Abogados especializados en derecho Tributario-Fiscal en Arzúa

El coste depende del alcance: una consulta y revisión de notificación suele rondar 80–150 €, y un escrito simple (alegaciones o reposición) puede estar entre 250–600 €. Si hay expediente complejo (inspección, liquidaciones altas o sanciones), los honorarios suelen moverse entre 1.200–4.000 €, a veces con parte variable por éxito. Si el asunto pasa al TEAR de Galicia o a la vía contenciosa, el presupuesto sube por fases. Es recomendable pedir presupuesto cerrado por hitos (alegaciones, recurso, TEAR, juzgado). En Keatia (keatia.es) puedes localizar y comparar abogados tributario-fiscales en A Coruña y solicitar varios presupuestos antes de decidir.

Con carácter general, frente a liquidaciones y sanciones tributarias tienes 1 mes desde el día siguiente a la notificación para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa (Ley 58/2003, General Tributaria). Si optas por reposición, normalmente no puedes presentar a la vez reclamación; y si te desestiman, podrás acudir al TEAR en el plazo correspondiente según la resolución. En la práctica, no conviene apurar: hay que revisar fechas, forma de notificación (DEHú, comparecencia, correo) y si el acto es firme. Reúne la notificación completa y el expediente. Un abogado en A Coruña puede valorar la mejor vía y evitar errores de plazo.

No es obligatorio abogado para presentar una reclamación económico-administrativa ante el TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional), pero sí es muy recomendable. El procedimiento exige identificar correctamente el acto impugnado, fundamentar en derecho (LGT y normativa del tributo), proponer prueba y, en su caso, solicitar suspensión con garantías. Una reclamación mal planteada puede acabar inadmitida o desestimada y luego complica la vía contenciosa. Además, hay plazos estrictos (normalmente 1 mes desde la notificación). Si estás en A Coruña, un profesional habituado al TEAR de Galicia te ayudará a preparar el expediente y la estrategia. En Keatia (keatia.es) puedes encontrar especialistas locales y comparar experiencia en recursos.

En una inspección la AEAT puede requerirte libros, facturas y justificantes, y realizar actuaciones de comprobación. Tienes derechos reconocidos por la LGT: ser informado del alcance, acceder al expediente, aportar documentación y alegaciones, obtener copia de diligencias y actuar con representante. También existen plazos y límites: las actuaciones inspectoras tienen una duración máxima general de 18 meses, ampliable a 27 en supuestos tasados (LGT). En la práctica, conviene cuidar lo que se entrega, preparar un relato coherente y revisar propuestas de liquidación y sanción antes de firmar. Un abogado tributario-fiscal en A Coruña puede asistir a reuniones y redactar alegaciones para reducir deuda o sanción.

Lleva siempre la notificación íntegra (con fecha, código seguro, anexos), el expediente si lo tienes, y tus datos de identificación. Según el caso, aporta declaraciones (IRPF, IVA, Sociedades), libros registro, facturas emitidas y recibidas, extractos bancarios, contratos, nóminas, escrituras o modelos censales (036/037). Si es una sanción, es clave el acta o acuerdo sancionador y la propuesta de liquidación para discutir culpabilidad y proporcionalidad (LGT). Si hay notificaciones electrónicas, descarga justificantes de acceso. Un despacho en A Coruña podrá pedir luego documentación adicional, pero cuanto más completo el primer paquete, mejor se calcula el riesgo y el coste. En Keatia (keatia.es) puedes filtrar por especialidad y pedir cita rápida.

Una gestoría suele ser suficiente para obligaciones recurrentes (presentar impuestos, contabilidad básica). Conviene abogado cuando hay conflicto: inspección, sanción, derivación de responsabilidad, embargos, delito fiscal, o cuando vas a recurrir actos de la AEAT o de la Xunta/Concello. El abogado aporta estrategia procesal, argumentación jurídica y defensa en vía económico-administrativa y contenciosa. Además, puede coordinar con economista o asesor para la prueba. En A Coruña, si el asunto puede acabar en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o incluso en el TSJ de Galicia, es mejor intervenir pronto para no perder plazos ni opciones. Como regla práctica: si hay propuesta de liquidación/sanción o requerimiento serio, consulta cuanto antes.

Sí, se puede solicitar suspensión durante un recurso o reclamación, pero no siempre es automática. En vía administrativa/económico-administrativa, la suspensión suele exigir garantías (aval bancario, seguro de caución, hipoteca, prenda) salvo casos tasados (por ejemplo, sanciones en ciertos supuestos) o cuando se acredita perjuicio de difícil reparación y se cumplen requisitos. La solicitud debe presentarse dentro del procedimiento y con documentación financiera. Si no suspendes, la Administración puede iniciar apremio y embargos. Por eso es clave analizar liquidez, coste del aval y viabilidad del recurso. Un abogado tributario en A Coruña puede calcular el escenario y negociar el tipo de garantía. En Keatia (keatia.es) puedes comparar profesionales con experiencia en suspensiones y apremios.

Ante un embargo en vía de apremio, lo primero es revisar si la providencia de apremio fue notificada correctamente y si la deuda era firme. Contra la providencia de apremio suele haber 1 mes para recurrir, pero las causas de oposición son limitadas (por ejemplo, pago, prescripción, aplazamiento concedido, falta de notificación previa). También puedes pedir aplazamiento/fraccionamiento o negociar la sustitución del embargo por garantía. En la práctica, actuar rápido es clave para evitar nuevos embargos. Reúne notificaciones, justificantes de pago y situación económica. Un abogado fiscal en A Coruña puede revisar la legalidad del apremio y preparar el escrito adecuado. Si el caso escala, puede acabar en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña.

Si tras agotar la vía administrativa/económico-administrativa decides acudir a juicio, la demanda se presenta en la jurisdicción contencioso-administrativa. En A Coruña, lo habitual es que conozcan los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña; en algunos asuntos (según materia y cuantía) puede intervenir el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los plazos son variables: un procedimiento puede tardar aproximadamente 9–24 meses, y más si hay prueba pericial o recursos. Hay que controlar el plazo para interponer el recurso contencioso: normalmente 2 meses desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía administrativa. Un abogado especializado te ayudará a valorar costes, riesgos y probabilidad real de estimación antes de demandar.