Abogados especializados en derecho Consumidores y Usuarios en A Coruña

Los honorarios varían según la cuantía, la prueba disponible y si el asunto se resuelve por negociación o llega a juicio. En A Coruña, una consulta suele rondar 60–120 € (a veces se descuenta si contratas), una reclamación extrajudicial puede costar 150–400 €, y un procedimiento judicial completo suele moverse entre 900–2.500 € más IVA, además de posibles gastos (burofax, peritajes). Si la cuantía es baja, valora si compensa o si basta con una reclamación ante Consumo. Pide presupuesto por escrito y plan de pasos; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados en A Coruña y solicitar cita.

Si compras a un empresario (tienda, web), la garantía legal de bienes nuevos en España es de 3 años desde la entrega (Real Decreto Legislativo 1/2007, tras la reforma del RDL 7/2021). Durante los primeros 2 años, se presume que el defecto ya existía; en el tercer año puede exigirse acreditar el origen. Además, el vendedor responde por falta de conformidad y debes comunicarla en un plazo razonable desde que la detectas. Si se trata de una reparación/servicio, aplica normativa de consumo y contrato: guarda resguardos, presupuesto y factura. Si el comercio no responde, un abogado puede reclamar y, si toca, demandar en A Coruña.

En telecomunicaciones conviene seguir un orden: 1) reclamar primero a la operadora (número de incidencia y copia de la reclamación); 2) si no contestan o no solucionan, acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (vía estatal, con plazo general de 3 meses desde la respuesta o desde que debieron responder) y/o a Consumo si procede. Para cobros, guarda facturas, contrato, pantallazos y comunicaciones. Si hay penalización por permanencia, revisa si hubo modificación unilateral del contrato o incumplimiento de calidad. Un abogado puede cuantificar daños y plantear demanda en los juzgados de A Coruña si la vía administrativa no basta; en Keatia (keatia.es) puedes localizar especialistas.

Depende del objetivo. Para presentar una hoja de reclamaciones, acudir a la OMIC/Instituto Galego do Consumo y da Competencia o solicitar arbitraje de consumo, normalmente no necesitas abogado: es una vía más simple y gratuita o de bajo coste. Ahora bien, si hay cláusulas contractuales complejas, cuantías relevantes o quieres pedir indemnización por daños y perjuicios, un abogado aporta estrategia y pruebas. En vía judicial, si la cuantía supera 2.000 € necesitarás abogado y procurador en el juicio verbal; por debajo de 2.000 € puedes ir sin ellos, aunque suele ser recomendable. Si el asunto termina en el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, mejor ir bien preparado.

Cuanta más prueba aportes, más fácil será negociar o demandar. Lleva: contrato o condiciones de compra/servicio, factura y justificante de pago, correos/WhatsApp con la empresa, capturas de pantalla (publicidad, precio, condiciones), garantías, partes de reparación, fotografías o vídeos del defecto, y cualquier reclamación previa (hoja de reclamaciones, burofax, número de incidencia). Si hubo financiación, aporta el contrato de crédito vinculado. También es útil un resumen cronológico con fechas. Con esto, el abogado valorará si procede resolución del contrato, reparación/sustitución, rebaja del precio o indemnización conforme al TRLGDCU. En Keatia (keatia.es) puedes encontrar abogados en A Coruña y consultar qué documentación piden antes de la cita.

Los plazos varían según el tipo de reclamación y la carga del juzgado. Una reclamación extrajudicial bien planteada (burofax o negociación) puede resolverse en 2–6 semanas. Si se presenta demanda, en un juicio verbal (frecuente en consumo) es habitual que la señalamiento y resolución tarden varios meses; en la práctica, puede irse a 6–12 meses o más si hay prueba pericial o incidencias. Si se trata de un ordinario (cuantías altas), puede alargarse más. En A Coruña conocer la dinámica del Juzgado de Primera Instancia competente ayuda a planificar. Recomendación: intentar acuerdo con pruebas sólidas, pero preparar el pleito desde el inicio.

Sí, en muchos casos existe derecho de desistimiento: 14 días naturales desde la recepción del bien o desde la celebración del contrato de servicios (TRLGDCU). Si la empresa no informó correctamente del desistimiento, el plazo puede ampliarse hasta 12 meses. Hay excepciones (productos personalizados, contenido digital ya ejecutado con consentimiento, etc.). En la práctica, conviene desistir por escrito y con prueba (correo certificado o burofax), devolver el producto y conservar justificantes. Si la empresa te pone trabas o cobra penalizaciones indebidas, un abogado puede reclamar devolución de importes y, si procede, daños. En Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados de consumo en A Coruña para este tipo de cancelaciones.

En vuelos, pueden aplicarse derechos del Reglamento (CE) 261/2004 (compensación por retraso/cancelación, asistencia y reembolso o transporte alternativo), además del Convenio de Montreal para ciertos daños. La compensación típica es de 250/400/600 € según distancia, salvo causas extraordinarias acreditadas. En viajes combinados, el TRLGDCU establece obligaciones de organizador y minorista, con derecho a reembolso y, en su caso, indemnización. Reúne billetes, localizadores, comunicaciones y gastos (hotel, comidas). Primero reclama por escrito y fija plazo; si no responden, un abogado puede demandar. En A Coruña, el asunto suele tramitarse en los Juzgados de Primera Instancia según cuantía y domicilio del consumidor.

Merece la pena cuando hay dinero relevante en juego, la empresa es resistente, o necesitas una solución completa (devolución + daños + intereses + costas). También si hay cláusulas abusivas, financiación vinculada, ventas agresivas o problemas con grandes compañías (telecos, energéticas, seguros). La vía de Consumo o arbitraje puede ser eficaz, pero no siempre es vinculante para la empresa o no cubre indemnizaciones complejas. Un abogado puede diseñar la estrategia, fijar la cuantía, preparar prueba y negociar con firmeza antes de demandar. En A Coruña, además, conocer criterios de los juzgados y del Colegio de la Abogacía local ayuda a encontrar especialistas. Recomendación: pide una valoración inicial y un presupuesto cerrado.