Abogados especializados en derecho Desahucios en Madrid

En Madrid, el coste suele depender de si es un desahucio por impago (el más común) o por fin de contrato, si hay oposición del inquilino y si también se reclama deuda. Como orientación, una consulta puede rondar 50–120 €, y llevar el procedimiento completo suele situarse entre 900 y 2.500 € + IVA, más procurador (aprox. 250–500 €). Si hay acumulación de rentas o incidentes, puede subir. El proceso se tramita por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), con intervención de abogado y procurador salvo excepciones de cuantía. Recomendación: pide presupuesto cerrado y compara perfiles; en keatia.es puedes encontrar y comparar abogados de desahucios en Madrid con experiencia local.

Los plazos varían según el juzgado y si el inquilino se opone. En desahucios por falta de pago (art. 27 LAU y procedimiento LEC), desde la demanda hasta el lanzamiento pueden ser 3 a 8 meses como rango orientativo en Madrid, aunque puede alargarse si hay oposición, incidentes, suspensión por vulnerabilidad o dificultades para señalar fecha. La demanda suele fijar fecha de vista (si hay oposición) y lanzamiento, y se notifica al inquilino para que pague, abandone o se oponga. En Madrid influyen los señalamientos de los Juzgados de Primera Instancia y la carga de trabajo. Recomendación: prepara documentación y actúa rápido para evitar más deuda y retrasos.

En la práctica, sí: en procedimientos de desahucio ante Juzgados de Primera Instancia se exige abogado y procurador como regla general (LEC). Solo en casos muy concretos y de cuantía reducida podrían existir excepciones, pero un desahucio casi siempre se tramita por juicio verbal con profesionales. Contar con abogado es clave para redactar la demanda correctamente, acumular reclamación de rentas si conviene, gestionar notificaciones y evitar nulidades. El procurador se encarga de la representación procesal y agiliza trámites con el juzgado. Recomendación: contacta cuanto antes con un especialista; en keatia.es puedes localizar abogados de desahucios en Madrid y pedir presupuestos para abogado y procurador con criterios comparables.

Tras la admisión de la demanda, el inquilino recibe un requerimiento judicial. En desahucio por impago, el arrendatario dispone de 10 días hábiles para pagar lo debido, desalojar voluntariamente o formular oposición (LEC). Además, existe la “enervación” (pagar y continuar el contrato) una sola vez, si se cumplen requisitos: no haber enervado antes y no haber sido requerido fehacientemente con al menos 30 días de antelación para pagar (art. 22 LEC). Si no actúa en plazo, puede dictarse decreto y seguirse al lanzamiento en la fecha señalada. Recomendación: si eres propietario, documenta requerimientos; si eres inquilino, busca asesoramiento inmediato.

Para presentar demanda en Madrid normalmente necesitarás: contrato de arrendamiento, acreditación de la propiedad (nota simple del Registro o escritura), justificantes de impago (recibos, extractos), comunicaciones previas (burofax o requerimientos), y cálculo de deuda detallado si se reclaman rentas. Si hay avalista, conviene aportar el contrato y datos de identificación. También se incluyen datos para notificaciones del inquilino (domicilio arrendado y otros conocidos). Todo se tramita bajo la LEC, y una preparación documental sólida reduce oposiciones y nulidades. Recomendación: lleva tu caso a un abogado especializado para revisar pruebas y estrategia; en keatia.es puedes encontrar profesionales en Madrid habituados a estos expedientes.

Sí, pero debe hacerse respetando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Si el contrato termina y no procede prórroga legal o tácita, el arrendador debe comunicar la no renovación en plazo (según el tipo de contrato y duración; habitualmente con 4 meses de antelación si es persona física arrendadora y 2 meses si es el inquilino, en los supuestos aplicables). Si el inquilino no entrega la posesión, se puede interponer demanda de desahucio por expiración de plazo (LEC). En Madrid, la prueba clave es el contrato y la notificación fehaciente. Recomendación: evita errores de preaviso y forma, y consulta a un abogado antes de enviar comunicaciones.

En algunos supuestos, el juzgado puede suspender el lanzamiento si se acredita situación de vulnerabilidad y se activan los mecanismos de coordinación con servicios sociales, conforme a normativa extraordinaria y criterios judiciales vigentes en cada momento. Esto no “anula” la deuda ni impide continuar el procedimiento, pero puede retrasar la fecha de lanzamiento. En Madrid, la intervención de servicios sociales municipales y la respuesta en plazos puede influir en la duración real. La estrategia procesal (documentar necesidad del propietario, existencia de alternativa habitacional, etc.) puede ser relevante según el caso. Recomendación: pide a tu abogado que valore riesgos de suspensión y planifique tiempos y reclamación de rentas para reducir el impacto económico.

Lo recomendable es antes, porque un requerimiento fehaciente bien redactado puede facilitar el pago, preparar la demanda y, en impago, condicionar la posibilidad de enervación (si se requiere con al menos 30 días y luego se demanda, el inquilino puede perder la opción de enervar, art. 22 LEC). Además, el abogado puede aconsejar si conviene acumular reclamación de rentas, pedir medidas sobre suministros o negociar una entrega de llaves con reconocimiento de deuda. En Madrid, actuar pronto también ayuda a obtener señalamientos antes en los Juzgados de Primera Instancia. Recomendación: compara especialistas y honorarios; en keatia.es puedes filtrar abogados de desahucios en Madrid y contactar con varios.

Sí. En muchos casos se acumula a la acción de desahucio la reclamación de cantidades (rentas, suministros asumidos por contrato, intereses) en la misma demanda, conforme a la LEC. Si además hay daños en la vivienda, puede reclamarse, pero conviene valorar si se acredita mejor con un procedimiento aparte o con prueba pericial (fotos, inventario, informe técnico, acta notarial si es posible). Tras recuperar la posesión, también puedes ejecutar el título judicial para cobrar, embargando nóminas o cuentas si se localizan bienes. Recomendación: documenta el estado del inmueble y la deuda desde el inicio y deja que un abogado diseñe la estrategia más eficaz.