Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Cantabria

Los honorarios en Cantabria varían según el alcance (requerimiento puntual, inspección completa, recursos). Como referencia: consulta y revisión inicial 60–120 €, redacción de alegaciones a un requerimiento 250–600 €, asistencia en inspección 800–2.500 €, y defensa en vía económico-administrativa 1.200–4.000 €. A veces se pacta una tarifa por fases o una cuota mensual si hay varios trámites. En inspecciones, el coste depende del volumen de documentación y de si hay regularización con sanción (LGT, Ley 58/2003). Recomendación: pide presupuesto por escrito y por hitos. En keatia.es puedes comparar abogados tributario-fiscales en Cantabria y solicitar contacto directo.

En general, frente a una liquidación o sanción tienes 1 mes para interponer recurso de reposición (ante el mismo órgano) o reclamación económico-administrativa (art. 223 y ss. de la Ley General Tributaria). El plazo suele contar desde el día siguiente a la notificación. Si optas por reposición, no puedes presentar a la vez reclamación; si te desestiman, podrás acudir después a la vía económico-administrativa. En Cantabria, para tributos autonómicos (p. ej., Sucesiones/Donaciones o Transmisiones) interviene la Administración autonómica y sus órganos de revisión. Recomendación: no apures plazos y revisa la notificación con un abogado para elegir la vía adecuada.

No siempre es obligatorio abogado en la vía económico-administrativa, pero suele ser muy recomendable. El procedimiento exige fundamentar hechos y derecho, proponer prueba y encajar la estrategia (nulidad, prescripción, defecto de motivación, proporcionalidad de la sanción). Errores comunes son aportar tarde documentos, no solicitar suspensión o no atacar bien la sanción conforme a la LGT. Un abogado tributario-fiscal también coordina, si procede, peritajes contables. Si después hay que ir a lo contencioso-administrativo (Juzgados de Santander), ahí normalmente sí necesitas abogado y procurador. Recomendación: si la cuantía es relevante o hay sanción, consulta antes. En keatia.es puedes localizar especialistas en Cantabria y comparar perfiles.

Para que un abogado tributario-fiscal pueda valorar bien el caso, lleva: notificación completa (con CSV y fechas), propuesta de liquidación y acuerdo sancionador si lo hay, requerimientos previos y tus respuestas, declaraciones afectadas (IRPF, IVA, Sociedades), libros registro y facturas, extractos bancarios, contratos (alquiler, compraventa, préstamos), escrituras y justificantes de pagos, y cualquier comunicación con la AEAT o la Administración autonómica. Es clave identificar fechas para alegar prescripción (plazos de 4 años, art. 66 LGT) y para no perder el mes de recurso. Recomendación: no entregues solo “resúmenes”; aporta documentos originales o copias íntegros y ordenados.

Al recurrir, la deuda no se suspende automáticamente. Puedes pedir suspensión: con garantía (aval bancario, seguro de caución, hipoteca, prenda) suele ser la vía más segura; sin garantía es posible en ciertos casos, pero exige acreditar perjuicios de difícil reparación o que la liquidación sea nula de pleno derecho, y no siempre se concede. En sanciones, si recurres en plazo, la ejecución suele quedar suspendida en determinados supuestos hasta que sea firme, pero conviene solicitarlo expresamente para evitar apremio. La regulación está en la LGT y normativa de revisión. Recomendación: tramita la suspensión a la vez que el recurso y calcula costes del aval. Un abogado puede optimizar la estrategia.

No contestar en plazo puede tener consecuencias: Hacienda puede dictar liquidación con los datos que tenga, iniciar un procedimiento sancionador por resistencia/obstrucción o por dejar de ingresar, e incluso considerar que no has justificado deducciones o gastos. Aun así, muchas veces se puede reconducir: presentar contestación fuera de plazo aportando documentación, solicitar ampliación de plazo si aún estás dentro (cuando proceda) y, si ya hay propuesta de liquidación, formular alegaciones en el trámite correspondiente. Los plazos y trámites dependen del tipo de procedimiento (gestión, inspección, sancionador) según la LGT. Recomendación: actúa cuanto antes y deja constancia de entrega; un abogado puede ordenar pruebas y reducir riesgos de sanción.

Un asesor fiscal es útil para cumplimiento ordinario (declaraciones, libros, planificación), pero conviene abogado cuando hay conflicto: inspección, propuesta de liquidación, sanción, derivación de responsabilidad a administradores, embargos, delitos fiscales o necesidad de ir a tribunales. El abogado aporta enfoque procesal: estrategia de prueba, nulidades, prescripción (4 años, art. 66 LGT), y preparación de recursos y contencioso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander o el TSJ de Cantabria. También negocia aplazamientos/fraccionamientos y analiza garantías. Recomendación: si la cuantía es alta, hay sanción o riesgo personal (administrador), consulta desde el primer requerimiento. En keatia.es puedes encontrar abogados en Cantabria especializados en Tributario-Fiscal.

Sí. Si has pagado Sucesiones o Donaciones y detectas un error (valoración, bonificaciones, reducciones, cálculo), puedes instar rectificación y devolución de ingresos indebidos. El plazo general para solicitarla es de 4 años desde el día siguiente al fin del plazo de presentación o desde el ingreso, según el caso (art. 66 y 120.3 LGT). En Cantabria, la gestión suele corresponder a la Administración autonómica, y es frecuente discutir valores (comprobación de valores, métodos de valoración) o la aplicación de beneficios fiscales. Recomendación: revisa la autoliquidación y el expediente antes de iniciar el trámite, porque una reclamación mal planteada puede abrir una revisión. En keatia.es puedes comparar abogados tributarios en Cantabria con experiencia en Sucesiones/Donaciones.

Tras agotar (o elegir) la vía administrativa/económico-administrativa, puedes acudir al contencioso-administrativo. El plazo general para interponer el recurso contencioso suele ser de 2 meses desde la notificación de la resolución administrativa (Ley 29/1998, LJCA). En Cantabria, normalmente conocerán los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander o, según el órgano que resuelva, el TSJ de Cantabria. En esta fase suelen intervenir abogado y procurador; costes orientativos: abogado 1.500–6.000 € según complejidad y cuantía, procurador 300–900 €, más posibles peritajes. Recomendación: valora viabilidad, prueba y posibilidad de suspensión antes de demandar y pide presupuesto por fases.