Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Andratx

Los honorarios en Illes Balears varían según la cuantía y la fase (consulta, recursos, inspección o contencioso). Como referencia, una consulta suele costar 80–150 €, la redacción de alegaciones o un recurso de reposición 300–900 €, una reclamación ante el TEAR 600–1.800 € y un procedimiento contencioso-administrativo desde 1.500–4.000 € (más procurador si aplica). Algunos despachos pactan cuota fija o un mixto fijo+éxito. Pide siempre presupuesto por escrito, con desglose (actuaciones, IVA, suplidos, plazos). Para comparar perfiles y precios orientativos en Illes Balears, Keatia (keatia.es) puede ayudarte a contactar con especialistas.

En general, el plazo para recurrir una liquidación o sanción es de 1 mes desde el día siguiente a la notificación (art. 223 y 235 de la Ley General Tributaria, LGT). Puedes optar por recurso de reposición (potestativo) ante el órgano que dictó el acto, o directamente por reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR). Si agotas la vía económico-administrativa, el contencioso suele interponerse en 2 meses desde la notificación de la resolución (Ley 29/1998). No esperes: las notificaciones electrónicas tienen reglas estrictas. Un abogado fiscal revisa defectos formales y calcula vencimientos exactos.

Conviene contratarlo desde el primer requerimiento o inicio de actuaciones inspectoras, no cuando llega la propuesta de liquidación. En inspección se deciden pruebas, se contestan diligencias y se negocia el alcance del procedimiento; errores ahí se arrastran al recurso. La LGT y el Reglamento de Inspección (RD 1065/2007) exigen atender plazos de aportación de documentación y permiten alegar, proponer prueba y pedir ampliaciones justificadas. En Illes Balears, un especialista conoce además prácticas habituales y cómo coordinarse con la AEAT y la ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears). Recomendación: prepara una carpeta documental y solicita estrategia escrita (riesgos, escenarios y costes).

No es obligatorio ir con abogado en la vía económico-administrativa, pero suele ser muy recomendable. La reclamación ante el TEAR exige argumentación jurídica y prueba: identificar el acto, cuantía, motivos (vicios de notificación, prescripción, valoración, motivación de sanción, etc.) y aportar documentación en plazo. Un error típico es repetir alegaciones sin atacar la fundamentación de la liquidación o sanción, lo que reduce opciones de estimación. Si después quieres acudir a la vía contenciosa, una buena base en el TEAR es clave. Para encontrar un abogado tributario con experiencia en recursos en Illes Balears, puedes comparar perfiles en Keatia (keatia.es) y pedir presupuestos.

Lleva la notificación completa (con CSV, fecha y medio de notificación), el expediente si lo tienes, y todo lo relacionado con el impuesto: declaraciones (IRPF/IVA/IS), libros registro, facturas emitidas y recibidas, extractos bancarios, contratos, escrituras, justificantes de pagos y, si aplica, informes contables. Si es una sanción, aporta comunicaciones previas, requerimientos y respuestas, porque la motivación y la culpabilidad son claves (arts. 178 y ss. LGT). En Illes Balears, si interviene ATIB (por ITP/AJD, Sucesiones o Patrimonio), añade autoliquidaciones y valoraciones. Recomendación: ordena por fechas y prepara un resumen de hechos; ahorra tiempo y reduce costes.

Sí, en muchos casos puedes solicitar aplazamiento o fraccionamiento, incluso si resides en Illes Balears. Para deudas de la AEAT y también de tributos gestionados por la ATIB, se exige una solicitud formal con propuesta de calendario y, según la cuantía, garantías (aval, seguro de caución o dispensa). Los intereses de demora se aplican y el impago de plazos puede llevar a apremio y embargos. Es importante pedirlo antes de que venza el plazo de ingreso en periodo voluntario o cuanto antes para minimizar recargos (LGT y Reglamento General de Recaudación). Un abogado fiscal puede valorar viabilidad, preparar la documentación económica y negociar garantías. Si necesitas comparar especialistas en Illes Balears, Keatia (keatia.es) es un buen punto de partida.

Los tiempos varían por carga de trabajo y complejidad. Un recurso de reposición suele resolverse en meses, mientras que una reclamación económico-administrativa ante el TEAR puede tardar habitualmente de 6 a 18 meses (a veces más). Si después vas a contencioso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Illes Balears puede alargar el proceso 1–3 años según asunto y agenda. La “probabilidad” depende de la prueba y del tipo de error: vicios de notificación, prescripción o falta de motivación suelen dar buen margen; discusiones de valoración o gastos deducibles requieren prueba sólida. Recomendación: pide a tu abogado un análisis de riesgos por escrito y estrategia de prueba desde el inicio.

La residencia fiscal se define principalmente por permanencia más de 183 días en España, o por centro de intereses económicos y familiares (art. 9 LIRPF). Si Hacienda te discute la residencia, debes acreditar días y vínculos: billetes, pasaportes, consumos, alquiler/propiedad, escolarización, actividad económica y certificados fiscales del otro país. En Baleares es frecuente el análisis de estancias por segundas residencias (Mallorca/Ibiza) y movimientos bancarios. El riesgo es alto: regularización de IRPF, sanciones y, en casos graves, delito fiscal si supera umbrales (art. 305 CP). Recomendación: busca un abogado tributario con experiencia en residencia internacional y prepara un dossier probatorio completo antes de contestar requerimientos.

Tras agotar la vía económico-administrativa (p. ej., TEAR), la impugnación judicial se presenta en la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a la Ley 29/1998. En Illes Balears, según el asunto y cuantía, conocerán los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (Palma) o, en ciertos casos, el TSJ de Illes Balears. En la vía judicial normalmente necesitas abogado y, salvo excepciones, también procurador, con costes adicionales (procurador suele moverse en rangos orientativos de 200–600 € según actuaciones). El plazo habitual para interponer es de 2 meses desde la notificación de la resolución. Recomendación: revisa viabilidad y costas antes de demandar; en Keatia (keatia.es) puedes localizar profesionales con experiencia contenciosa en Baleares.