Abogados especializados en derecho Urbanismo en Aigües

Los honorarios en Urbanismo dependen de si es asesoramiento puntual, recurso administrativo o juicio. En Alacant/Alicante, una consulta suele estar entre 60 y 150 €, y un recurso de reposición o alegaciones puede moverse entre 300 y 900 €. Un contencioso-administrativo por licencia, disciplina urbanística o planeamiento suele oscilar, orientativamente, entre 1.500 y 6.000 € (más procurador y, si procede, peritos). Pide siempre presupuesto por escrito, fases incluidas. Como recomendación práctica, compara varios profesionales y experiencia local (Ayuntamiento, Generalitat y Juzgados de lo Contencioso de Alicante). En keatia.es puedes encontrar y comparar abogados urbanistas en Alacant/Alicante.

Si el Ayuntamiento te deniega una licencia (obra mayor o menor), los plazos dependen del tipo de recurso. Con carácter general, puedes interponer recurso de reposición en 1 mes desde la notificación (Ley 39/2015). Si decides ir directamente a la vía judicial, el recurso contencioso-administrativo suele ser de 2 meses desde la notificación (Ley 29/1998). Ojo: si presentas reposición, se interrumpe el plazo judicial, pero hay reglas sobre silencio y cómputo que conviene revisar. Reúne expediente, proyecto y notificaciones. Recomendación: consulta cuanto antes a un abogado urbanista para evitar caducidades, especialmente si hay medidas de paralización.

Para presentar alegaciones en información pública (por ejemplo, a un PAI, un plan parcial o modificaciones del planeamiento), no es obligatorio abogado, pero es muy recomendable. El urbanismo se apoya en normativa autonómica (en la Comunitat Valenciana, la LOTUP) y en informes técnicos; una alegación mal enfocada puede no atacar el punto clave (clasificación del suelo, afecciones, dotaciones, evaluación ambiental, etc.). Un abogado puede revisar el anuncio, el expediente y coordinarse con un arquitecto para aportar planos e informes. El plazo de alegaciones suele venir fijado en el anuncio (habitualmente 20–45 días hábiles, según el procedimiento). Recomendación: si te afecta el uso de tu parcela, actúa rápido y documenta la afección.

En un expediente de disciplina urbanística por obra sin licencia, lo habitual es recibir una orden de paralización y un trámite de audiencia para alegar y aportar documentación. Aunque los plazos concretos los marca la notificación, suele darse un margen corto (frecuentemente 10–15 días) para alegaciones. La Administración puede exigir legalización (si es compatible con el planeamiento) o iniciar sanción y/o reposición de la legalidad (demolición). En la Comunitat Valenciana rige la normativa urbanística autonómica (LOTUP y desarrollo) y el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015). Recomendación: pide copia íntegra del expediente, valora viabilidad de legalización con técnico y abogado, y responde dentro de plazo para evitar resoluciones firmes.

Un procedimiento contencioso-administrativo urbanístico (por ejemplo, contra una denegación de licencia, una orden de demolición o una sanción) se tramita ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, y el tiempo varía por carga de trabajo y complejidad. Como orientación, desde la interposición hasta sentencia puede ir de 10 a 24 meses; si hay apelación, puede alargarse varios meses más. Si necesitas suspender una orden (paralización o demolición), puede pedirse medida cautelar, que se resuelve antes, a veces en semanas o pocos meses. Recomendación: prepara bien el expediente administrativo, valora prueba pericial (arquitecto) y calcula costes de procurador y posibles costas.

Para una primera revisión eficaz, lleva: escritura o nota simple registral, referencia catastral y recibo IBI, planos y coordenadas/ubicación, certificado urbanístico o cédula urbanística si la tienes, y cualquier comunicación con el Ayuntamiento (requerimientos, denegaciones, órdenes de ejecución, actas). Si es una obra, añade proyecto visado, memoria, presupuesto, licencia/solicitud y justificantes de tasas. Si hay sanción, la propuesta de resolución y el expediente completo (puede pedirse por registro). Con esto, el abogado puede comprobar clasificación del suelo, compatibilidad del uso, afecciones (costas, carreteras, inundabilidad) y estrategia (alegaciones, legalización o recurso). Recomendación: cuanto más completa la documentación, más preciso el presupuesto y el plan de acción.

Conviene contar con abogado antes, especialmente en Alicante y su área metropolitana, donde hay viviendas en suelo no urbanizable, urbanizaciones con expedientes antiguos o situaciones de legalidad compleja. Antes de comprar, un abogado puede revisar nota simple, cargas, situación urbanística, licencias, posibles infracciones y si la vivienda es legalizable; también coordinarse con un técnico para revisar el estado real. Si el problema ya existe (denegación de licencia, orden de demolición, sanción), el tiempo es crítico por los plazos de recurso (1 mes reposición, 2 meses contencioso, según Ley 39/2015 y Ley 29/1998). Recomendación: pide una revisión preventiva y, si ya hay notificación, actúa en días, no en semanas.

La legalización es posible si la obra es compatible con el planeamiento y normativa aplicable (alineaciones, ocupación, alturas, retranqueos, uso permitido, etc.). El proceso suele implicar: encargo a arquitecto para proyecto de legalización, solicitud al Ayuntamiento, pago de tasas e ICIO si procede, y defensa ante disciplina urbanística si hay expediente. Costes orientativos: técnico 800–3.000 € (según entidad) y abogado 500–2.000 € si hay alegaciones o negociación; si hay contencioso, el rango sube. También pueden exigirse medidas correctoras. Recomendación: no presentes escritos improvisados; coordina abogado y técnico. En keatia.es puedes localizar abogados urbanistas en Alacant/Alicante con experiencia en legalizaciones y expedientes sancionadores.

Si el Ayuntamiento no contesta en plazo, puede operar el silencio administrativo conforme a la Ley 39/2015, pero en urbanismo el silencio positivo tiene límites: no puede obtenerse por silencio una licencia contra el planeamiento o la normativa (principio de legalidad). Lo primero es comprobar el plazo específico del procedimiento (según ordenanzas y normativa sectorial) y solicitar certificado de acto presunto si procede. Si el silencio es desestimatorio o hay inactividad, puede plantearse recurso administrativo y, en su caso, contencioso por inactividad. Recomendación: un abogado urbanista revisará si conviene requerir resolución expresa, aportar documentación adicional o demandar. En keatia.es puedes encontrar profesionales en Alacant/Alicante para gestionar silencios y acelerar la tramitación.