Abogados especializados en derecho de Familia en Araba/Álava

En Araba/Álava, el coste depende de si el divorcio es de mutuo acuerdo o contencioso y de si hay menores, vivienda o patrimonio. Como orientación, un mutuo acuerdo suele situarse entre 700 y 1.500 € por pareja (más procurador y tasas de copias), mientras que un contencioso puede ir de 1.500 a 4.000 € o más, según pruebas y vistas. Además, pueden existir gastos de procurador (aprox. 200–500 €) y peritajes. La base legal está en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Recomendación: pide presupuesto cerrado y por fases; en keatia.es puedes comparar abogados de Familia en Araba/Álava y solicitar contacto.

El plazo varía por la carga del Juzgado de Primera Instancia (Familia) de Vitoria-Gasteiz y por el tipo de procedimiento. El divorcio de mutuo acuerdo suele resolverse en 1 a 3 meses desde la presentación si la documentación está completa; el contencioso puede alargarse 6 a 18 meses, especialmente si hay medidas provisionales y prueba pericial. Legalmente, para divorciarse no hace falta causa, pero sí que hayan pasado 3 meses desde el matrimonio (art. 81 del Código Civil), salvo riesgo para la vida o integridad. Recomendación: preparar convenio y documentación con antelación para evitar requerimientos; un abogado local puede anticipar tiempos reales por juzgado.

En España, el divorcio judicial exige abogado y procurador (arts. 23 y 31 LEC), también en Araba/Álava, aunque sea de mutuo acuerdo. La pareja puede compartir abogado y procurador si no hay conflicto de intereses, lo que reduce costes. Alternativamente, si no hay hijos menores ni dependientes y el convenio es sencillo, existe la vía notarial (Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria), pero igualmente requiere abogado, aunque no procurador. En la práctica, muchos casos con vivienda o pensiones se tramitan en juzgado. Recomendación: antes de firmar, revisa con un especialista el convenio regulador (custodia, pensión, uso de vivienda) para evitar problemas futuros.

Para solicitar medidas sobre hijos (custodia, visitas, alimentos) en Araba/Álava, normalmente se aporta: certificado literal de nacimiento de los menores, certificado de empadronamiento, libro de familia o equivalente, justificantes de ingresos (nóminas, IRPF, vida laboral), gastos de los menores (colegio, comedor, extraescolares, médicos), y documentos sobre vivienda (escritura/contrato de alquiler e hipoteca). Si pides medidas urgentes, también pruebas del riesgo o conflicto (informes, denuncias, comunicaciones). El marco legal está en el Código Civil (arts. 90, 93, 94 y 158) y la LEC para el procedimiento. Recomendación: ordena y cuantifica gastos mensuales; un abogado puede orientar la estrategia y evitar requerimientos del juzgado.

La pensión de alimentos se fija según las necesidades del menor y la capacidad económica de cada progenitor (art. 93 del Código Civil). En Vitoria-Gasteiz y el resto de Álava, los juzgados suelen valorar ingresos netos, gastos fijos, tiempos de custodia y necesidades reales (colegio, salud, vivienda). No existe una tabla obligatoria estatal, pero se usan criterios orientadores y calculadoras del CGPJ como referencia. Si no se paga, puedes ejecutar la sentencia (embargo de nómina o cuentas) mediante la LEC, y si el impago es reiterado puede tener consecuencias penales (art. 227 del Código Penal). Recomendación: guarda justificantes de pago y, ante impago, consulta rápido para acumular menos deuda.

La custodia compartida implica que ambos progenitores asumen tiempos de convivencia y cuidado de forma equilibrada, mientras que la exclusiva atribuye la convivencia principal a uno y regula visitas del otro. Los juzgados de Vitoria-Gasteiz priorizan el interés superior del menor, valorando la implicación previa, disponibilidad horaria, proximidad de domicilios, cooperación entre progenitores, edad de los hijos y, si procede, informes psicosociales. La base es el art. 92 del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera la compartida una opción normal si es beneficiosa. Recomendación: plantea un plan de parentalidad realista (horarios, colegio, vacaciones) y deja constancia de tu implicación; en keatia.es puedes localizar abogados de Familia en Araba/Álava con experiencia en custodia.

Las medidas provisionales (previas o coetáneas a la demanda) sirven para regular de forma urgente custodia, uso de vivienda, pensiones y régimen de visitas mientras se tramita el procedimiento principal (arts. 771 a 773 LEC). En Álava conviene pedirlas cuando hay necesidad inmediata: uno de los progenitores se va del domicilio, se corta la contribución económica, hay riesgo de sustracción, o la convivencia es insostenible. Suelen señalarse con relativa rapidez, pero depende del Juzgado de Primera Instancia competente. Prepararlas exige aportar indicios y documentación económica desde el inicio. Recomendación: no esperes a “arreglarlo hablando” si el día a día ya está afectado; busca asesoramiento temprano. En keatia.es puedes comparar abogados de Familia en Araba/Álava y solicitar cita.

Sí, se puede solicitar una modificación de medidas cuando exista un cambio sustancial, estable y acreditable respecto a lo que se fijó en sentencia o convenio (por ejemplo, pérdida de empleo, aumento relevante de ingresos, cambio de necesidades del menor, mudanza). Se tramita judicialmente conforme a la LEC y al Código Civil, y exige probar el cambio con documentación (nóminas, SEPE, gastos, informes escolares o médicos). Los plazos en Araba/Álava varían por juzgado: orientativamente 4 a 10 meses, pudiendo alargarse si hay pericial o alta conflictividad. Recomendación: no dejes de cumplir lo vigente hasta que se modifique; consulta antes de actuar. En keatia.es puedes encontrar abogados en Álava para valorar la viabilidad.

Si hay violencia de género, además de las consecuencias penales, se pueden acordar medidas civiles urgentes: atribución de uso de vivienda, custodia, régimen de visitas supervisado o suspendido, y pensiones provisionales. En Vitoria-Gasteiz interviene el Juzgado de Violencia sobre la Mujer cuando existe denuncia y relación de pareja, y puede dictarse una Orden de Protección (Ley Orgánica 1/2004 y arts. 544 ter y ss. LECrim). Las medidas civiles de la orden tienen vigencia inicial de 30 días y deben ratificarse en el procedimiento civil/familia correspondiente. Recomendación: prioriza la seguridad, recopila pruebas y busca asesoramiento especializado cuanto antes; un abogado local te guiará en los pasos y en la coordinación entre juzgados.