Si estás en un procedimiento legal y crees que otra persona está faltando a la verdad, lo importante suele ser convertir esa sospecha en pruebas objetivas y coherentes, porque “decir que miente” por sí solo normalmente no basta.

En España, los jueces valoran la prueba según las reglas de la “sana crítica”, es decir, atendiendo a la lógica y a la consistencia del conjunto de pruebas (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, en el ámbito penal). En muchos casos, se demuestra la falta de veracidad señalando contradicciones, aportando documentos o logrando que un tercero imparcial confirme los hechos.

Qué suele ayudar a acreditar que alguien no dice la verdad:

• Documentos y registros: contratos, correos electrónicos, mensajes, fotografías, informes, facturas, extractos bancarios, historiales de localización o accesos (cuando sean obtenidos lícitamente).
• Testigos: personas que hayan presenciado los hechos o puedan acreditar circunstancias relevantes.
• Periciales: informes de peritos (por ejemplo, informática forense para autenticar mensajes, o pericial caligráfica para firmas).
• Interrogatorio y contradicciones: en juicio, las preguntas bien enfocadas pueden poner de manifiesto cambios de versión o afirmaciones incompatibles con documentos.
• Diligencias de comprobación: por ejemplo, solicitar oficios a empresas o administraciones para que aporten datos (si el juzgado lo admite por ser pertinente).

Pasos prácticos que podrías seguir:

1. Ordenar cronológicamente los hechos y anotar qué afirmaciones concretas consideras falsas.
2. Reunir pruebas lícitas que contradigan esas afirmaciones (evitando grabaciones o accesos a datos privados que vulneren derechos).
3. Identificar testigos y, si procede, pedir una prueba pericial.
4. Pedir a tu abogado/a que valore qué pruebas son pertinentes y cómo proponerlas en el procedimiento.

En Illes Balears puede existir derecho civil propio en algunas materias, pero para cuestiones de prueba y procedimiento suelen aplicarse las normas procesales estatales. Si además se trata de una declaración falsa ante el juzgado, en ciertos supuestos podría tener relevancia penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), por lo que conviene asesorarte cuanto antes con un profesional.