Abogados especializados en derecho de Familia en Salamanca

En Salamanca, el coste depende de si el asunto es de mutuo acuerdo o contencioso y de si hay hijos y bienes. Como orientación, un divorcio de mutuo acuerdo suele estar entre 700 y 1.500 € por pareja (si comparten abogado) más procurador (aprox. 150–300 €) y posibles gastos de notaría si se tramita ante notario sin hijos menores. Un contencioso suele moverse entre 1.800 y 4.000 € o más, según pruebas y vistas. Se aplica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Pide presupuesto cerrado por fases y valora comparar perfiles en Keatia (keatia.es) para encontrar abogados de Familia en Salamanca con experiencia.

Los plazos varían según el juzgado y si hay acuerdo. En mutuo acuerdo, tras presentar demanda con convenio regulador (art. 90 CC) y ratificar, puede resolverse en 1 a 3 meses, aunque depende de la carga del Juzgado de Primera Instancia de Salamanca que corresponda. En contencioso, es habitual que se alargue entre 6 y 12 meses (o más) por medidas provisionales, prueba y vista. El proceso se rige por la LEC. Pasos típicos: recopilar documentación, negociar convenio, presentar demanda, ratificación/vista y sentencia. Recomendación: preparar bien el convenio y la prueba desde el inicio para evitar dilaciones.

Para un divorcio con hijos, lo habitual es aportar: certificado literal de matrimonio (Registro Civil), certificados de nacimiento de los menores, certificado de empadronamiento (útil para competencia territorial), DNI/NIE, libro de familia si se dispone, y documentación económica (nóminas, IRPF, vida laboral, gastos escolares, hipoteca/alquiler, recibos). Si se plantea pensión de alimentos o compensatoria, conviene un detalle de ingresos y gastos y, si hay empresa, cuentas o modelos fiscales. El convenio regulador debe incluir custodia, visitas, alimentos y uso de vivienda (arts. 90 y 91 CC). Recomendación: lleva copias actualizadas y pide a tu abogado una lista cerrada según tu caso.

La custodia se decide por el interés superior del menor, aplicando el Código Civil (arts. 92 y ss.) y la práctica judicial. El juez valora, entre otros, la implicación previa de cada progenitor, disponibilidad horaria, cercanía de domicilios, capacidad de cooperación, red de apoyo, edad de los menores y su adaptación escolar y social. En Salamanca, la cercanía a colegios y actividades y la logística real (recogidas, turnos) pesa mucho. Puede solicitarse informe del Equipo Psicosocial adscrito al juzgado. Recomendación: documenta rutinas y cuidados, evita conflictos en comunicaciones y plantea un plan de parentalidad realista, no ideal.

La pensión de alimentos se fija en sentencia o convenio y puede modificarse cuando haya un cambio sustancial, estable y acreditable (art. 775 LEC). No existe un “plazo” único para pedir modificación: puede solicitarse en cuanto ocurra el cambio (pérdida de empleo, reducción de ingresos, nuevas necesidades del menor, etc.). Ojo: lo habitual es que la modificación produzca efectos desde la fecha de la demanda, no retroactivamente, por lo que conviene actuar pronto. Si hay impagos, puede iniciarse ejecución de sentencia y reclamarse cantidades vencidas. Recomendación: recopila pruebas del cambio (nóminas, SEPE, gastos) y consulta cuanto antes.

Para un divorcio judicial, incluso de mutuo acuerdo, normalmente se necesita abogado y procurador (LEC). La ventaja es que puede tramitarse con un solo abogado para ambos si hay acuerdo y no hay conflicto de intereses. Si no hay hijos menores o con discapacidad dependiente, el divorcio puede formalizarse ante notario mediante escritura pública (Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria), pero sigue siendo obligatoria la asistencia de abogado. En Salamanca, esta vía puede agilizar tiempos, aunque hay arancel notarial. Recomendación: confirma si cumples requisitos y compara profesionales en Keatia (keatia.es) para elegir un abogado de Familia con experiencia en la opción más rápida.

Si se incumple el régimen de visitas o custodia fijado en sentencia/convenio, lo habitual es acudir al juzgado con una demanda de ejecución (LEC), solicitando que se requiera el cumplimiento e incluso medidas coercitivas. Si hay un traslado o retención del menor sin consentimiento o sin autorización judicial, puede haber medidas urgentes y, en supuestos graves, implicaciones penales (p. ej., sustracción de menores del art. 225 bis del Código Penal). En Salamanca, documenta cada incidencia: mensajes, testigos, partes policiales si procede, y evita actuaciones unilaterales. Recomendación: consulta de inmediato con un abogado de Familia para valorar la vía civil y, si procede, la penal.

El uso de la vivienda familiar se decide pensando, sobre todo, en la protección de los menores (art. 96 CC): si hay hijos, suele atribuirse el uso al progenitor custodio y a los menores, aunque la propiedad sea de ambos. Esto no cambia automáticamente la titularidad de la vivienda ni la obligación hipotecaria frente al banco: si ambos firmaron, ambos responden, salvo novación con la entidad. En régimen de gananciales, la liquidación puede hacerse después del divorcio, de mutuo acuerdo o judicialmente. Recomendación: negocia un plan realista (uso, gastos, venta, extinción de condominio) y busca asesoramiento; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados de Familia en Salamanca con experiencia en liquidaciones.

Conviene contactar con un abogado antes de “dar pasos” que puedan perjudicarte: firmar acuerdos privados, abandonar la vivienda sin asesoramiento, cortar pagos, o iniciar conversaciones tensas sobre hijos. Un abogado puede orientar sobre medidas provisionales (custodia, uso de vivienda, pensiones), preparar una negociación con propuestas equilibradas y evitar errores de prueba. También te ayudará a calcular escenarios según ingresos y gastos y a redactar un convenio regulador sólido (art. 90 CC). En Salamanca, anticiparse es clave para que el asunto llegue ordenado al Juzgado de Primera Instancia competente. Recomendación: pide una primera consulta y lleva documentación básica para obtener una estrategia clara.