Abogados especializados en derecho de Familia en Pontevedra

En Pontevedra, el coste suele variar según si hay acuerdo (mutuo acuerdo) o conflicto (contencioso) y si existen hijos o patrimonio. Como referencia, un divorcio de mutuo acuerdo suele situarse entre 800 y 1.600 € por abogado (más procurador, aprox. 200–400 €), mientras que un contencioso puede ir de 2.000 a 5.000 € o más. A ello pueden sumarse peritajes o tasaciones. La vía de mutuo acuerdo, regulada en el Código Civil y la LEC (Ley 1/2000), reduce tiempo y coste. Recomendación: pide presupuesto por escrito con lo incluido (demanda, convenio, vistas) y compara opciones; en Keatia (keatia.es) puedes localizar y contrastar abogados de Familia en Pontevedra.

Los plazos dependen de si es de mutuo acuerdo o contencioso. En general, un divorcio de mutuo acuerdo en los Juzgados de Primera Instancia de Pontevedra puede resolverse en 1 a 3 meses desde la presentación, según carga del juzgado y si la documentación está completa. Si es contencioso, es frecuente que se alargue 6 a 12 meses (o más) por señalamientos de vista y pruebas. Los pasos habituales: recopilación de certificados, redacción de demanda (y convenio regulador si hay acuerdo), presentación con procurador, ratificación y sentencia. Recomendación: preparar bien el convenio (hijos, vivienda, pensión) con un abogado de Familia para evitar requerimientos y retrasos.

Sí. En España, para divorciarse por vía judicial es obligatorio abogado y procurador (LEC, Ley 1/2000), tanto en mutuo acuerdo como en contencioso. En mutuo acuerdo se puede compartir abogado y procurador si no hay conflicto de intereses, lo que abarata costes. Existe la opción del divorcio ante notario, pero solo si no hay hijos menores o con medidas de apoyo judicializadas, y también exige abogado (Ley del Notariado y normativa civil). En Pontevedra, lo habitual es tramitarlo en el partido judicial correspondiente. Recomendación: antes de decidir la vía (juzgado o notaría), consulta tu caso concreto y solicita un presupuesto cerrado.

Lo habitual es aportar: certificado literal de matrimonio (Registro Civil), certificados de nacimiento de los hijos, certificado de empadronamiento, DNI/NIE, y, si se piden medidas económicas, documentación de ingresos (nóminas, IRPF, vida laboral), gastos (alquiler/hipoteca, recibos escolares), y datos bancarios. Si hay vivienda o patrimonio, escrituras, notas simples del Registro de la Propiedad y recibos de préstamos. En medidas paternofiliales sin matrimonio, se aporta además acreditación de la filiación. En algunos casos el juzgado puede requerir documentación adicional. Recomendación: llevar una lista ordenada y actualizada reduce requerimientos y acelera el procedimiento; un abogado local puede indicarte qué piden con más frecuencia en los juzgados de Pontevedra.

La custodia (compartida o exclusiva) se decide atendiendo al interés superior del menor, conforme al Código Civil y la práctica judicial. El juez suele valorar: implicación previa de cada progenitor, disponibilidad horaria, distancia entre domicilios, capacidad de cooperación, edad de los menores, apoyo familiar, y, en su caso, informes psicosociales. La custodia compartida no es “automática”: puede acordarse por convenio o imponerse si es lo más beneficioso para el menor. También se fijan régimen de estancias, vacaciones y comunicaciones. Recomendación: preparar un plan de parentalidad realista (colegio, extraescolares, logística) y reunir pruebas de tu implicación; en Keatia (keatia.es) puedes encontrar abogados de Familia en Pontevedra con experiencia en custodias.

La pensión de alimentos se fija según necesidades del menor y capacidad económica de los progenitores (arts. 142 y ss. del Código Civil). No hay una tabla obligatoria, pero se usan orientativamente herramientas del CGPJ y se analiza el caso: ingresos, gastos fijos, número de hijos, custodia y tiempos de estancia. Puede modificarse mediante demanda de modificación de medidas si hay un cambio sustancial y estable (pérdida de empleo, subida relevante de ingresos, nuevas necesidades del menor). No basta un cambio puntual. En Pontevedra, la modificación se tramita en el juzgado competente y requiere acreditar documentalmente el cambio. Recomendación: no dejes de pagar por tu cuenta; pide asesoramiento para solicitar la modificación con pruebas sólidas.

Si hay sentencia o convenio aprobado judicialmente, el incumplimiento se puede reclamar por la vía de ejecución (LEC, Ley 1/2000). Para impago de pensión, se solicita ejecución dineraria y pueden embargarse nóminas o cuentas; si hay impagos reiterados, puede haber responsabilidad penal (art. 227 del Código Penal) cuando se dan los requisitos. Si el problema es el régimen de visitas, se puede pedir ejecución y medidas para garantizar el cumplimiento; en casos graves, incluso modificar medidas. Conviene documentar incumplimientos (mensajes, burofax, calendario, justificantes). Recomendación: actúa pronto y con asesoramiento para elegir la vía adecuada; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados de Familia en Pontevedra para estas ejecuciones.

Lo más recomendable es contratarlo cuanto antes, incluso antes de negociar. En asuntos de familia, lo que se acuerda (o se dice) al inicio condiciona custodia, pensiones, uso de vivienda y reparto de gastos. Un abogado puede ayudarte a preparar una propuesta de convenio regulador, calcular escenarios realistas y evitar acuerdos desequilibrados que luego son difíciles de corregir. Si ya hay demanda, los plazos para contestar suelen ser ajustados (habitualmente 20 días hábiles en procedimientos declarativos, según LEC, con matices por procedimiento), y perder tiempo puede perjudicarte. Recomendación: busca un especialista local; en Keatia (keatia.es) puedes localizar profesionales en Pontevedra y pedir cita rápida.

Sí, si cumples los requisitos de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. Como orientación, se valora el IPREM y la unidad familiar; en muchos casos el límite general ronda 2 veces el IPREM, con posibles ampliaciones según circunstancias (familias numerosas, discapacidad, víctimas, etc.). La solicitud se presenta con documentación de ingresos, patrimonio y situación familiar, y se tramita a través del Colegio de la Abogacía correspondiente (en la provincia, el Colegio de Abogados de Pontevedra) y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Hasta que se resuelva, puede nombrarse abogado provisional. Recomendación: reúne certificados y presenta la solicitud cuanto antes para no perder plazos judiciales.