Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Alcalá de Guadaíra

Los honorarios en Sevilla varían según la fase y la cuantía. Una consulta o análisis inicial suele costar entre 60 y 120 €, aunque algunos despachos lo descuentan si contratas el asunto. Para contestar requerimientos, alegaciones o aportar documentación en una inspección, lo habitual es 300–900 €. Un recurso de reposición o reclamación económico-administrativa puede moverse entre 800 y 2.500 €, y si se llega al contencioso-administrativo (TSJA, sede Sevilla), desde 2.000–6.000 € o más según complejidad. Pide presupuesto por escrito (fijo/por fases). En keatia.es puedes comparar abogados tributario-fiscales en Sevilla y solicitar varias propuestas antes de decidir.

Los plazos no cambian por provincia, pero es clave respetarlos. Si recibes una liquidación o sanción de la AEAT, normalmente tienes 1 mes para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa (Ley 58/2003, General Tributaria). Si optas por reposición y te la desestiman (expresa o por silencio), podrás acudir después a la vía económico-administrativa. Para ir al contencioso-administrativo, el plazo general es de 2 meses desde la notificación de la resolución administrativa (Ley 29/1998). Reúne notificaciones y “acuse” de recepción; un error de fechas puede cerrar la vía. Un abogado puede revisar el cómputo y la estrategia.

En la vía económico-administrativa (ante el TEAR/TEAC) no siempre es obligatoria la asistencia letrada, pero sí muy recomendable: se discuten hechos, pruebas y fundamentos jurídicos (LGT) y un planteamiento defectuoso puede perjudicarte en fases posteriores. En la vía contencioso-administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o el TSJA, la regla general es que necesitas abogado y procurador (Ley 29/1998), salvo excepciones por cuantía/procedimientos concretos. Además, puede haber condena en costas si pierdes. Lo más prudente es consultar antes de presentar escritos para no “quemar” argumentos. En keatia.es puedes localizar especialistas en Sevilla con experiencia en recursos tributarios.

Para trabajar con rapidez, lleva: la notificación completa (con fecha y código CSV), el historial del expediente si lo tienes, declaraciones afectadas (IRPF, IVA, IS), libros registro y facturas, extractos bancarios, contratos, justificantes de gastos e ingresos y, si eres autónomo/empresa, contabilidad y modelos 347/349. En inspecciones es clave ordenar por períodos y conceptos; muchas discusiones se ganan por prueba documental. También conviene aportar comunicaciones previas con la AEAT y cualquier acta o diligencia firmada. El abogado revisará plazos para contestar (a menudo 10–15 días en requerimientos, según el caso) y preparará alegaciones y pruebas. Si tienes dudas, pide una lista personalizada antes de la cita.

Sí, una sanción puede discutirse y, en ciertos casos, reducirse. La Ley General Tributaria exige motivación y culpabilidad; si faltan, hay margen de anulación. Además, existen reducciones por conformidad y por pronto pago (habitualmente del 30% y 40% respectivamente, con condiciones), pero aceptar reducciones puede implicar renunciar a recurrir o limitar la estrategia, por lo que hay que valorar el expediente. En Sevilla, muchos casos se centran en deducciones, IVA, módulos o gastos no admitidos; la defensa suele pasar por probar la realidad de la operación y combatir la tipificación de la infracción. Un abogado tributario analizará si conviene recurrir o negociar. En keatia.es puedes comparar especialistas en sanciones fiscales en Sevilla.

Los tiempos dependen del órgano y la carga de trabajo, pero como orientación: un recurso de reposición puede resolverse en meses; si no contestan, puede operar el silencio administrativo según el procedimiento. La reclamación económico-administrativa suele tardar entre 6 y 18 meses (a veces más), porque requiere trámite de alegaciones y valoración de pruebas. Si se pasa al contencioso-administrativo en Sevilla (Juzgados o TSJA), el procedimiento puede durar 1–2 años o más según complejidad y señalamientos. Fases típicas: notificación → alegaciones/recurso → vía económico-administrativa → demanda contenciosa → prueba y vista (si procede) → sentencia. Lo recomendable es planificar la defensa por fases y presupuesto, y pedir actualizaciones periódicas del estado del expediente.

Sí, puedes solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias, pero no todas son aplazables (por ejemplo, ciertas retenciones o deudas en período ejecutivo tienen limitaciones). La solicitud suele exigir propuesta de pagos, justificación de falta de liquidez y, según la cuantía, garantías (aval, seguro de caución, hipoteca, etc.). Un abogado tributario-fiscal puede preparar la solicitud, elegir el calendario realista y responder a requerimientos para evitar denegaciones o embargos. También revisa si conviene pedir suspensión al recurrir una liquidación (con o sin garantías), conforme a la LGT. En Sevilla, es útil coordinarse con tu gestoría y banco para garantías. Recomendación: solicita asesoramiento antes de que la deuda entre en apremio.

Durante una inspección tienes derechos reconocidos en la LGT: ser informado del alcance y períodos, acceder al expediente, presentar pruebas y alegaciones, obtener copias, y ser tratado con respeto y confidencialidad. También puedes actuar con representante; contar con abogado ayuda a controlar qué se entrega, cómo se contesta y a dejar constancia en diligencias de cualquier desacuerdo. En la práctica, muchas inspecciones se complican por errores de comunicación, entrega de documentación incompleta o firmas sin reservas. Un abogado revisa actas (A01/A02), propone pruebas, negocia regularizaciones cuando conviene y prepara el recurso desde el inicio. Si la inspección afecta a una empresa en Sevilla, coordina la estrategia con tu asesor contable. En keatia.es puedes encontrar abogados especializados en inspecciones en Sevilla y comparar perfiles.

Una gestoría es muy útil para cumplir obligaciones periódicas (modelos, contabilidad, altas), pero conviene abogado cuando hay conflicto, riesgo sancionador o necesidad de litigar: inspecciones, actas, sanciones, derivaciones de responsabilidad, embargos, delitos fiscales o recursos ante TEAR/TEAC y contencioso (Ley 29/1998). También si hay operaciones complejas (restructuraciones, inspecciones de IVA intracomunitario, comprobaciones de valores, plusvalías) donde el enfoque es jurídico y probatorio. En Sevilla, si el asunto puede acabar en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o ante el TSJA, anticiparse con abogado suele ahorrar tiempo y costes. Recomendación: pide una consulta preventiva al recibir la primera notificación para definir estrategia y plazos.