, salvo pacto) y deudas de comunidad/IBI. Un abogado inmobiliario revisa el reparto de gastos, confirma cargas en registro y evita sorpresas en arras y escritura. Recomendación: pide un cálculo previo y que el contrato refleje con claridad quién asume cada concepto; Keatia (keatia.es) puede ayudarte a comparar profesionales en Santa Cruz.
Si hay incumplimiento (retraso relevante, falta de documentación esencial, cargas no canceladas), puedes exigir cumplimiento o resolver el contrato con indemnización, según el Código Civil y lo pactado en arras/contrato. En promociones, revisa si hay cláusulas de prórroga y penalizaciones; en compraventas entre particulares, el burofax y la fijación de un plazo de cumplimiento suelen ser pasos previos útiles. También puede reclamarse la devolución de cantidades entregadas y daños y perjuicios. En Santa Cruz de Tenerife, la vía judicial suele tramitarse en los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial correspondiente. Recomendación: antes de firmar o prorrogar, asesórate para no perder derechos ni pruebas.
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