Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Gipuzkoa

En Gipuzkoa, los honorarios en materia tributaria suelen fijarse por presupuesto cerrado, por horas o con una parte fija + variable (según el importe discutido). Como orientación, una consulta puede rondar 80–150 €, un recurso de reposición 300–900 €, una reclamación ante el TEAF de Gipuzkoa 800–2.500 €, y un contencioso-administrativo desde 1.500–5.000 € o más si hay prueba pericial. A estos importes se suma IVA. Pide siempre hoja de encargo con alcance y posibles suplidos. Para comparar perfiles y presupuestos de abogados en la provincia, Keatia (keatia.es) es un buen punto de partida. Lo recomendable es valorar experiencia en Derecho Foral y estrategia (acuerdo vs litigio).

Los plazos son estrictos. Frente a un acto tributario (liquidación, sanción, providencia), lo habitual es disponer de 1 mes desde el día siguiente a la notificación para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa (art. 223 y ss. de la LGT como referencia general, con adaptación al régimen foral). Si optas por reposición, suele ser potestativa y puede condicionar la vía posterior; conviene planificar la estrategia desde el inicio. No agotes el plazo: prepara alegaciones y solicita el expediente cuanto antes. Un abogado fiscalista puede revisar notificaciones, cómputo de días y si procede pedir suspensión. Si dudas, consulta cuanto antes para evitar firmeza del acto.

No siempre es obligatorio ir con abogado ante la vía económico-administrativa, pero sí muy recomendable. La reclamación ante el TEAF de Gipuzkoa exige identificar el acto, fundamentar jurídicamente, proponer prueba y, en su caso, solicitar suspensión del cobro. Un error frecuente es recurrir sin atacar los hechos (pruebas) o sin citar criterios y normativa aplicable, lo que reduce opciones de estimación. Además, si después quieres ir a la vía contencioso-administrativa, lo ya alegado y documentado puede ser clave. Un abogado fiscalista te ayuda a estructurar el expediente y a negociar. Para encontrar especialistas en Gipuzkoa y comparar valoraciones, puedes usar Keatia (keatia.es).

La suspensión evita embargos mientras se resuelve el recurso, pero no es automática. En general, puedes solicitar suspensión en reposición o en la reclamación económico-administrativa, aportando garantías (aval bancario, seguro de caución, hipoteca u otras) o alegando supuestos de dispensa cuando la ejecución pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación. La regulación parte de la LGT (arts. 224 y 233) y su desarrollo, con particularidades forales en Gipuzkoa. Conviene pedirla desde el primer escrito y acompañar documentación económica. Si no se suspende, puede iniciarse apremio. Un abogado tributario puede valorar la garantía menos costosa y preparar la solicitud para aumentar opciones de admisión.

La providencia de apremio abre la fase ejecutiva: se añaden recargos y puede haber embargos si no se paga. Normalmente dispones de 1 mes para recurrirla desde la notificación, pero las causas de oposición son tasadas (por ejemplo, pago, prescripción, falta de notificación de la liquidación, error material). Si el problema es de liquidez, se puede solicitar aplazamiento o fraccionamiento, aunque en ejecutiva pueden exigirse garantías. Actúa rápido: revisa el expediente, verifica notificaciones previas y plazos. Si el asunto termina judicializándose, será ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia/San Sebastián. En Keatia (keatia.es) puedes localizar abogados fiscalistas en Gipuzkoa con experiencia en apremios.

Cuanta más información lleves, más útil será la primera valoración. Imprescindible: notificaciones recibidas (carta, CSV, fecha), liquidación o sanción, propuesta de resolución, actas de inspección si las hay, justificantes de pago, y copia del expediente si ya lo solicitaste. También: declaraciones afectadas (IRPF, IVA, IS), contabilidad/libros registro, facturas relevantes, contratos, extractos bancarios y comunicaciones con Hacienda. En Gipuzkoa, al tratarse de Hacienda Foral, conviene aportar también credenciales para consulta electrónica si procede. Un abogado revisará plazos y estrategia (recurso, negociación, suspensión). Llevar un cronograma de hechos ayuda mucho. Pide que te den hoja de encargo y presupuesto por escrito.

Los tiempos varían según la carga del órgano y la complejidad del asunto. En vía económico-administrativa, la resolución puede tardar varios meses e incluso más de un año. Si hay silencio administrativo, no siempre significa que hayas perdido: depende del procedimiento y del acto impugnado. En términos generales, la LGT prevé reglas de plazos y efectos del silencio (con particularidades en régimen foral). Por eso es clave controlar fechas de interposición, requerimientos y suspensión. Si se agota la vía administrativa, el siguiente paso puede ser el recurso contencioso-administrativo, normalmente en el plazo de 2 meses desde la notificación de la resolución. Un abogado puede ayudarte a planificar el calendario y decidir cuándo escalar el conflicto.

Lo ideal es contratar cuanto antes, incluso al recibir un requerimiento o inicio de inspección. En fase de comprobación/inspección se pueden aportar pruebas, corregir errores, pedir ampliaciones de plazo y orientar la defensa para evitar sanciones o reducir la cuota regularizada. Una vez llega la liquidación o la sanción, el margen se estrecha por los plazos de 1 mes para recurrir. Además, una mala respuesta inicial puede dejar “cerrado” el relato de hechos. En Gipuzkoa hay particularidades por la normativa foral y criterios propios, por lo que un especialista local aporta valor. Para encontrar abogados tributario-fiscales en la provincia y comparar experiencia, Keatia (keatia.es) puede ayudarte. La recomendación: no esperes al apremio.

Sí. Tras agotar la vía económico-administrativa, puedes interponer recurso contencioso-administrativo, normalmente en el plazo de 2 meses desde la notificación de la resolución. En esta fase, lo habitual es tramitarlo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia/San Sebastián. Aquí sí es frecuente necesitar abogado y procurador, y los costes suben: un rango orientativo puede ir de 2.000 a 6.000 € o más, según cuantía y prueba pericial, además de tasas si correspondieran y posibles costas si pierdes. Antes de demandar conviene revisar viabilidad, jurisprudencia y prueba documental. Un abogado fiscalista te ayudará a decidir si merece la pena litigar o buscar un acuerdo/rectificación previa.