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Un abogado procesalista es el especialista en las normas que regulan los procedimientos judiciales en todas las jurisdicciones: civil, penal, contencioso-administrativa y social. Su papel es fundamental para garantizar que tu caso se tramite correctamente ante los tribunales. Asesora en la interposición de demandas, contestaciones, recursos de apelación, casación y revisión, incidentes de nulidad de actuaciones y ejecución de sentencias. También es experto en medidas cautelares, prueba pericial, litisconsorcio y acumulación de procesos. Es el profesional indicado cuando necesitas valorar la viabilidad procesal de una reclamación o cuando un procedimiento judicial presenta complejidades técnicas. En Keatia puedes encontrar abogados procesalistas con experiencia acreditada y solicitar consulta gratuita.
En Illes Balears hay 8 profesionales disponibles en Procesal registrados en Keatia.
El coste suele depender del tipo de procedimiento (verbal, ordinario, familia, ejecución, etc.), la cuantía y si hay recursos. En Illes Balears, una consulta puede rondar 60–120 €, y la dirección letrada de un procedimiento civil sencillo suele moverse entre 900 y 2.500 €; asuntos con vistas, prueba pericial o recursos pueden subir a 2.500–6.000 € o más. Además, puede haber procurador (normalmente obligatorio en muchos casos ante Juzgados, arts. 23 y 31 LEC) y tasas/peritos. Pide presupuesto por escrito y por fases. Como recomendación, compara varios perfiles en Keatia (keatia.es) para encontrar abogado procesal en Illes Balears y valorar experiencia y honorarios.
En la mayoría de procedimientos civiles ante los Juzgados de Primera Instancia de Palma, Ibiza o Manacor se exige abogado y procurador (arts. 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La excepción típica son los juicios verbales de cuantía hasta 2.000 € y algunos trámites muy concretos, donde podrías actuar sin profesionales, aunque no siempre es recomendable. Si hay oposición, pruebas o riesgo de costas, contar con abogado procesalista suele marcar la diferencia en estrategia, plazos y aportación documental. Reúne demanda/contrato/facturas y notificaciones del juzgado. Lo prudente es consultar cuanto antes para evitar errores procesales y pérdidas de plazo.
Los plazos en civil se computan en días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni festivos) y suelen ser estrictos. Como regla general, la contestación a una demanda en juicio ordinario es de 20 días hábiles desde el emplazamiento (art. 404 LEC). En juicio verbal, el plazo para contestar por escrito suele ser de 10 días hábiles (art. 438 LEC). En monitorio, si te requieren de pago, tienes 20 días hábiles para pagar u oponerte (art. 815 LEC). Si te pasas, puede haber rebeldía y ejecución. Recomendación: lleva la notificación y su fecha a un procesalista para calcular el plazo exacto.
Un abogado procesalista diseña la estrategia del pleito y controla el “cómo” del procedimiento: competencia del juzgado, plazos, pruebas, escritos, medidas cautelares, vistas y recursos. Es clave cuando hay riesgo de condena en costas (arts. 394 y ss. LEC), cuando se prevé prueba compleja (peritos, testigos), o cuando ya has recibido una demanda/ejecución y el margen de reacción es corto. También resulta muy útil para negociar desde una posición fuerte antes de demandar. En Illes Balears, con sedes judiciales como Palma, Inca o Ciutadella, la experiencia local ayuda con señalamientos y práctica forense. Recomendación: consulta desde el primer requerimiento o burofax, no cuando el plazo ya corre.
Depende del asunto, pero casi siempre se necesitan: DNI/NIE, domicilio para notificaciones, documentos base (contrato, facturas, recibos, correos/WhatsApp relevantes), pruebas de pago (transferencias), burofaxes, y cualquier notificación del juzgado o de la otra parte. Si es un tema de familia, añade certificados (matrimonio, nacimiento) y documentación económica (nóminas, IRPF, alquiler/hipoteca). Para daños, informes médicos y parte de siniestro. En civil, la LEC exige aportar documentos con la demanda/contestación cuando estén en tu poder (arts. 265 y ss. LEC). Recomendación: ordena todo por fechas y consulta en Keatia (keatia.es) para localizar un procesalista en Illes Balears que te indique qué falta antes de presentar.
Los tiempos varían según el partido judicial (Palma, Inca, Manacor, Ibiza, Mahón, Ciutadella) y la carga del juzgado. Como orientación: un monitorio sin oposición puede resolverse en 2–6 meses; un verbal con vista, 6–12 meses; un ordinario con prueba y periciales, 12–24 meses. Si hay apelación ante la Audiencia Provincial de Illes Balears, suma habitualmente 6–18 meses. Estos rangos dependen de señalamientos, notificaciones y la complejidad. Un abogado procesal puede acelerar lo que está en su mano (presentación correcta, impulso, medidas cautelares) y evitar suspensiones. Recomendación: pide una estimación por fases y plan de actuación realista desde el inicio.
Si la otra parte no cumple voluntariamente, puedes iniciar la ejecución ante el mismo juzgado que dictó la sentencia (arts. 517 y ss. LEC). En general, puedes pedir ejecución tras la firmeza, aunque algunas resoluciones son provisionalmente ejecutables. Se solicita despacho de ejecución, se calculan principal, intereses y costas, y el juzgado puede ordenar embargos (cuentas, nóminas, devoluciones tributarias, vehículos, inmuebles) respetando límites como la inembargabilidad del SMI en ciertos tramos (art. 607 LEC). Un procesalista es clave para localizar bienes, pedir averiguación patrimonial y priorizar medidas. Recomendación: actúa rápido tras la sentencia y deja el seguimiento en manos de un especialista.
En muchos casos cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Illes Balears. En procedimientos civiles, el plazo habitual para interponer apelación es de 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia (arts. 458 y ss. LEC). Antes, puede existir aclaración/complemento en 2 días (art. 214 LEC) si hay errores materiales, pero no suspende siempre la estrategia del recurso. El recurso requiere técnica: motivos, infracción procesal, valoración de prueba, y cumplimiento de requisitos formales. Un fallo de plazo o de fundamentación puede cerrar la vía. Recomendación: solicita revisión inmediata del expediente y la sentencia; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados procesales en Illes Balears con experiencia en recursos.
La asistencia jurídica gratuita se regula por la Ley 1/1996 y puede cubrir abogado, procurador, peritos y tasas si cumples requisitos económicos. Como regla general, se valora que tus ingresos no superen ciertos múltiplos del IPREM según unidad familiar, aunque existen excepciones (víctimas de violencia de género, trata, menores, discapacidad, etc.). En Illes Balears, la solicitud suele tramitarse a través de los Colegios de Abogados (por ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares) y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Debes aportar documentación de ingresos, empadronamiento y situación familiar. Recomendación: pide orientación cuanto antes, porque algunos procedimientos tienen plazos muy breves y conviene solicitar el beneficio sin demora.
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