Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Salamanca

Los honorarios en Salamanca varían según la cuantía, la fase (asesoramiento, recurso, contencioso) y la urgencia. Como orientación, una consulta suele costar 60–120 €; preparar un escrito de alegaciones o un recurso de reposición, 250–700 €; una reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Castilla y León, 600–1.800 €; y un procedimiento contencioso-administrativo, frecuentemente 1.500–4.000 € o más si hay prueba pericial. A veces se pacta tarifa fija o porcentaje sobre el ahorro. Pide presupuesto por escrito y define qué incluye (reuniones, asistencia, recursos). En keatia.es puedes comparar abogados fiscalistas en Salamanca y solicitar contacto.

Los plazos son estrictos. En general, tienes 1 mes para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa desde la notificación del acto (art. 223 LGT). Si optas por reposición y te lo desestiman, podrás acudir después a la vía económico-administrativa. Si ya estás en vía contencioso-administrativa, el plazo habitual para demandar es de 2 meses desde la notificación de la resolución administrativa (Ley 29/1998, LJCA). En Salamanca, muchos asuntos acaban en el TEAR de Castilla y León y, si procede, en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Reúne notificaciones y fechas y consulta cuanto antes para no perder el plazo.

No siempre es obligatorio, pero sí muy recomendable. En actuaciones de comprobación e inspección (LGT y Reglamento de Inspección), la Agencia Tributaria o la administración local puede requerir documentación, abrir trámite de audiencia y proponer liquidación y sanción. Un abogado tributario-fiscal puede preparar la estrategia, controlar plazos, revisar la motivación de la propuesta, alegar sobre pruebas y evitar errores que luego sean difíciles de corregir. También puede ayudarte a solicitar aplazamientos, aportar documentación con criterio y negociar el alcance de la regularización. En casos con sanciones, derivaciones de responsabilidad o cuantías elevadas, contar con defensa desde el inicio suele reducir riesgos y costes.

Depende del asunto, pero cuanto más completa sea la información, más útil será la primera reunión. Lleva: la notificación recibida (liquidación, requerimiento, propuesta de sanción), justificante de fecha de notificación, expediente si lo tienes, declaraciones presentadas (IRPF, IVA, Sociedades), libros registro y facturas, contratos relevantes, extractos bancarios, certificados (por ejemplo, de retenciones), y comunicaciones previas con Hacienda o el Ayuntamiento. Si es un impuesto municipal (IBI, plusvalía/IIVTNU, IVTM), aporta recibos y datos del inmueble o vehículo. En keatia.es puedes localizar abogados tributario-fiscales en Salamanca y comprobar qué documentación recomiendan antes de la cita.

La sanción puede recurrirse por falta de culpabilidad, defectos de motivación, prescripción o errores de cálculo, entre otros. Normalmente dispones de 1 mes para reposición o reclamación económico-administrativa (LGT), y conviene solicitar la suspensión para evitar embargos mientras se resuelve, aportando garantías si procede. Si la sanción deriva de una liquidación discutida, suele interesar impugnar ambas coordinadamente. La Administración debe justificar la culpabilidad; si se trata de interpretaciones razonables o criterios discutibles, hay opciones reales de estimación. En Salamanca, muchos recursos se canalizan ante el TEAR de Castilla y León antes de ir al contencioso. Un abogado puede valorar la viabilidad y el mejor itinerario.

Sí. La Ley General Tributaria permite solicitar aplazamientos/fraccionamientos, con reglas específicas según el tipo de deuda y si estás en periodo voluntario o ejecutivo. En deudas pequeñas, a veces no exigen garantías; en importes mayores pueden requerirse avales u otras garantías, y se aplican intereses de demora. El trámite suele hacerse por sede electrónica, pero la clave es presentar un plan realista de pagos y documentación económica (ingresos, gastos, tesorería) para justificar la falta de liquidez. Si ya hay apremio, es importante actuar rápido para evitar recargos y embargos. Un abogado fiscalista en Salamanca puede preparar la solicitud y negociar la mejor estructura. En keatia.es puedes encontrar profesionales para este tipo de gestiones.

El embargo suele llegar en vía de apremio tras una providencia de apremio, con recargos (normalmente 5%, 10% o 20% según el momento de pago) y posibles costas. Para frenarlo, hay varias vías: pagar, solicitar aplazamiento/fraccionamiento, o pedir suspensión si estás impugnando el acto y cumples requisitos (a veces con garantía). También puede revisarse si hubo defectos de notificación, prescripción o si el embargo es desproporcionado. En Salamanca, si la deuda es municipal, el procedimiento lo gestiona el Ayuntamiento o su organismo recaudador; si es estatal, la AEAT. Actúa inmediatamente con un abogado para revisar el expediente y presentar el trámite adecuado antes de que se extienda el embargo.

Se suele acudir al contencioso cuando ya se ha agotado la vía administrativa (por ejemplo, tras resolución del TEAR) o cuando el acto es directamente impugnable. El plazo general para interponer recurso contencioso-administrativo es de 2 meses desde la notificación de la resolución (LJCA). En Salamanca, estos asuntos se tramitan en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y pueden durar, orientativamente, entre 8 y 18 meses, según carga y complejidad. Habrá costes de abogado y, en ocasiones, procurador y peritos, además del riesgo de costas si se pierde. Antes de dar el salto, conviene un informe de viabilidad y estrategia probatoria.

Sí, la Administración puede iniciar procedimientos de derivación de responsabilidad (arts. 41 y ss. LGT) contra administradores o responsables cuando concurren causas como cierre de hecho, incumplimientos graves o participación en infracciones, entre otras. Recibirás un acuerdo de inicio con trámite de alegaciones, y es clave revisar la motivación, la prueba de la conducta y la correcta notificación, además de posibles prescripciones. La defensa suele centrarse en negar el presupuesto legal, discutir la cuantía derivada y solicitar acceso completo al expediente. Si prospera, puede implicar embargos personales. En Salamanca, estos expedientes se discuten primero en vía administrativa y, si es necesario, ante el contencioso. Busca asesoramiento inmediato para preparar alegaciones sólidas.