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Un abogado fiscalista es el especialista en la normativa tributaria que regula los impuestos en España. Asesora a particulares, autónomos y empresas en la planificación fiscal, la presentación de declaraciones (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades), las inspecciones de Hacienda y los recursos contra liquidaciones tributarias. Los servicios más demandados incluyen la defensa ante actas de inspección de la AEAT, la solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de pago, las reclamaciones ante el TEAR y los recursos ante el Tribunal Supremo. También asesora en fiscalidad internacional, precios de transferencia, reestructuraciones empresariales y tributación de operaciones inmobiliarias. En Keatia puedes encontrar abogados fiscalistas verificados con opiniones reales y reservar cita gratuita.
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Los honorarios en Tributario-Fiscal varían según el trámite (consulta, recurso, inspección, contencioso) y la cuantía. En La Rioja, una consulta suele estar entre 60 y 120 €; preparar un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa puede moverse entre 300 y 1.200 €; y un procedimiento contencioso-administrativo ante los juzgados de Logroño o el TSJ puede situarse, orientativamente, entre 1.500 y 6.000 € (más procurador si procede). La base normativa suele ser la Ley 58/2003, General Tributaria, y la LJCA. Pide presupuesto por fases y por escrito, y compara perfiles en keatia.es para encontrar especialistas en La Rioja.
Tras una liquidación o sanción (AEAT o administraciones autonómicas/locales), los plazos son estrictos. Con carácter general, puedes interponer recurso de reposición en el plazo de 1 mes desde la notificación, o bien acudir directamente a la reclamación económico-administrativa (también 1 mes) ante el TEAR competente. Si después necesitas ir a la vía judicial, el contencioso-administrativo suele ser de 2 meses desde la notificación de la resolución económico-administrativa, según la LJCA. La Ley 58/2003 regula notificaciones y cómputo. La recomendación práctica: revisa la fecha exacta de notificación (incluida la electrónica) y consulta a un abogado cuanto antes para no perder oportunidades de suspensión.
No es obligatorio contar con abogado para atender requerimientos en una comprobación limitada o en una inspección, pero sí es muy recomendable. En estos procedimientos se aportan pruebas, se contestan diligencias y se negocian actas; un error en la documentación o en la estrategia puede derivar en regularizaciones, sanciones e intereses de demora. La Ley General Tributaria (Ley 58/2003) regula derechos del contribuyente, plazos y actuaciones inspectoras. En la práctica, un abogado fiscalista ayuda a ordenar la contabilidad, preparar alegaciones, pedir ampliaciones cuando proceda y valorar la opción de acta con acuerdo. Si estás en La Rioja, busca un especialista con experiencia en procedimientos ante AEAT y órganos económico-administrativos; en keatia.es puedes comparar perfiles.
El aplazamiento o fraccionamiento es una vía frecuente para evitar embargos, pero no siempre se concede y suele exigir cumplir requisitos. En general, debes presentar la solicitud dentro del período voluntario de pago o, si ya estás en apremio, cuanto antes. Puede requerirse garantía (aval, hipoteca) según importe y riesgo, aunque en deudas menores o casos concretos puede admitirse dispensa. Se aplica la Ley 58/2003 y su desarrollo reglamentario (Reglamento General de Recaudación). Un abogado puede preparar la propuesta de pagos, justificar tesorería y revisar recargos e intereses. Recomendación: no dejes que pase a apremio sin asesoramiento y guarda toda la documentación económica; en La Rioja, valora apoyo profesional si hay empresa o varias deudas.
Para trabajar con eficacia, lo clave es reunir la notificación completa (liquidación, sanción, providencia de apremio o requerimiento), el expediente si lo tienes, y cualquier documento que sustente tus argumentos. En IRPF o IVA: declaraciones presentadas, libros registro, facturas emitidas y recibidas, extractos bancarios, contratos, justificantes de pagos, nóminas o certificados de retenciones. En empresa: cuentas anuales, mayor contable y balances. Si hay notificaciones electrónicas, aporta el acuse y la fecha de puesta a disposición. Un abogado fiscalista en La Rioja también te pedirá cronología de hechos y objetivos (anular, reducir, aplazar). Recomendación: organiza todo por fechas y pide una revisión inicial para definir estrategia y plazos.
La providencia de apremio indica que la deuda ha pasado a vía ejecutiva y añade recargos (típicamente 5%, 10% o 20% según el momento de pago), además de intereses. Desde ahí pueden llegar diligencias de embargo (cuentas, sueldos, devoluciones, bienes). Se puede “parar” o limitar el impacto si actúas rápido: pagando, solicitando aplazamiento/fraccionamiento o pidiendo suspensión cuando exista recurso admisible y se preste garantía en los casos requeridos. La Ley 58/2003 y el Reglamento General de Recaudación regulan el procedimiento. Un abogado puede revisar defectos de notificación, prescripción (4 años en muchos supuestos) o motivos formales. Si estás en La Rioja, busca asistencia inmediata; en keatia.es puedes localizar abogados fiscalistas cercanos.
La reclamación económico-administrativa es una vía previa y especializada para impugnar actos tributarios sin ir directamente a los juzgados. Se presenta normalmente en 1 mes desde la notificación y la resuelve el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) competente. No suele exigir abogado, pero una buena fundamentación (hechos, prueba y jurisprudencia) marca la diferencia. Los plazos de resolución pueden ser largos: en la práctica, desde varios meses hasta más de un año, según carga y complejidad; mientras, puedes solicitar suspensión para evitar cobros, a veces con garantía. La base legal está en la Ley 58/2003. Recomendación: prioriza la prueba documental y plantea la estrategia pensando en una posible vía contenciosa posterior. En La Rioja, un especialista te ayudará a enfocar el caso desde el inicio.
Cuando la vía administrativa (reposiciones o reclamaciones económico-administrativas) no prospera, la alternativa es el recurso contencioso-administrativo, regulado por la LJCA (Ley 29/1998). El plazo habitual es de 2 meses desde la notificación de la resolución administrativa firme. En La Rioja, muchos asuntos se tramitan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Logroño; otros pueden llegar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aquí suele ser necesaria dirección letrada y, según el tipo de procedimiento, procurador. Conviene valorar cuantía, costas, prueba pericial y probabilidades reales antes de demandar. Recomendación: pide un informe de viabilidad y presupuesto por fases; en keatia.es puedes comparar abogados fiscalistas con experiencia procesal en La Rioja.
Presentar o ingresar fuera de plazo puede generar recargos o sanciones, según si hay requerimiento previo. Si presentas voluntariamente sin requerimiento, suelen aplicarse recargos por declaración extemporánea; si existe requerimiento o se aprecia infracción, puede haber sanción con porcentajes que dependen de la gravedad y la existencia de ocultación. La Ley 58/2003 regula las infracciones y reducciones: con frecuencia es posible obtener reducciones por conformidad y por pronto pago si no recurres, lo que puede rebajar de forma notable el importe final. Un abogado fiscal puede analizar si la sanción está bien motivada, si procede anulación por falta de culpabilidad o defectos formales, y si compensa negociar o recurrir. Recomendación: no pagues o recurras sin calcular el impacto de las reducciones y las probabilidades de éxito.
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