Abogados especializados en derecho Extranjería y Nacionalidad en Arnuero

Los honorarios varían según el trámite y si hay incidencias (requerimientos, denegaciones o recursos). En Cantabria, una consulta suele costar entre 50 y 120 €; una autorización inicial de residencia y trabajo puede rondar 600–1.200 €; una renovación, 300–700 €; y un recurso de reposición o contencioso, desde 900–2.500 € o más. A esto se suman tasas (p. ej., modelo 790/052 o 790/012 en nacionalidad) y costes de traducción/jura. Lo recomendable es pedir presupuesto cerrado por escrito y qué incluye. En keatia.es puedes comparar abogados de Extranjería en Cantabria y solicitar cita con profesionales especializados.

El arraigo se regula en el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011, tras reformas recientes). Se presenta normalmente ante la Oficina de Extranjería (Cantabria) y requiere preparar documentación, presentar solicitud, atender posibles requerimientos y, si se concede, tramitar la TIE. El plazo legal de resolución suele ser de 3 meses; si no contestan, puede operar el silencio (según el tipo de procedimiento), pero conviene confirmarlo caso por caso. En la práctica, los tiempos pueden alargarse por cargas de trabajo. Un abogado puede revisar empadronamiento, medios de vida/contrato y antecedentes para reducir riesgos. Si tienes dudas, en keatia.es puedes localizar abogados en Cantabria con experiencia en arraigos.

La nacionalidad por residencia se rige por el Código Civil (arts. 22 y ss.) y se tramita por vía telemática ante el Ministerio de Justicia. Suele pedirse: pasaporte completo, TIE vigente, certificado de empadronamiento, antecedentes penales del país de origen legalizados/apostillados y traducidos, antecedentes penales en España, certificado de nacimiento, justificante de tasas (modelo 790 código 026) y, en general, los exámenes CCSE y DELE (salvo exenciones). También cuenta la “buena conducta cívica” y la integración. Es frecuente que haya requerimientos por caducidades o traducciones. Antes de presentar, revisa vigencias y legalizaciones con un abogado en Cantabria para evitar retrasos.

El plazo general de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud es de 10 años (art. 22 del Código Civil). Hay plazos reducidos: 5 años para refugiados; 2 años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes; y 1 año en supuestos como: nacido en España, casado con español/a (un año de matrimonio y sin separación), viudo/a de español/a si no había separación, o quien haya estado bajo tutela/acogimiento de un español durante dos años consecutivos. Además, debes acreditar residencia efectiva (ausencias limitadas) y buena conducta. Un abogado puede valorar tu caso y evitar denegaciones por interrupciones de residencia.

En Cantabria, muchos trámites de extranjería se gestionan a través de la Oficina de Extranjería/Dependencia de Trabajo e Inmigración y la Comisaría de Policía para huellas y TIE; la nacionalidad por residencia se presenta principalmente online ante el Ministerio de Justicia. Las citas para huellas o trámites presenciales suelen estar sujetas a disponibilidad, y es habitual necesitar varios intentos o flexibilidad de horarios. Si te deniegan una cita o hay urgencia (caducidad de TIE, requerimiento con plazo), conviene actuar rápido. Un abogado puede preparar la presentación telemática, controlar plazos y acompañarte en incidencias. En keatia.es puedes encontrar abogados de Extranjería en Cantabria que conozcan la operativa local.

La renovación depende del tipo de autorización, pero como regla práctica conviene iniciar el trámite dentro de los 60 días naturales previos a la caducidad. En muchos casos también se admite presentarlo hasta 90 días naturales después de caducar, aunque puede conllevar riesgo de sanción y complica la situación (Reglamento de Extranjería, RD 557/2011). Presentar en plazo suele prorrogar la validez de la autorización mientras se resuelve. Es clave revisar requisitos: continuidad laboral, medios económicos, escolarización de menores, informes, etc. Si estás cerca de la fecha o tienes periodos sin cotizar, consulta con un abogado en Cantabria para elegir la vía correcta y evitar quedarte irregular.

No es obligatorio abogado en todos los recursos administrativos, pero en la práctica es muy recomendable porque los motivos de denegación suelen ser técnicos (medios económicos, antecedentes, continuidad de residencia, documentación). Frente a una denegación puedes interponer, según el caso, recurso de reposición en 1 mes desde la notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (p. ej., en Santander) en 2 meses. En vía judicial sí suele ser necesario abogado y procurador. Un profesional puede analizar el expediente, pedir copia, preparar pruebas y enfocar bien los fundamentos (Ley 39/2015 y LJCA). En keatia.es puedes comparar abogados en Cantabria con experiencia en recursos.

La reagrupación familiar se regula en la Ley Orgánica 4/2000 y el RD 557/2011. Normalmente exige que el reagrupante tenga residencia renovada (o larga duración, según casos), vivienda adecuada (informe de habitabilidad o equivalentes) y medios económicos suficientes (se toma como referencia el IPREM y el número de familiares). Se pueden reagrupar cónyuge/pareja registrada, hijos menores o dependientes y, en ciertos supuestos, ascendientes. El plazo legal de resolución suele ser de 45 días, aunque en la práctica puede variar. Si faltan documentos o hay dudas sobre vínculo o dependencia, habrá requerimientos. Recomendación: prepara el expediente con un abogado para evitar retrasos y denegaciones.

Estar en situación irregular no elimina tus derechos básicos (asistencia sanitaria en ciertos supuestos, educación de menores, acceso a la justicia), pero sí puede abrir un procedimiento sancionador o de expulsión (LO 4/2000). Si recibes una propuesta de sanción o una orden de expulsión, hay plazos cortos para alegar y recurrir; conviene no firmar sin entender y solicitar copia de todo. En algunos casos se puede solicitar una autorización por circunstancias excepcionales (arraigo, protección a víctimas, razones humanitarias), o alegar arraigo familiar y vínculos. Un abogado puede valorar si procede recurso, medidas cautelares y qué vía de regularización es viable. Actúa cuanto antes, especialmente si hay citaciones policiales.