Abogados especializados en derecho Procesal en Alfoz de Lloredo

En Cantabria, los honorarios de un abogado procesalista varían según la materia (civil, penal, contencioso), la cuantía y si hay vista. Como orientación: consulta 60–120 €, redacción de demanda o contestación 400–1.000 €, y dirección letrada de un procedimiento civil ordinario 1.200–3.500 €. En penal, una defensa en juicio rápido puede rondar 800–1.800 €, y un procedimiento más complejo puede superar 3.000 €. A esto se suman, si procede, procurador (aprox. 200–600 €) y peritos. Pide presupuesto por escrito y fases. Para comparar profesionales en la zona, Keatia (keatia.es) puede ayudarte a localizar abogados procesales en Cantabria y solicitar contacto.

Depende del tipo de procedimiento. En civil, con carácter general necesitas abogado y procurador para demandar o defenderte (Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC). Excepciones típicas: juicios verbales de cuantía hasta 2.000 € (puedes ir sin abogado ni procurador), aunque puede ser recomendable si hay prueba o discusión jurídica. En penal, en juicio rápido o procedimiento abreviado es habitual la asistencia de abogado; si no tienes, se te designa de oficio. En Cantabria, los asuntos se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (por ejemplo, en Santander o Torrelavega). Antes de presentar nada, consulta para evitar inadmisiones o indefensión.

Los plazos de recurso son estrictos y se cuentan en días hábiles (sin sábados, domingos ni festivos), normalmente desde la notificación. En civil, la apelación contra sentencias suele ser de 20 días (LEC) y la reposición contra providencias y autos no definitivos suele ser de 5 días. En penal, hay plazos distintos según resolución y procedimiento (por ejemplo, reforma 3 días y apelación 5 días en muchas resoluciones de instrucción, según la LECRim). En Cantabria, la apelación se eleva a la Audiencia Provincial de Cantabria. Si dudas, actúa rápido: una revisión de plazos y viabilidad por un procesalista evita perder el derecho a recurrir.

En un juicio civil, el proceso suele empezar con demanda (o monitorio previo), admisión, emplazamiento y contestación; después puede haber audiencia previa (en ordinario) y vista, con prueba y conclusiones (LEC). El verbal concentra más actuaciones y, si hay vista, se practica la prueba ese día. Los tiempos dependen de carga del juzgado (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, etc.) y de si hay periciales o recursos. Como guía, un verbal puede resolverse en 6–12 meses y un ordinario en 12–24 meses, pudiendo alargarse por apelación. Un abogado procesal planifica la estrategia probatoria desde el inicio para ganar tiempo y evitar errores.

Lleva todo lo que acredite hechos y plazos: contratos, facturas, correos/WhatsApp relevantes, requerimientos (burofax), denuncias, citaciones, notificaciones del juzgado, y cualquier documento con fecha de recepción. Si ya hay procedimiento, aporta número de autos, juzgado y estado del expediente; en Cantabria es habitual que te pidan identificar el juzgado (por ejemplo, JPI de Santander o Instrucción de Torrelavega). Si hay testigos, anota datos de contacto; si hay daños, fotos e informes. También conviene traer tu DNI y, si actúas por empresa, escritura/poderes. Con esa base, el abogado podrá valorar viabilidad, costes y plazos sin improvisar.

Conviene contratarlo antes de que el conflicto “entre” en juzgado o en cuanto recibas un requerimiento o una notificación. Muchos errores procesales (plazos, competencia, acumulación de acciones, prueba) no se arreglan después. Por ejemplo, si te llega una demanda, la contestación suele tener 20 días hábiles en civil (LEC); si te llega un monitorio, el plazo para pagar u oponerte es de 20 días hábiles. Un procesalista puede negociar antes del pleito, preparar prueba y evitar costas. Si buscas profesionales en Cantabria, Keatia (keatia.es) es un recurso útil para localizar y comparar abogados según especialidad y experiencia.

Las costas son los gastos del proceso (abogado, procurador, peritos, etc.) que el juzgado puede imponer a una parte. En civil rige, por regla general, el criterio del “vencimiento”: quien pierde paga (art. 394 LEC), salvo dudas de hecho o de derecho. Ojo: no siempre se paga “todo”; en muchos casos la tasación limita importes y hay criterios de moderación. También puede haber condena parcial o sin costas. En Cantabria, como en el resto de España, esto lo decide el juzgado y, si hay discrepancias, se tramita una impugnación de tasación. Antes de demandar o contestar, pide una estimación realista de riesgo de costas.

Sí, si cumples los requisitos económicos de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. De forma orientativa, se valora el IPREM y la unidad familiar; si no superas ciertos umbrales, puedes obtener abogado y procurador de oficio y exención de tasas/gastos. En Cantabria la solicitud suele gestionarse a través del Colegio de la Abogacía correspondiente (por ejemplo, el ICA de Cantabria en Santander) y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Necesitarás documentación de ingresos, empadronamiento, situación laboral, etc. No esperes al último día: la solicitud no siempre suspende plazos de forma automática. Para orientarte y contactar con profesionales, Keatia (keatia.es) puede servirte de punto de partida.

No contestar suele tener consecuencias graves. En civil, si no contestas a una demanda dentro de plazo, te declaran en rebeldía (LEC): el procedimiento sigue sin tu oposición y puedes perder la oportunidad de alegar y proponer prueba, aunque no significa “condena automática”. En un procedimiento monitorio, si no pagas ni te opones en 20 días hábiles, el acreedor puede pedir ejecución y embargos. En Cantabria, esto se tramita en los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial correspondiente. Si has recibido una notificación, revisa fecha de recepción y actúa ya: un abogado procesal puede pedir copias, valorar defensa y evitar ejecuciones innecesarias.