Abogados especializados en derecho Extranjería y Nacionalidad en Badajoz

Los honorarios en Extranjería y Nacionalidad varían según el trámite y si hay recursos. En Badajoz, una consulta suele rondar 50–100 €, y un expediente administrativo (arraigo, renovación, reagrupación) puede situarse entre 300–900 €. Un recurso de reposición o alzada suele costar 400–1.200 €, y un contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo puede subir a 1.200–3.000 € (sin contar tasas/otros gastos si los hubiera). Pide siempre presupuesto por escrito y qué incluye (presentación, seguimiento, recursos). Para comparar profesionales y precios en la zona, Keatia (keatia.es) puede ayudarte a encontrar abogados en Badajoz y solicitar cita.

La nacionalidad por residencia se regula en el Código Civil y se tramita de forma telemática ante el Ministerio de Justicia, aunque en la práctica puedes necesitar cita y apoyo documental desde Badajoz. El plazo legal para resolver es de 1 año (art. 11 del RD 1004/2015), pero en la realidad puede alargarse a 1–3 años según carga de trabajo y requerimientos. Si pasa un año sin respuesta, cabe recurso contencioso por silencio. Reúne bien el expediente (antecedentes, empadronamiento, exámenes CCSE/DELE si aplica) para evitar retrasos. Recomendación: revisa tu caso con un abogado especializado antes de presentar; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados de nacionalidad en Badajoz.

El arraigo social es una autorización por circunstancias excepcionales regulada en la normativa de extranjería (LO 4/2000 y su reglamento). Habitualmente debes acreditar 3 años de permanencia continuada en España, carecer de antecedentes penales, y aportar un contrato de trabajo o medios de vida, además de informe de integración social (lo emite la Junta de Extremadura/servicios sociales según tu situación). Documentos típicos: pasaporte completo, empadronamiento histórico, pruebas de permanencia, antecedentes penales del país de origen, y documentación laboral o económica. En Badajoz el expediente se presenta ante la Oficina de Extranjería de la provincia. Recomendación: un abogado puede revisar requisitos y “pruebas de estancia” para evitar denegaciones.

Los plazos dependen del tipo de resolución. Como regla general, frente a una resolución administrativa de Extranjería puedes interponer recurso de reposición en 1 mes desde la notificación, o recurso contencioso-administrativo en 2 meses (Ley 39/2015 y Ley 29/1998). En expulsiones o sanciones, además, pueden existir medidas cautelares urgentes para evitar ejecución, por lo que el tiempo es crítico. En Badajoz, el contencioso se tramita ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad. Recomendación: no esperes al último día; lleva la notificación a un abogado para valorar la vía adecuada y pedir cautelares si procede.

No es obligatorio contratar abogado para renovar una autorización de residencia o modificarla, porque es un procedimiento administrativo que puedes presentar tú (normalmente por vía telemática) ante la Oficina de Extranjería. Sin embargo, un abogado es muy útil cuando hay periodos sin cotizar, ingresos justos, cambios de empleador, antecedentes policiales/penales, salidas prolongadas de España o denegaciones previas. Una renovación bien planteada reduce requerimientos y retrasos. En Badajoz también influye la disponibilidad de citas para huellas y la correcta preparación de tasas y formularios. Recomendación: si tu caso no es “de manual”, consulta con un especialista; en Keatia (keatia.es) puedes localizar y comparar abogados de Extranjería en Badajoz.

La reagrupación familiar permite traer a determinados familiares (cónyuge/pareja registrada, hijos, ascendientes en ciertos casos) si cumples requisitos de residencia, vivienda adecuada y medios económicos (LO 4/2000 y reglamento). Primero se solicita la autorización en España ante la Oficina de Extranjería de Badajoz; tras concederse, el familiar pide visado en el consulado. En términos orientativos, la primera fase puede tardar 1–3 meses, y el visado otras semanas según el consulado y la documentación. Es clave aportar contrato, nóminas/declaración de renta, informe de vivienda y certificados familiares apostillados. Recomendación: prepara traducciones y legalizaciones con antelación y deja que un abogado revise el expediente para evitar requerimientos.

No existe una “nacionalidad por matrimonio” automática, pero el matrimonio con español reduce el plazo de residencia exigido a 1 año (art. 22 del Código Civil), siempre que lleves un año casado y no estés separado, y residas legalmente en España. Debes acreditar buena conducta cívica, suficiente integración (examen CCSE y, si aplica, DELE), y aportar documentación: certificados de nacimiento y matrimonio, empadronamiento conjunto, antecedentes, pasaporte y tarjeta. El trámite se presenta ante el Ministerio de Justicia. Recomendación: antes de presentar, revisa posibles incidencias (inscripción del matrimonio, antecedentes, periodos fuera de España). Un abogado en Badajoz puede guiarte y ordenar el expediente para acelerar.

Un requerimiento es una solicitud de subsanación o aportación de documentos durante el expediente. Lo habitual es que te den 10 días hábiles para responder (Ley 39/2015), aunque revisa la notificación porque puede variar. Si no contestas a tiempo, pueden darte por desistido o denegar por falta de documentación. En la práctica, conviene presentar lo pedido cuanto antes y, si no es posible, justificarlo y solicitar ampliación de plazo cuando proceda. En Badajoz, muchos expedientes se gestionan telemáticamente, por lo que es clave subir los documentos correctamente y guardar justificantes. Recomendación: consulta rápido con un abogado; en Keatia (keatia.es) puedes encontrar profesionales en Badajoz con disponibilidad para urgencias.

Cuando Extranjería deniega una autorización o confirma una expulsión, puedes acudir a la vía judicial mediante recurso contencioso-administrativo (Ley 29/1998). En Badajoz, lo normal es presentar ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad, dentro del plazo general de 2 meses desde la notificación (o tras silencio, según el caso). Los tiempos dependen de la carga del juzgado: una sentencia puede tardar varios meses o más de un año; si hay urgencia, se pueden solicitar medidas cautelares para suspender la ejecución. Recomendación: valora con un abogado la estrategia, la prueba y la posibilidad de cautelares antes de demandar.