Abogados especializados en derecho de Familia en Cádiz

El precio depende sobre todo de si hay acuerdo o conflicto. En Cádiz, un divorcio de mutuo acuerdo suele moverse, como orientación, entre 800 y 1.800 € por todo el procedimiento (si es un único abogado para ambos, el coste puede repartirse), más procurador (aprox. 150–300 €) y, si procede, notaría. Si es contencioso, es frecuente ver rangos de 1.500 a 4.000 € o más, según medidas, pruebas y vistas. Se aplica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pide presupuesto cerrado y por fases. En keatia.es puedes comparar perfiles y solicitar presupuestos de abogados de Familia en Cádiz.

En España, el divorcio puede solicitarse tras 3 meses de matrimonio (art. 81 y ss. del Código Civil, con excepciones por riesgo). En Cádiz, los tiempos varían según el juzgado y si hay acuerdo. De mutuo acuerdo suele resolverse en 1–3 meses desde la presentación, mientras que un contencioso puede irse a 6–12 meses o más, especialmente si hay medidas sobre hijos. Pasos: recopilar documentación, redactar convenio o demanda, presentación en el Juzgado de Familia/Primera Instancia, ratificación (si hay acuerdo) y sentencia. Aporta previsión realista y pide a tu abogado estrategia y calendario aproximado.

Si el convenio regulador se tramita judicialmente (divorcio/separación con hijos o cuando se presenta demanda), normalmente necesitarás abogado y procurador, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. En divorcios sin hijos menores, en algunos supuestos puede acudirse a notaría (divorcio notarial) con asistencia letrada, pero no es válido si hay hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente. El convenio debe cubrir custodia, visitas, pensión de alimentos, uso de vivienda y gastos extraordinarios. En Cádiz conviene que lo revise un especialista para evitar cláusulas inválidas. En keatia.es puedes localizar abogados de Familia en Cádiz que preparen y negocien convenios.

La custodia se decide priorizando el interés superior del menor, conforme al Código Civil y la doctrina de los tribunales. La custodia compartida es posible y cada vez más habitual, pero no es “automática”: se valora la implicación previa, disponibilidad, cercanía de domicilios, comunicación entre progenitores, horarios, edad de los niños y, si procede, informes psicosociales. En procedimientos contenciosos en Cádiz puede intervenir el equipo psicosocial adscrito al juzgado, lo que influye en tiempos. Prepara pruebas prácticas (calendarios, colegio, médicos, mensajes) y un plan de parentalidad realista. Un abogado local puede orientarte sobre criterios que siguen los juzgados de la zona.

La pensión de alimentos se fija según necesidades del menor y capacidad económica de cada progenitor (arts. 142 y ss. del Código Civil). No hay una “tabla obligatoria”, aunque existen criterios orientadores y herramientas del CGPJ que ayudan a estimar importes en función de ingresos, número de hijos y reparto de tiempos. En Cádiz, como orientación, se ven pensiones que pueden oscilar desde 150–250 € por hijo en rentas bajas hasta 400–700 € o más en rentas medias-altas, además del reparto de gastos extraordinarios (dentista, gafas, actividades no ordinarias). La pensión se actualiza normalmente por IPC anual. Documenta nóminas, alquiler/hipoteca y gastos del menor, y solicita asesoramiento para evitar acuerdos inviables.

Aunque cada caso cambia, lo habitual es aportar: certificado literal de matrimonio (Registro Civil), certificados de nacimiento de los hijos, DNI/NIE, certificado de empadronamiento, libro de familia (si existe), convenio regulador si hay acuerdo, y documentación económica (nóminas, IRPF, vida laboral, extractos, hipoteca/alquiler, gastos de colegio/guardería, seguros médicos). Si se discute el uso de vivienda, conviene nota simple del Registro de la Propiedad y recibos. Para medidas urgentes, añade pruebas del riesgo o necesidad (partes médicos, denuncias, comunicaciones). Un abogado en Cádiz puede indicarte qué pedir según el juzgado y el tipo de procedimiento. En keatia.es puedes encontrar profesionales que te guíen con un checklist adaptado.

Conviene contratar abogado antes de dejar de pagar o de cambiar de facto el régimen. La modificación de medidas exige un cambio sustancial, estable y relevante (por ejemplo, pérdida de empleo, cambio de horarios, mudanza, nuevas necesidades del menor), y se tramita judicialmente conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. No hay un “plazo único”, pero cuanto antes se presente, antes podrá surtir efecto la nueva medida; los atrasos de pensión pueden generar ejecución y embargos. Reúne pruebas del cambio (nóminas, contratos, informes escolares o médicos) y propone una alternativa realista. Un abogado de Cádiz te dirá si procede demanda o un acuerdo para homologar.

Si hay sentencia o convenio aprobado judicialmente, puedes iniciar una ejecución de sentencia en el juzgado que conoció del asunto (Ley de Enjuiciamiento Civil). Se reclaman cantidades vencidas y no pagadas, con intereses y, en ocasiones, costas. Medidas habituales: embargo de nómina, cuentas, devoluciones de Hacienda o bienes. Si el impago es reiterado y voluntario, puede existir relevancia penal (art. 227 del Código Penal), aunque suele ser una vía que exige valorar bien requisitos y prueba. No esperes meses sin actuar: guarda justificantes, calcula la deuda y solicita ejecución cuanto antes. Un abogado de Familia en Cádiz te ayudará a elegir la vía más eficaz y a evitar errores de forma.

Cuando existe violencia de género o doméstica, puede intervenir el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz (si procede por competencia). Se pueden solicitar medidas urgentes: orden de protección, alejamiento, atribución de uso de vivienda, suspensión o limitación del régimen de visitas y medidas civiles provisionales sobre hijos, conforme a la Ley Orgánica 1/2004 y normativa procesal. Los plazos pueden ser rápidos: tras denuncia, es posible una comparecencia urgente para valorar medidas. Es clave aportar pruebas (partes médicos, atestados, mensajes, testigos) y priorizar seguridad. Busca asesoramiento inmediato y no firmes acuerdos de custodia sin valoración del riesgo. En casos sensibles, contar con un abogado especializado en Cádiz marca la diferencia en la protección y en el enfoque procesal.