Abogados especializados en derecho Desahucios en Pontevedra

El precio suele depender del tipo de desahucio (por impago, fin de contrato, precario) y de si hay oposición. En Pontevedra, como referencia, una reclamación de rentas y desahucio “estándar” puede moverse entre 900 y 2.500 € + IVA; si hay juicio, recursos o acumulación de cantidades, puede subir. Además, en el procedimiento pueden imponerse costas al inquilino si pierde (art. 394 LEC), pero no siempre se recupera todo si es insolvente. Pide presupuesto cerrado y por fases (demanda, vista, lanzamiento). Para comparar profesionales y honorarios en la zona, Keatia (keatia.es) es un buen recurso.

En desahucio por falta de pago, el inquilino dispone de 10 días hábiles desde la notificación del decreto/auto de admisión para pagar, oponerse o desalojar (art. 440.3 LEC). Si paga todo lo debido dentro de ese plazo, puede “enervar” el desahucio una sola vez, salvo que el arrendador hubiera requerido de pago fehacientemente con al menos 30 días de antelación (art. 22.4 LEC). En la práctica, la rapidez depende de la notificación y del Juzgado (Pontevedra/área de Vigo). Lo recomendable es acudir cuanto antes a un abogado para valorar si conviene pagar, negociar o presentar oposición con pruebas.

En la mayoría de desahucios sí: la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) exige abogado y procurador cuando la cuantía supera 2.000 € o cuando el procedimiento lo requiere, y en desahucios es habitual que la reclamación de rentas supere ese umbral. Incluso si no lo superara, contar con dirección letrada evita errores en requerimientos previos, acumulación de cantidades, oposición y ejecución del lanzamiento. En Pontevedra, el procurador facilita notificaciones y gestiones ante los juzgados locales. Si tienes pocos recursos, puedes solicitar justicia gratuita ante el Colegio de la Abogacía de Pontevedra. Recomendación: consulta pronto para elegir estrategia y plazos.

Los tiempos varían según carga del juzgado, notificaciones y si hay oposición. Como orientación, un desahucio por impago sin oposición puede resolverse en 3 a 6 meses; si el inquilino se opone y hay vista, puede irse a 6-12 meses o más. La LEC (arts. 437 y ss.) prevé un trámite relativamente ágil, pero retrasos habituales vienen por dificultades de notificación, señalamientos y coordinación del lanzamiento. También influye si se reclaman rentas y suministros. Lo recomendable es preparar bien la demanda, aportar contrato y recibos, y pedir fecha de lanzamiento desde el inicio. Un abogado local te dará una previsión realista.

Normalmente necesitarás: contrato de arrendamiento (y anexos), acreditación de la propiedad o legitimación (nota simple, escritura o autorización del propietario), recibos impagados y detalle de deuda, justificantes de pagos anteriores, comunicaciones al inquilino (burofax o email si pactado), fianza y estado de suministros. Si pretendes evitar la enervación, es clave el requerimiento fehaciente con 30 días de antelación (art. 22.4 LEC). También conviene certificado de empadronamiento si hay dudas de ocupación, y poderes/apoderamiento apud acta para pleitos. Recomendación: antes de demandar, revisa la documentación con un abogado; en Keatia (keatia.es) puedes localizar especialistas en Pontevedra.

La enervación permite al inquilino paralizar el desahucio por impago si paga todo lo debido (rentas, cantidades asimiladas e intereses/costas si proceden) dentro del plazo legal tras la notificación (art. 22.4 LEC). Solo puede hacerse una vez durante el contrato. El propietario puede impedirla si antes de demandar envió un requerimiento de pago fehaciente (por ejemplo, burofax con certificación) y transcurrieron al menos 30 días sin pago, o si el inquilino ya enervó antes. En la práctica, un requerimiento bien redactado evita sorpresas. Recomendación: asesórate antes de enviar el burofax y antes de presentar demanda; Keatia (keatia.es) te ayuda a comparar abogados en Pontevedra.

En España existen medidas de protección para personas vulnerables en determinados supuestos, con suspensiones temporales condicionadas y verificaciones por servicios sociales, especialmente cuando hay menores, dependencia o riesgo de exclusión. La normativa ha ido cambiando en los últimos años (medidas extraordinarias y reformas en vivienda), y la suspensión no es automática: debes acreditarla y cumplir requisitos, y no siempre aplica (por ejemplo, según si el arrendador es gran tenedor o no y el tipo de procedimiento). En Pontevedra, la coordinación con servicios sociales municipales es clave para informes. Recomendación: no esperes al día del lanzamiento; acude a un abogado para preparar escrito y documentación (ingresos, familia, informe social) y negociar alternativas.

El desahucio por impago se basa en la falta de pago de rentas o cantidades asimiladas y suele acumular reclamación de deuda (LEC). El desahucio por fin de contrato procede cuando termina el plazo y el arrendador ha comunicado la no renovación conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), respetando preavisos (habitualmente 4 meses arrendador y 2 meses inquilino en vivienda, según art. 10 LAU). El precario se usa cuando alguien ocupa sin título o con permiso revocado (por ejemplo, familiar). Cada vía exige pruebas distintas y afecta a tiempos y estrategia. Recomendación: define bien la acción antes de demandar; un abogado de Pontevedra puede evitar nulidades por planteamiento incorrecto.