Por lo que indicas, estás sufriendo actuaciones de un competidor que podrían estar afectando a tu negocio en Barcelona. En España existen mecanismos civiles (y en algunos casos administrativos o penales) para reaccionar frente a prácticas de competencia desleal.

El marco principal es la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Esta norma prohíbe conductas que, por ejemplo, generen confusión con tu empresa (uso de signos, imagen o mensajes que hagan creer que es tu negocio), desacrediten tu reputación (rumores o comparaciones engañosas), impliquen actos de imitación que creen asociación, o supongan engaño (publicidad o información falsa sobre precios, calidad, origen, etc.). También puede ser relevante la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, si hay publicidad ilícita, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, si se están usando marcas, nombres comerciales o signos distintivos similares.

Pasos que podrías seguir, de forma general:

1. Identificar y clasificar la conducta: recopila qué hace exactamente el competidor (mensajes, anuncios, web, redes, emails, presupuestos, testimonios de clientes).

2. Reunir y asegurar pruebas: capturas con fecha, actas notariales de contenido web si es relevante, facturas, informes, y cualquier evidencia del perjuicio (pérdida de clientes, quejas, confusión). En muchos casos, la prueba es la clave.

3. Requerimiento previo: suele ser útil enviar un burofax o requerimiento para que cese la conducta, rectifique y, si procede, indemnice. A veces facilita un acuerdo y deja constancia.

4. Acciones judiciales: bajo la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, podrías solicitar el cese o prohibición, la remoción de efectos (por ejemplo, retirar publicidad), la rectificación, y, si se acredita daño, una indemnización. También pueden solicitarse medidas cautelares para parar de forma urgente ciertas conductas mientras se tramita el asunto.

En Cataluña no suele haber particularidades de “derecho civil propio” determinantes en competencia desleal, porque es una materia principalmente estatal y mercantil. Aun así, por la importancia de concretar hechos y pruebas, normalmente conviene que un abogado especializado valore la estrategia más adecuada (y la urgencia de medidas cautelares).