Abogados especializados en derecho Extranjería y Nacionalidad en Navarra

Los honorarios en Navarra varían según el trámite y si hay recursos. Como orientación, una consulta suele costar 50–120 €, un expediente de arraigo o renovación 300–900 €, una solicitud de nacionalidad 500–1.500 €, y un recurso contencioso-administrativo 1.200–3.000 € (más procurador y tasas si proceden). Además, hay tasas administrativas (p. ej., nacionalidad: modelo 790). El marco legal suele ser la LO 4/2000 y su Reglamento (RD 557/2011), y para nacionalidad el Código Civil. Lo recomendable es pedir presupuesto cerrado por fases y confirmar qué incluye (citas, subsanaciones y recursos). En keatia.es puedes comparar abogados de Extranjería en Navarra y solicitar varias propuestas.

El arraigo social se tramita como autorización de residencia por circunstancias excepcionales (art. 124.2 del RD 557/2011). Normalmente necesitas: pasaporte completo, acreditación de permanencia continuada en España 3 años (empadronamiento y otros medios), antecedentes penales del país de origen legalizados/apostillados, informe de inserción social (lo suelen emitir servicios sociales), y contrato de trabajo o medios económicos alternativos según el caso. En Navarra, el empadronamiento y el informe social suelen ser claves. El plazo legal de resolución es de 3 meses; si no responden, opera el silencio administrativo negativo. Recomiendo preparar la prueba de permanencia con antelación y revisar traducciones y legalizaciones con un abogado.

La nacionalidad por residencia se regula en los arts. 22 y 23 del Código Civil y se tramita de forma telemática o por Registro. En general se exige 10 años de residencia legal, 5 para refugiados, 2 para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes, y 1 año en supuestos especiales (matrimonio, nacido en España, etc.). También suelen pedir superar CCSE y DELE A2 (salvo exenciones), buena conducta cívica y suficiente integración. Aunque el Ministerio fija un plazo legal de 1 año para resolver, en la práctica puede alargarse 1–3 años. Conviene revisar antecedentes, empadronamiento e informes antes de presentar.

No es obligatorio contratar abogado para renovaciones (por ejemplo, residencia y trabajo por cuenta ajena/propia o reagrupación), pero suele ser muy útil si hay periodos sin cotización, cambios de empleador, sanciones o riesgo de denegación. El RD 557/2011 marca requisitos y plazos: muchas renovaciones deben solicitarse dentro de los 60 días previos a la caducidad o hasta 90 días después (con posible sanción). Un profesional puede revisar vida laboral, bases de cotización, medios económicos y documentación para evitar requerimientos o denegaciones. Si estás en Navarra, es recomendable confirmar criterios de la Oficina de Extranjería y preparar subsanaciones. En keatia.es puedes localizar abogados especializados por zona y comparar experiencia en renovaciones.

Ante una denegación, suelen existir dos vías: recurso de reposición (si el acto pone fin a la vía administrativa) o recurso de alzada (si no la pone), y posteriormente contencioso-administrativo. Como regla general, el plazo es 1 mes para recurrir en vía administrativa desde la notificación, y 2 meses para presentar demanda contenciosa ante el órgano competente (habitualmente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo; en Navarra suele ser en Pamplona/Iruña). En extranjería, muchos casos se ganan corrigiendo defectos de prueba (arraigo, medios, antecedentes) o discutiendo la motivación. Es clave pedir copia íntegra del expediente y calcular bien plazos. Recomiendo acudir a un abogado cuanto antes para elegir estrategia y evitar caducidades.

El arraigo laboral es una autorización por circunstancias excepcionales prevista en el art. 124.1 del RD 557/2011. En términos generales, se exige acreditar permanencia continuada en España (habitualmente 2 años) y la existencia de una relación laboral. La prueba suele basarse en resolución judicial, acta de la Inspección de Trabajo u otros medios sólidos; por eso la estrategia probatoria es determinante. También se aportan pasaporte, empadronamiento, antecedentes penales y documentación laboral disponible. El plazo de resolución suele ser de 3 meses, con silencio negativo si no hay respuesta. Dado que muchas denegaciones se basan en falta de prueba suficiente, lo recomendable es analizar tu caso antes de iniciar actuaciones con Inspección o demanda laboral.

La reagrupación familiar se regula en la LO 4/2000 y en el RD 557/2011. El reagrupante debe acreditar residencia legal (normalmente renovada), vivienda adecuada y medios económicos suficientes (IPREM como referencia, variando por número de familiares). Los pasos habituales son: 1) solicitud ante la Oficina de Extranjería; 2) resolución; 3) visado en el Consulado del familiar; 4) entrada en España; 5) tarjeta de identidad de extranjero (TIE). Plazo de resolución: 45 días en muchos supuestos, aunque puede alargarse por requerimientos. En Navarra suele ser clave preparar el informe de vivienda/empadronamiento y contratos. Recomiendo asesoramiento para calcular medios económicos y evitar denegaciones por documentación incompleta. En keatia.es puedes encontrar abogados en Navarra con experiencia en reagrupación.

En nacionalidad por residencia, uno de los puntos más sensibles es la “buena conducta cívica” (art. 22.4 del Código Civil). Tener antecedentes penales vigentes suele complicar mucho la concesión; los policiales o denuncias archivadas también pueden influir si hay información negativa en el expediente. En muchos casos, la clave es: 1) cancelar antecedentes penales cuando proceda (plazos varían según la pena, conforme al Código Penal), 2) aportar documentación que acredite rehabilitación e integración (trabajo, estudios, informes), y 3) preparar alegaciones sólidas si se inicia trámite de audiencia. Antes de presentar, conviene pedir certificados actualizados y analizar riesgos. Recomendación: consulta con un abogado para planificar cancelaciones y presentar en el momento adecuado.

Muchos trámites se presentan por vía telemática (Mercurio/Administraciones) o en registros habilitados, y la gestión suele depender de la Oficina de Extranjería y de comisarías para la TIE. Si recibes un requerimiento de subsanación, la Ley 39/2015 fija con carácter general un plazo de 10 días hábiles para aportar lo que falta (a veces ampliable), y no contestar puede implicar desistimiento o denegación. Es importante aportar exactamente lo requerido, con traducción jurada y legalización/apostilla cuando proceda. En Navarra, conviene controlar citas y notificaciones (DEHú/Carpeta Ciudadana) para no perder plazos. Recomendación: si la subsanación es compleja, apóyate en un abogado para responder de forma completa y evitar una denegación.