Abogados especializados en derecho Comunitario en Santa Cruz de Tenerife

Los honorarios dependen del tipo de asunto (residencia/arraigo, sanciones, expulsión, recursos ante la Administración o litigios con normativa UE). En Santa Cruz de Tenerife, una consulta suele costar entre 60 y 120 €, un escrito o recurso administrativo entre 250 y 700 €, y un procedimiento contencioso-administrativo puede situarse entre 1.200 y 3.500 €, más procurador (aprox. 300–700 €) si es necesario. En extranjería, algunos despachos trabajan a precio cerrado por expediente. Pide presupuesto por escrito y aclara si incluye tasas, traducciones y notificaciones. Para comparar especialistas y disponibilidad, Keatia (keatia.es) es un recurso útil en Santa Cruz de Tenerife.

Depende de la vía que elijas. En general, frente a una resolución administrativa (por ejemplo, denegación de residencia o renovación) puedes presentar recurso de reposición en el plazo de 1 mes desde la notificación, según la Ley 39/2015. Si optas por acudir a la vía judicial, el recurso contencioso-administrativo suele ser de 2 meses desde la notificación (Ley 29/1998). Es clave revisar qué órgano dictó la resolución (Oficina de Extranjería/Subdelegación del Gobierno) y cómo se notificó. En Santa Cruz de Tenerife, los contenciosos se tramitan en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recomendación: no apures plazos y consulta con un abogado cuanto antes.

En la vía contencioso-administrativa, lo habitual es que necesites abogado y procurador, especialmente ante Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (Ley 29/1998). Hay excepciones limitadas para asuntos de cuantía baja o procedimientos específicos, pero en extranjería y sanciones no conviene arriesgarse: un error de forma puede provocar inadmisión o pérdida de plazos. El abogado redacta la demanda, propone prueba y puede solicitar medidas cautelares (por ejemplo, para suspender una expulsión). En Santa Cruz de Tenerife, contar con un profesional que conozca la práctica del partido judicial ayuda con tiempos y estrategia. Recomendación: solicita una valoración del expediente antes de demandar.

Para la tarjeta de familiar de ciudadano de la UE suelen pedir: pasaporte completo, certificado de registro del ciudadano UE o DNI, documento que acredite el vínculo (matrimonio, pareja registrada, nacimiento), empadronamiento conjunto, y prueba de medios/seguro si procede (según el caso). En determinados supuestos se exige demostrar “dependencia” económica o convivencia estable. La base normativa es el RD 240/2007 y su interpretación práctica. Además, puede ser útil aportar billetes, transferencias, contratos y cualquier evidencia de la unidad familiar. En Santa Cruz de Tenerife, conviene revisar requisitos específicos de la Oficina de Extranjería y preparar copias compulsadas cuando sea necesario. Recomendación: un abogado puede anticipar requerimientos y evitar denegaciones.

Un expediente de expulsión puede tramitarse con plazos muy cortos si se adopta una medida de internamiento o si hay ejecución preferente, aunque lo más frecuente es que haya una propuesta, trámite de alegaciones y resolución. La clave es actuar rápido: presentar alegaciones dentro del plazo que indique la notificación (a menudo 10–15 días en procedimientos sancionadores), aportar arraigo, vínculos familiares y ausencia de antecedentes, y solicitar suspensión/medidas cautelares si se recurre. Si se acude a la vía judicial (Ley 29/1998), pueden pedirse cautelares para evitar la ejecución. En Santa Cruz de Tenerife, un abogado acostumbrado a estos expedientes puede coordinarse con juzgados y policía. Recomendación: no firmes sin asesorarte.

Sí, en algunos casos la normativa y la jurisprudencia europea pueden ser determinantes, por ejemplo si la sanción vulnera principios como proporcionalidad, no discriminación o derechos fundamentales (Carta de Derechos Fundamentales de la UE). El camino suele ser: recurso administrativo (reposicion o alzada según proceda, Ley 39/2015) y, si lo desestiman, recurso contencioso-administrativo en 2 meses (Ley 29/1998). Es importante revisar el acto sancionador, la competencia del órgano y la prueba. En Santa Cruz de Tenerife, estos asuntos se ven en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recomendación: un abogado de derecho comunitario puede identificar si existe base real UE y construir una estrategia con jurisprudencia.

Conviene contratar abogado desde el inicio cuando haya antecedentes penales, entradas/salidas complejas, denegaciones previas, dudas sobre medios económicos, o si tu situación encaja en regímenes mixtos (UE/extranjería general). Aunque muchos trámites se pueden presentar sin abogado, una mala elección de vía (por ejemplo, solicitar un permiso incorrecto) puede provocar meses de retraso y denegaciones. Un profesional revisa documentación, prepara subsanaciones y controla plazos de recurso (1 mes reposición, 2 meses contencioso, según Ley 39/2015 y Ley 29/1998). En Santa Cruz de Tenerife, también ayuda conocer la práctica de la Oficina de Extranjería. Recomendación: si tienes plazos en curso, consulta ya; en Keatia (keatia.es) puedes comparar especialistas.

Los recursos administrativos se presentan ante el mismo órgano que dictó el acto o su superior, normalmente vinculados a la Subdelegación del Gobierno/Oficina de Extranjería, siguiendo la Ley 39/2015 (registro electrónico, presencial o ventanilla única). Si pasas a la vía judicial, las demandas se tramitan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife (Ley 29/1998). En muchos procedimientos necesitarás procurador para la representación procesal. También puede intervenir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para orientación o turno de oficio si cumples requisitos. Recomendación: revisa la notificación para identificar órgano competente y plazos; en Keatia (keatia.es) puedes localizar abogados cercanos con experiencia contenciosa.

Sí, si cumples los requisitos económicos de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. En extranjería es especialmente relevante porque muchas personas no pueden afrontar honorarios y, además, los plazos son estrictos. Debes solicitarla cuanto antes, aportando documentación de ingresos, empadronamiento y situación laboral; si te la conceden, tendrás abogado y, en su caso, procurador. La solicitud suele gestionarse a través del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife o en puntos habilitados, según el procedimiento. Ojo: pedir justicia gratuita no siempre suspende automáticamente plazos, por lo que conviene asesorarte de inmediato. Recomendación: consulta para no perder el derecho a recurrir.