Abogados especializados en derecho Inmobiliario en Cantabria

En una compraventa, el abogado inmobiliario revisa contrato de arras, cargas en el Registro, cláusulas de la escritura y coordina notaría. En Cantabria, los honorarios suelen moverse entre 600 y 1.500 € + IVA por asesoramiento completo (más si hay incidencias: herencias, proindivisos, cargas o litigio). Una revisión puntual de arras o borrador de escritura puede costar 150–400 €. Los costes dependen del valor del inmueble y del trabajo (informes registrales, negociación, asistencia a firma). Pide presupuesto por escrito y qué incluye. Para comparar profesionales y disponibilidad en la provincia, Keatia (keatia.es) puede ayudarte a localizar abogados inmobiliarios en Cantabria.

Para una revisión completa, conviene aportar: nota simple registral actualizada (Registro de la Propiedad correspondiente), recibo del IBI y referencia catastral, certificado de eficiencia energética, estatutos y certificado de deudas de la comunidad (si es piso), últimas facturas de suministros, y el borrador de contrato (arras o compraventa). Si hay hipoteca, también la oferta vinculante y la FEIN/FiAE (Ley 5/2019). El abogado verificará titularidad, cargas, posibles servidumbres, discrepancias Catastro-Registro y situación urbanística si es rústica. Recomendación: no firmes arras sin revisión previa; un error puede costarte penalizaciones elevadas.

Si compras a un particular, la acción por vicios ocultos del Código Civil (arts. 1484 y ss.) tiene un plazo de 6 meses desde la entrega de la vivienda, y suele exigir acreditar que el defecto era previo, oculto y grave. Si compras a promotor/constructor, pueden aplicarse garantías de la LOE (Ley 38/1999): 1 año para acabados, 3 años para habitabilidad y 10 años para estructura, con plazos de prescripción específicos desde que se manifiesta el daño. Es clave documentar con peritaje y comunicaciones fehacientes. Si necesitas un abogado en Cantabria, en Keatia (keatia.es) puedes encontrar especialistas para valorar viabilidad y estrategia.

No es obligatorio, pero es muy recomendable porque el contrato de arras suele decidir el éxito o el coste del conflicto. En España hay arras confirmatorias, penales y penitenciales (art. 1454 del Código Civil). Las más habituales en compraventa son las penitenciales: si el comprador desiste pierde la señal; si el vendedor desiste devuelve el doble. Un abogado puede ajustar plazos, condiciones suspensivas (hipoteca, cargas, licencia), reparto de gastos, estado de suministros y la entrega de posesión. También evitar cláusulas abusivas o ambiguas que dificultan reclamar. Recomendación: revisa arras antes de pagar; es el momento más “barato” para prevenir un pleito.

Primero hay que identificar el tipo de arras y lo pactado. Si son arras penitenciales (art. 1454 CC), lo normal es exigir la devolución duplicada de la señal. Si son confirmatorias o hay contrato de compraventa firmado, puede reclamarse el cumplimiento (otorgamiento de escritura) o la resolución con daños y perjuicios. Reúne justificantes de pago, comunicaciones, anuncios, y solicita nota simple para ver si ha vendido a un tercero. En Cantabria, la demanda se tramitará en los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial que corresponda (por ejemplo, Santander o Torrelavega). Recomendación: envía requerimiento fehaciente y consulta cuanto antes para no perder oportunidades probatorias.

En desahucio por falta de pago, el procedimiento suele ser relativamente ágil, pero los tiempos dependen del juzgado. Como orientación, desde la demanda hasta el lanzamiento pueden pasar 4–9 meses, aunque puede variar en partidos como Santander o Torrelavega por carga de trabajo. La Ley de Enjuiciamiento Civil permite acumular reclamación de rentas y solicitar fecha de lanzamiento en el decreto inicial si el inquilino no paga ni enerva. Para el propietario, es clave preparar contrato, acreditación de impagos y burofax previo (recomendable). Recomendación: contrata abogado en cuanto haya impago y antes de negociar “a ciegas”; en Keatia (keatia.es) puedes comparar especialistas en Cantabria.

Depende de si eres inquilino o propietario y de lo pactado. En vivienda habitual, el inquilino puede desistir tras 6 meses de contrato (art. 11 de la LAU), avisando con 30 días, y puede haber indemnización de 1 mensualidad por cada año del contrato que reste (prorrateada) si está prevista en el contrato. El arrendador solo puede resolver por causas tasadas (impago, obras inconsentidas, subarriendo no permitido, etc., arts. 27 y ss. LAU). En locales u otros usos rige más la autonomía de la voluntad. Recomendación: revisa cláusulas y comunicaciones; un asesoramiento previo evita penalizaciones o demandas.

La devolución de la señal depende del contrato (arras) y de quién incumple. Si la inmobiliaria actuó como intermediaria, normalmente la señal se entrega “a cuenta” del vendedor, pero hay casos en que la agencia la custodia; por eso es esencial ver el documento de entrega, destinatario y condición. Si el vendedor incumple y hay arras penitenciales, procede devolver el doble; si el comprador incumple, suele perderla. Para reclamar, utiliza burofax y recopila justificantes bancarios y el contrato. Si no hay acuerdo, puede reclamarse en vía civil ante el Juzgado de Primera Instancia competente. Recomendación: consulta con un abogado inmobiliario y, si buscas comparar profesionales en Cantabria, Keatia (keatia.es) es un buen punto de partida.

En Cantabria es frecuente encontrar fincas rústicas con linderos antiguos o discrepancias entre Catastro y Registro. Para regularizar, suele seguirse: obtener certificación catastral descriptiva y gráfica, pedir nota simple registral, y valorar una representación gráfica georreferenciada (GML) y, si procede, un expediente del art. 199 o 201 de la Ley Hipotecaria para coordinar Registro-Catastro. Si hay conflicto de linderos, puede requerirse deslinde, acuerdo con colindantes o incluso juicio declarativo. También conviene revisar servidumbres y accesos. Recomendación: antes de comprar, encarga esta verificación; en rústico un error de superficie o acceso puede impedir licencias o financiación.