Abogados especializados en derecho Urbanismo en Sevilla

Los honorarios en urbanismo varían según si es una consulta, un recurso administrativo o un procedimiento contencioso. En Sevilla, una primera consulta suele moverse entre 60 y 150 € (a veces se descuenta si contratas). La redacción de alegaciones o recursos en vía administrativa puede rondar 400 a 1.200 €, y un contencioso-administrativo completo suele situarse entre 1.500 y 6.000 € más IVA, según prueba pericial y complejidad. En materia urbanística es habitual necesitar arquitecto/perito, lo que añade coste. Recomendación: pide presupuesto por escrito con fases y posibles extras, y compara perfiles; en keatia.es puedes localizar y comparar abogados de urbanismo en Sevilla.

Depende del tipo de acto. Si recibes una sanción o una orden urbanística (por obra sin licencia, restauración de la legalidad, etc.), lo habitual es que puedas presentar recurso de reposición en 1 mes desde la notificación si el acto es expreso (Ley 39/2015). Si optas por ir directamente a la vía judicial, el recurso contencioso-administrativo suele ser de 2 meses desde la notificación del acto expreso (Ley 29/1998). Si el acto es presunto por silencio, los plazos cambian. Recomendación: revisa la fecha de notificación y el tipo de acto con un abogado cuanto antes para no perder plazos.

No siempre es obligatorio en la vía administrativa, pero en urbanismo es muy recomendable. En expedientes de disciplina (obras sin licencia, uso indebido, órdenes de demolición o de legalización) lo clave es aportar argumentos jurídicos y técnicos: compatibilidad con el PGOU, posibles licencias, prescripción/caducidad del procedimiento y propuestas de legalización. La Ley 39/2015 permite actuar sin abogado, pero un error en alegaciones o en la documentación puede dejarte sin opciones y empujarte a un contencioso más caro. Recomendación: si hay riesgo de sanción elevada o restitución, consulta a un especialista desde el inicio; en keatia.es puedes encontrar abogados urbanistas en Sevilla con experiencia en expedientes municipales.

Cuanta más información, mejor para valorar viabilidad y plazos. Lleva: notificaciones del Ayuntamiento/gerencia (incoación, propuesta de resolución, requerimientos), expediente completo si lo tienes, licencia de obras o comunicaciones previas, proyecto visado y certificados, referencia catastral, escritura o nota simple del Registro, planos y fotos, recibos de IBI, y si existe, informe técnico de arquitecto. Si el asunto es de planeamiento, añade el plano de calificación urbanística y cualquier consulta urbanística previa. En Sevilla también es útil identificar el distrito y la parcela exacta para contrastar normativa. Recomendación: pide al abogado que solicite copia del expediente y marque un calendario de actuaciones.

Los tiempos varían según el juzgado, la carga de trabajo y si hay prueba pericial. Como orientación, un contencioso urbanístico puede tardar entre 10 y 24 meses en obtener sentencia en primera instancia, especialmente si se tramita ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla y requiere informes técnicos. Si hay apelación, el proceso puede alargarse varios meses más ante el TSJ de Andalucía (sede Sevilla). Además, pueden solicitarse medidas cautelares (por ejemplo, para suspender una demolición), que se resuelven antes pero no siempre se conceden. Recomendación: valora con un abogado la estrategia (cautelares, pericial, negociación) para minimizar riesgos y tiempos.

A veces, pero no es automático. En vía administrativa puedes solicitar suspensión del acto si acreditas perjuicios de difícil reparación, aunque la Administración no siempre la concede. En vía judicial, la Ley 29/1998 permite pedir medidas cautelares para suspender la ejecución mientras se resuelve el recurso contencioso, especialmente si la demolición causaría un daño irreparable. Será clave justificar apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y ponderación de intereses, y suele ayudar un informe técnico. Los plazos son críticos: si la ejecución es inminente, hay que actuar de inmediato. Recomendación: contacta cuanto antes con un abogado urbanista y prepara documentación técnica; en keatia.es puedes localizar profesionales en Sevilla para gestionar cautelares con urgencia.

Depende de la compatibilidad de la obra con el planeamiento (PGOU y normativa aplicable) y del tipo de actuación. El Ayuntamiento puede iniciar disciplina urbanística: sanción y, además, orden de legalización o de restitución (incluso demolición si no es legalizable). A veces es posible solicitar licencia de legalización aportando proyecto técnico y pagando tasas, pero si la obra invade retranqueos, excede edificabilidad o está en suelo no edificable, la legalización puede ser inviable. También hay que vigilar plazos del procedimiento y posibles causas de caducidad, según el caso. Recomendación: antes de presentar nada, revisa con abogado y técnico la calificación del suelo y la estrategia para minimizar sanciones y riesgos.

Conviene contratarlo en cuanto recibes el primer aviso (requerimiento, inicio de expediente, acta de inspección) o antes de iniciar obras cuando hay dudas de licencia. En urbanismo, los plazos para alegar o recurrir son cortos (típicamente 10–15 días en trámites de audiencia según el caso, y 1 mes para reposición), y un planteamiento inicial incorrecto puede cerrarte la puerta a legalizar o a pedir cautelares. Un abogado también puede coordinarse con arquitecto para preparar una solución técnica viable. Recomendación: no esperes a la resolución sancionadora; anticiparse suele ahorrar dinero y problemas. Para comparar especialistas en Sevilla, keatia.es es un buen punto de partida.

Si eres interesado (por ejemplo, colindante afectado), puedes impugnar la licencia primero en vía administrativa y luego, si procede, en contencioso. Habitualmente el recurso de reposición es de 1 mes desde la notificación o desde que tengas conocimiento formal, y el contencioso es de 2 meses (Ley 39/2015 y Ley 29/1998). Es clave revisar el expediente: cumplimiento del PGOU, alturas, retranqueos, protección patrimonial, impacto de ruidos o sombras y trámites de información pública si aplican. También puede plantearse solicitud de suspensión cautelar si las obras avanzan. Recomendación: actúa rápido, recopila pruebas (fotos, informes) y consulta a un abogado urbanista para valorar legitimación y estrategia.