Mostrando 8 de 32 profesionales
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Un abogado fiscalista es el especialista en la normativa tributaria que regula los impuestos en España. Asesora a particulares, autónomos y empresas en la planificación fiscal, la presentación de declaraciones (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades), las inspecciones de Hacienda y los recursos contra liquidaciones tributarias. Los servicios más demandados incluyen la defensa ante actas de inspección de la AEAT, la solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de pago, las reclamaciones ante el TEAR y los recursos ante el Tribunal Supremo. También asesora en fiscalidad internacional, precios de transferencia, reestructuraciones empresariales y tributación de operaciones inmobiliarias. En Keatia puedes encontrar abogados fiscalistas verificados con opiniones reales y reservar cita gratuita.
En València/Valencia hay 32 profesionales disponibles en Tributario-Fiscal registrados en Keatia.
Los honorarios varían según la fase (consulta, recurso, inspección) y la cuantía. En València/Valencia, una consulta suele costar 60–120 €, la preparación de alegaciones o un recurso de reposición 300–900 €, una reclamación económico-administrativa ante el TEAR de la Comunitat Valenciana 800–2.500 €, y la dirección de un contencioso-administrativo puede situarse entre 1.500 y 6.000 € (más procurador y tasas si procede). Muchos despachos pactan precio cerrado o por fases. Antes de contratar, pide presupuesto por escrito, desglose de actuaciones y posibles costes adicionales. En keatia.es puedes comparar perfiles y localizar abogados fiscalistas en València/Valencia según experiencia y reseñas.
Con carácter general, el plazo para recurrir una liquidación o sanción tributaria es de 1 mes desde el día siguiente a la notificación (Ley 58/2003, General Tributaria). Puedes optar por recurso de reposición (ante el mismo órgano) o por reclamación económico-administrativa (normalmente ante el TEAR), y en algunos casos no conviene interponer ambos. Si la resolución económico-administrativa es desfavorable, suele caber recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de València, en el plazo de 2 meses. Reúne la notificación completa y los justificantes. Un abogado puede valorar estrategia y solicitar suspensión para evitar embargos.
No es obligatorio llevar abogado en una inspección o comprobación limitada, pero es muy recomendable porque cada escrito y cada comparecencia condicionan el resultado y las posibles sanciones. La Ley General Tributaria regula actuaciones de comprobación y el derecho a formular alegaciones y aportar pruebas. En la práctica, conviene revisar plazos de atención a requerimientos, la documentación exigida y la motivación de la Administración, además de preparar una respuesta coherente (contabilidad, facturas, contratos, extractos). Un fiscalista puede negociar el alcance, detectar defectos de procedimiento y preparar la defensa ante sanciones. En keatia.es puedes encontrar especialistas en València/Valencia con experiencia en inspecciones.
El aplazamiento o fraccionamiento es una vía habitual para evitar apremios cuando no puedes pagar en plazo. Se solicita ante la AEAT (o ante la administración competente, por ejemplo, tributos gestionados por la Generalitat Valenciana) y suele requerir: identificación, detalle de la deuda, propuesta de calendario, y justificación de la falta de liquidez (balances, cuentas, ingresos/gastos, extractos). Para deudas superiores a ciertos umbrales o en supuestos específicos pueden exigir garantías (aval, hipoteca). Si ya estás en vía ejecutiva, conviene actuar rápido para frenar recargos y embargos. Un abogado tributario puede preparar la solicitud y plantear alternativas. Como apoyo, en keatia.es puedes comparar profesionales en València/Valencia.
Un embargo suele llegar en vía de apremio tras una providencia de apremio notificada; desde ahí se aplican recargos y se pueden trabar cuentas, nóminas o devoluciones. Hay opciones: pagar, solicitar aplazamiento/fraccionamiento, pedir suspensión si has recurrido con garantías, o impugnar si hay defectos (falta de notificación, prescripción, errores de identificación o cuantía). También existen límites de embargabilidad en salarios (art. 607 LEC, aplicado supletoriamente). Es importante revisar el expediente completo y los plazos: muchas actuaciones tienen margen de 1 mes para recurso. Un abogado fiscal en València/Valencia puede gestionar la estrategia y contactar con la administración para minimizar daños.
Las sanciones tributarias se rigen por la Ley General Tributaria y exigen culpabilidad (no basta el mero error). Ante una propuesta de sanción, lo esencial es revisar la motivación, la base de la sanción y si hubo interpretación razonable, diligencia debida o defectos formales. En muchos casos existen reducciones: por conformidad y/o por pronto pago, siempre que no recurras en determinados términos y cumplas condiciones; pueden ser relevantes y hay que calcular si compensa frente a impugnar. También conviene analizar si la sanción es proporcional y si la Administración ha acreditado la conducta sancionable. Un abogado especializado puede preparar alegaciones y, si procede, recurso ante el TEAR y posteriormente contencioso.
La reclamación económico-administrativa (vía TEAR) puede tardar meses e incluso más de un año según carga de trabajo y complejidad. Durante ese tiempo, la deuda puede seguir siendo exigible salvo que obtengas suspensión: puede ser automática en algunos supuestos con garantías, o condicionada a aportar aval/depósito, o a justificar perjuicios de difícil reparación. Si no suspendes, pueden iniciar apremio y embargos aunque el recurso siga vivo. Por eso es clave solicitar la suspensión de forma correcta y en plazo, y controlar notificaciones electrónicas. Un abogado tributario en València/Valencia puede calcular riesgos, preparar la prueba y decidir si conviene reposición o TEAR. En keatia.es puedes localizar profesionales con experiencia en esta vía.
El contencioso-administrativo suele ser el paso posterior a agotar la vía económico-administrativa (salvo excepciones), para que un juez revise la actuación de Hacienda. En València/Valencia, normalmente conocerán los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de València. El plazo habitual para interponer recurso es de 2 meses desde la notificación de la resolución económico-administrativa. Costes orientativos: abogado 1.500–6.000 € según cuantía y prueba, procurador 300–800 €, y posible pericial si es necesaria. También debes valorar riesgo de costas si pierdes. Un abogado fiscalista te dirá si hay base sólida (prueba, vicios de procedimiento, interpretación jurídica) y si compensa frente a negociar o pagar con reducción.
Para que la primera reunión sea útil, lleva: notificaciones completas (AEAT/Generalitat/ayuntamiento), acuerdos de liquidación o sanción, providencia de apremio si existe, escritos previos presentados, justificantes de presentación (CSV/registro), y el expediente si lo has descargado. Aporta también IRPF/IVA/IS del periodo afectado, libros registro, facturas, contratos, extractos bancarios y contabilidad (si eres empresa o autónomo). Si hay inmuebles, escrituras y recibos de IBI/plusvalía. En València/Valencia es habitual gestionar notificaciones electrónicas, así que incluye acceso o apoderamientos si procede. Un buen abogado revisará plazos y propondrá plan de actuación por fases. En keatia.es puedes filtrar especialistas para tu caso.
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