Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Pontevedra

Los honorarios en Tributario-Fiscal varían según la cuantía y la fase (comprobación, recurso, contencioso). En Pontevedra, una consulta suele costar 60–120 € (a veces se descuenta si contratas), la redacción de alegaciones o recurso de reposición puede rondar 300–900 €, y una reclamación económico-administrativa 800–2.500 €. Un contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (área Pontevedra/Vigo) suele situarse entre 1.500 y 5.000 € más procurador si procede. Pide presupuesto por escrito y confirma si incluye desplazamientos y tasas. En keatia.es puedes comparar abogados fiscalistas en Pontevedra y solicitar cita con varios para valorar experiencia y coste.

Si recibes una liquidación o sanción, los plazos son los mismos en Pontevedra que en el resto de España: normalmente tienes 1 mes para interponer recurso de reposición (ante el mismo órgano) o reclamación económico-administrativa (TEAR de Galicia), según la Ley 58/2003, General Tributaria. El cómputo suele empezar al día siguiente de la notificación. Si dejas pasar el mes, el acto deviene firme y es mucho más difícil discutirlo (salvo supuestos excepcionales). En la práctica, conviene revisar de inmediato la notificación, el expediente y la prueba (facturas, extractos, contratos). Recomendación: consulta cuanto antes con un abogado Tributario-Fiscal para elegir la vía correcta y evitar errores de plazo.

No es obligatorio abogado para interponer una reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Galicia, pero suele ser muy recomendable. El procedimiento se rige por la Ley General Tributaria y su reglamento: hay que identificar el acto impugnado, fundamentar jurídicamente, proponer prueba y vigilar plazos (habitualmente 1 mes desde la notificación). Un error típico es repetir argumentos sin atacar la motivación de la liquidación o no pedir acceso completo al expediente. Un abogado fiscalista puede enfocar la estrategia: suspensión, aportación de pericial, y, si procede, preparar el salto al contencioso. Si quieres comparar perfiles en Pontevedra, keatia.es es un buen recurso para encontrar especialistas en la zona.

Una inspección puede iniciarse con comunicación de inicio, requerimientos de documentación y, en su caso, actas. Tus derechos principales (Ley 58/2003 y normativa de procedimientos tributarios) incluyen ser informado del alcance, obtener copia de documentos, formular alegaciones, y aportar prueba. También puedes estar asistido por representante y solicitar que las actuaciones se documenten correctamente. En la práctica, es clave ordenar contabilidad, facturas, libros registro y justificar operaciones (especialmente IVA e IRPF/IS). Si el caso afecta a la Xunta/ATRIGA (tributos cedidos como Sucesiones/Donaciones), el enfoque puede variar, pero los derechos son similares. Recomendación: contrata pronto un abogado Tributario-Fiscal para controlar plazos, preparar respuesta a requerimientos y evitar sanciones por incumplimientos formales.

Para aprovechar la primera consulta, lleva la notificación recibida (liquidación, sanción, requerimiento o propuesta), el justificante de fecha de notificación, y el expediente si ya lo has solicitado. Aporta también declaraciones afectadas (IRPF, IVA, IS), libros registro/contabilidad, facturas emitidas y recibidas, extractos bancarios, contratos y cualquier comunicación con la AEAT o ATRIGA. Si el asunto es de Sucesiones/Donaciones o ITP-AJD en Galicia, incluye escrituras, valoraciones y liquidaciones previas. Con esto, el abogado podrá estimar viabilidad, plazos (habitualmente 1 mes para recurrir) y coste. Recomendación: prepara una cronología breve de hechos; en keatia.es puedes localizar abogados Tributario-Fiscal en Pontevedra y pedir una primera valoración.

Los tiempos dependen de la vía. Un recurso de reposición suele resolverse en meses, mientras que una reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Galicia puede tardar con frecuencia entre 6 y 18 meses (a veces más). Si pasas a contencioso-administrativo ante juzgado, el plazo puede irse a 1–2 años según carga. Sobre el pago: recurrir no suspende automáticamente. Puedes solicitar suspensión con garantía (aval, seguro de caución) y, en algunos casos, sin garantía si acreditas perjuicios de difícil reparación o si la deuda deriva de sanción y cumples requisitos. Recomendación: estudia la suspensión desde el primer día con un abogado fiscalista para evitar apremios y recargos.

La providencia de apremio inicia la vía ejecutiva y conlleva recargo (generalmente 5%, 10% o 20% según el momento de pago) y posibles embargos. Sueles tener 1 mes para recurrir la providencia, pero las causas de oposición están tasadas (por ejemplo, pago, prescripción, falta de notificación de la liquidación, error material). Además, puedes negociar aplazamiento/fraccionamiento si cumples requisitos y justificas tesorería, tanto con AEAT como con la administración autonómica/municipal. Si ya hay diligencia de embargo, hay que actuar rápido para revisar proporcionalidad y bienes embargables. Recomendación: contacta cuanto antes con un abogado Tributario-Fiscal; en keatia.es puedes encontrar profesionales en Pontevedra para una respuesta urgente.

Una gestoría es útil para confeccionar y presentar impuestos, pero cuando hay conflicto (inspección, sanción, derivación de responsabilidad, delito fiscal, o necesidad de recurrir), suele convenir un abogado Tributario-Fiscal. El abogado aporta estrategia procesal: recursos (reposiciones, TEAR), solicitud de expediente, prueba pericial, y preparación de contencioso. También es clave si hay riesgo penal (umbral general de 120.000 € por impuesto y año, art. 305 CP) o si te derivan deudas como administrador. En Pontevedra, además, puede coordinar actuaciones con procurador si se judicializa. Recomendación: si recibes una notificación con plazo de 1 mes o una propuesta de sanción, consulta de inmediato a un abogado y compara especialistas en keatia.es.

Sí. En Galicia, tributos como Sucesiones y Donaciones o ITP-AJD están gestionados por la administración autonómica (ATRIGA), y es frecuente que surjan comprobaciones de valores, discrepancias en bonificaciones/reducciones o sanciones por presentación fuera de plazo. Un abogado fiscalista puede revisar si procede la reducción por parentesco, vivienda habitual, empresa familiar, y si la valoración administrativa es impugnable (pericial contradictoria, recursos). Los plazos para recurrir suelen ser de 1 mes desde la notificación del acto. También puede coordinarse con notaría y Registro si hay escrituras en la provincia. Recomendación: reúne escrituras, liquidaciones y valoraciones y consulta con un especialista para evitar recargos y cerrar el impuesto con seguridad.