Mostrando 1 de 9 profesionales
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Un abogado inmobiliario es el profesional especializado en operaciones relacionadas con bienes inmuebles: compraventa de viviendas y locales, hipotecas, arrendamientos urbanos y rústicos, y litigios sobre propiedad. Entre los servicios más demandados se encuentran la revisión de contratos de compraventa, la reclamación por vicios ocultos, la defensa frente a desahucios y la asesoría en comunidades de propietarios. También intervienen en procedimientos de división de cosa común, deslinde de fincas y expropiaciones forzosas. Los honorarios de un abogado inmobiliario en España oscilan entre 500 € y 3.000 € según la complejidad del asunto, y muchos despachos ofrecen una primera consulta gratuita. En Keatia puedes comparar abogados inmobiliarios verificados con opiniones reales de otros clientes, consultar su experiencia concreta y solicitar cita online directamente.
En Gipuzkoa hay 9 profesionales disponibles en Inmobiliario registrados en Keatia.
El coste depende de si se trata de asesoramiento puntual, revisión de contrato o un procedimiento judicial. En Gipuzkoa, una consulta suele moverse entre 60 y 150 € (a veces se descuenta si se contrata el asunto). Revisar un contrato de compraventa o arras puede costar 200–600 €. En operaciones completas (negociación, revisión documental y asistencia a notaría) es habitual un fijo de 800–2.500 € o un porcentaje del precio (aprox. 0,5%–1,5%). Si hay pleito, los honorarios pueden subir a 2.000–6.000 € según cuantía y complejidad, más procurador. Pide presupuesto por escrito y compara en Keatia (keatia.es) profesionales en Gipuzkoa.
Si compraste una vivienda (de segunda mano entre particulares) y aparecen defectos graves no visibles al comprar, el Código Civil permite reclamar por vicios ocultos en el plazo de 6 meses desde la entrega (art. 1490). Es un plazo corto y suele requerir prueba pericial (informe técnico) y comunicaciones fehacientes. Si la vivienda es nueva, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) establece garantías: 1 año acabados, 3 años habitabilidad y 10 años estructura, con plazos específicos para ejercitar acciones. En Gipuzkoa, muchas reclamaciones terminan en los juzgados de Donostia-San Sebastián. Lo recomendable es actuar rápido: perito, burofax y abogado para valorar la vía más eficaz.
No es obligatorio por ley, pero es muy recomendable, especialmente en arras. En España, el contrato de arras se rige por el Código Civil y puede ser confirmatorias, penales o penitenciales (las más comunes, art. 1454), y cada tipo tiene consecuencias distintas si una parte incumple. Un abogado inmobiliario revisa cargas en el Registro de la Propiedad, situación urbanística, IBI, comunidad, certificados (energético, deudas), y redacta cláusulas clave: plazos, financiación, distribución de gastos, penalizaciones y condición suspensiva por hipoteca. En Gipuzkoa, donde los precios y las operaciones suelen ser elevadas (Donostia y costa), un error sale caro. Si quieres comparar especialistas, Keatia (keatia.es) te ayuda a localizar abogados en la provincia.
Antes de firmar arras o escritura, conviene reunir y verificar documentos para evitar sorpresas. Lo básico: nota simple registral actualizada (titularidad, hipotecas, embargos), referencia catastral y recibos de IBI, certificado de estar al corriente con la comunidad (art. 9 LPH), últimos recibos de suministros, certificado de eficiencia energética, y si procede, cédula/licencia de primera ocupación o documentación urbanística. Si hay reformas, pide licencias y, en edificios antiguos de Donostia, revisa posibles derramas (ITE/inspecciones y obras de accesibilidad). Un abogado puede pedir informes adicionales y detectar riesgos (servidumbres, afecciones, discrepancias Catastro-Registro). Lo prudente es no entregar señal sin revisar documentación y firmar arras con asesoramiento.
Depende del tipo de arras pactadas. Si son arras penitenciales (habitual), el art. 1454 del Código Civil permite desistir: si desiste el comprador, pierde la señal; si desiste el vendedor, debe devolver el doble. Si son arras confirmatorias o penales, además de la señal, podría exigirse cumplimiento del contrato o daños y perjuicios, lo que suele llevar a negociaciones o demanda. En la práctica, lo primero es revisar el texto firmado, reunir pruebas (pagos, comunicaciones) y enviar un burofax reclamando. En Gipuzkoa, estos conflictos pueden acabar en los juzgados de Donostia-San Sebastián, con plazos y costes a valorar. Recomendación: consulta pronto con un abogado para definir estrategia y evitar perder posiciones por falta de reacción.
El desahucio por impago se tramita por el juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 250 y ss.). El propietario suele enviar requerimiento previo (no siempre obligatorio, pero útil) y presentar demanda con contrato, impagos y certificación de titularidad. El juzgado señala fecha de vista (si hay oposición) y de lanzamiento; el inquilino puede enervar una vez (pagar y seguir) si cumple requisitos y no lo hizo antes. Los tiempos varían según carga del partido judicial: en Donostia-San Sebastián puede ir de varios meses a más de un año en casos complejos. Es habitual necesitar abogado y procurador. Lo recomendable es documentar impagos, actuar temprano y consultar a un especialista para evitar errores procesales.
Sí, y es clave encajar el defecto en el régimen de la LOE. La Ley 38/1999 (LOE) fija responsabilidades: 1 año para defectos de terminación/acabados, 3 años para habitabilidad (humedades, aislamiento, instalaciones) y 10 años para seguridad estructural. Normalmente se exige acreditar el daño con informe técnico y reclamar por escrito cuanto antes. Ojo: además de los plazos de garantía, hay plazos de prescripción para ejercitar acciones, y puede intervenir aseguradora (seguro decenal). En Gipuzkoa, con promociones en la costa y zonas urbanas, la prueba pericial es determinante. Para encontrar abogados especializados en reclamaciones LOE en la provincia, Keatia (keatia.es) te permite comparar perfiles y experiencia.
En Gipuzkoa, además de los costes habituales, hay que tener en cuenta la normativa foral. En vivienda usada, se paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuya gestión corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa y puede variar según tipo y circunstancias (conviene calcularlo caso a caso). En obra nueva se paga IVA (generalmente 10% en vivienda) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) según el régimen aplicable. A eso se suman notaría, Registro de la Propiedad y, si hay hipoteca, gastos de gestoría/tasación (con reparto conforme a la Ley 5/2019 y jurisprudencia). Un abogado inmobiliario puede estimar el coste total y evitar cláusulas abusivas. En Keatia (keatia.es) puedes localizar especialistas en Gipuzkoa.
Conviene contar con abogado antes de firmar cualquier documento con efectos económicos: reserva, arras, contrato de alquiler, anexos de obra, novaciones o reconocimiento de deuda. Muchas disputas (señales perdidas, cargas ocultas, cláusulas de penalización, conflictos de linderos o servidumbres) nacen por firmar “modelos” sin adaptar. En Gipuzkoa, donde es frecuente comprar con financiación y en comunidades con derramas relevantes, el análisis previo (Registro, comunidad, urbanismo, licencias) reduce riesgos. También es recomendable si vas a vender y quieres dejar bien atados plazos y entrega de posesión. Como regla práctica: si hay más de 3.000–5.000 € en juego, asesoramiento previo suele salir rentable. Para comparar despachos locales, Keatia (keatia.es) es un buen punto de partida.
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