Abogados especializados en derecho Comunitario en Ávila

Los honorarios en derecho comunitario (UE) varían según si se trata de asesoramiento, recursos administrativos o un procedimiento judicial. En Ávila, una consulta suele estar entre 60 y 120 €, y un informe jurídico entre 150 y 400 €. Un asunto completo (alegaciones, recursos y seguimiento) puede moverse, de forma orientativa, entre 900 y 3.500 €, y si hay litigio con pericial o mucha documentación puede aumentar. Pide presupuesto por escrito, si incluye IVA, suplidos y posibles tasas. Para comparar opciones en Ávila, en Keatia (keatia.es) puedes localizar perfiles, especialidad y disponibilidad. Recomendación: explica el objetivo (regularización, recurso, indemnización) para ajustar el presupuesto.

Depende de la vía. En un recurso administrativo (alzada o reposición) no siempre es obligatorio abogado, pero sí muy recomendable para fundamentar bien la prueba y la normativa (Ley 39/2015 y reglas específicas de extranjería). Si pasas a la vía judicial (recurso contencioso-administrativo), necesitarás abogado y procurador salvo excepciones muy limitadas. Los plazos son clave: normalmente 1 mes para recurrir en reposición/alzada (según el acto y órgano) y 2 meses para acudir al contencioso desde la notificación del acto definitivo. Un abogado puede revisar notificación, cómputo de plazos y estrategia. Consejo: consulta cuanto antes para no perder el plazo.

Con carácter general, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de 2 meses desde la notificación del acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, conforme a la Ley 29/1998 (LJCA). Si se trata de inactividad o vía de hecho, los plazos y el cómputo cambian, y conviene revisarlos caso por caso. En Ávila, el asunto se tramitará normalmente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente (según materia y territorio), y necesitarás abogado y procurador. Recomendación: no apures el plazo; recopila expediente, notificaciones y pruebas, y pide una valoración temprana para enfocar medidas cautelares si fueran necesarias.

La documentación depende del problema, pero en asuntos frecuentes (residencia de familiar de ciudadano UE, reconocimiento de derechos, o recursos) suelen pedir: pasaporte/DNI, certificados de empadronamiento, contrato de trabajo o medios económicos, seguro médico, certificados de registro/solicitudes previas, notificaciones de Extranjería y justificantes de presentación. Si el caso implica familia, también certificado de matrimonio/pareja registrada o nacimiento, y, si procede, pruebas de dependencia económica. En recursos, es esencial el expediente administrativo y la constancia de fechas para calcular plazos. Recomendación: lleva copias y originales, y ordena por fechas; un abogado te dirá qué prueba es decisiva y qué no para evitar requerimientos y retrasos.

En vía contencioso-administrativa, puedes solicitar medidas cautelares para suspender la ejecución del acto (por ejemplo, una expulsión o una denegación con efectos inmediatos). La base está en la LJCA: se valora el “periculum in mora” (daño irreparable) y la apariencia de buen derecho, ponderando el interés público. Se presenta con el recurso o después, justificando urgencia y aportando pruebas (arraigo, empleo, familia, riesgos). En Ávila lo resolverá el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, y normalmente exige abogado y procurador. Recomendación: actúa con rapidez y con documentación sólida; un escrito cautelar mal planteado suele ser decisivo.

Los tiempos dependen de la vía. En recursos administrativos, lo habitual es que la Administración tenga 1 a 3 meses para resolver según el tipo de procedimiento, pero es frecuente el silencio administrativo (positivo o negativo según materia), lo que abre la puerta a acudir a la vía judicial. En el contencioso, un procedimiento abreviado puede durar aproximadamente entre 6 y 12 meses, y uno ordinario entre 12 y 24 meses, según carga del juzgado y complejidad. Las fases suelen ser: demanda, contestación, prueba (si procede), conclusiones y sentencia. Recomendación: pide al abogado un cronograma realista y valora si conviene negociar o reforzar prueba antes de demandar.

Conviene contratar antes de presentar la solicitud si tu caso tiene aristas: antecedentes penales, dudas sobre medios económicos, rupturas familiares, problemas de empadronamiento o estancias previas irregulares. En normativa vinculada a la UE, una solicitud mal armada puede acabar en denegación y obligarte a recurrir con plazos ajustados (a menudo 1 mes en vía administrativa y 2 meses en contencioso). Un abogado te ayuda a elegir la vía, preparar prueba y anticipar objeciones, reduciendo tiempos y costes. Para encontrar especialistas en Ávila y comparar experiencia, Keatia (keatia.es) es un buen punto de partida. Recomendación: una consulta preventiva suele ahorrar un recurso.

Sí, en ciertos casos se puede reclamar responsabilidad patrimonial cuando una actuación administrativa te causa un daño antijurídico, y si hay infracción del Derecho de la Unión o de la normativa interna. El marco general está en la Ley 40/2015 (responsabilidad patrimonial), y la reclamación exige acreditar daño efectivo y evaluable, relación de causalidad y ausencia de deber jurídico de soportarlo. El plazo general para reclamar es de 1 año desde que se manifiesta el daño o se estabilizan las secuelas. Es un procedimiento técnico: requiere cuantificación, pruebas y, a veces, pericial. Recomendación: pide una valoración previa y compara profesionales en Ávila en Keatia (keatia.es) para elegir un perfil con experiencia.

Según el caso, puedes empezar ante la Subdelegación del Gobierno/Oficinas de Extranjería o ante el órgano administrativo que dictó el acto. Si hay litigio, normalmente conocerán los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo competentes por territorio. En vía judicial, por regla general necesitarás abogado y procurador, y conviene coordinar ambos desde el inicio para no perder plazos de personación y notificación. Para elegir abogado, revisa especialización real (contencioso, extranjería, Derecho UE), experiencia en recursos y transparencia de honorarios. Puedes consultar opciones locales y comparar perfiles en Keatia (keatia.es). Recomendación: pide presupuesto cerrado por fases y confirma quién asumirá la dirección letrada.