Abogados especializados en derecho Concursal en Bizkaia

Los honorarios de un abogado concursal en Bizkaia varían según si se trata de un concurso de persona física, una empresa, o un preconcurso. Como referencia orientativa: una consulta inicial suele estar entre 60 y 150 €, y la dirección letrada de un procedimiento puede ir desde 1.200–2.500 € en casos sencillos hasta 4.000–8.000 € o más si hay múltiples acreedores, litigios o continuidad de actividad. Además, en concursos puede intervenir administración concursal, con costes propios fijados por el juzgado según el TRLC. Pide presupuesto cerrado por fases (preparación, solicitud, incidentes). Para comparar opciones en Bizkaia, Keatia (keatia.es) te ayuda a localizar especialistas y solicitar varias propuestas.

En España, el deber de solicitar el concurso se activa cuando existe insolvencia actual. El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) establece, con carácter general, un plazo de 2 meses desde que el deudor conoce o debe conocer su insolvencia para presentar concurso. Desde la reforma de 2022, también existen mecanismos preconcursales (comunicación de apertura de negociaciones) que pueden dar un margen para negociar con acreedores sin que se dispare el deber de solicitar concurso de inmediato, pero hay plazos estrictos. En Bizkaia, estos procedimientos se tramitan en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao. La recomendación es consultar cuanto antes para evitar responsabilidades de administradores y planificar la estrategia.

En la práctica, para tramitar un concurso de acreedores en Bizkaia lo habitual es necesitar abogado y procurador, especialmente si se trata de una empresa o si el asunto tiene cierta complejidad. El TRLC contempla supuestos muy tasados de intervención reducida en procedimientos específicos, pero el concurso suele exigir escritos técnicos (memoria, inventario, lista de acreedores, documentación contable), comparecencias y posibles incidentes. Además, en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao los trámites son formales y los errores documentales pueden retrasar o complicar el procedimiento. Lo recomendable es contar con un profesional desde la fase previa para preparar la documentación y valorar alternativas (planes de reestructuración, acuerdos, etc.).

Para solicitar el concurso se exige una base documental sólida. En general, tendrás que aportar: memoria económica y jurídica explicando la insolvencia, inventario de bienes y derechos con valoraciones, relación de acreedores con cuantías y vencimientos, cuentas anuales y libros contables (si eres sociedad), contratos relevantes, nóminas y deudas con Seguridad Social y Hacienda, y extractos bancarios. En persona física, se piden también ingresos, patrimonio, préstamos, avales y cargas (hipoteca, embargos). El TRLC regula el contenido mínimo y los juzgados pueden requerir subsanaciones. En Bizkaia conviene preparar todo con un abogado concursal para evitar requerimientos que alarguen plazos. Si buscas especialistas, Keatia (keatia.es) permite comparar abogados concursales en la provincia.

Los plazos dependen del tipo de concurso (sin masa, abreviado, ordinario), del número de acreedores y de si hay impugnaciones. En términos orientativos, un concurso “sin masa” puede resolverse en 3 a 6 meses si la documentación está completa y no hay incidencias. Un concurso ordinario con bienes, continuidad de actividad o litigios puede irse a 12–24 meses o más. La carga de trabajo del Juzgado de lo Mercantil (Bilbao) también influye. Para acelerar, es clave presentar desde el inicio un inventario y lista de acreedores bien armados, y anticipar conflictos (por ejemplo, créditos privilegiados o garantías). Recomendación: pide una estimación realista por fases y un plan de actuación antes de presentar.

La declaración de concurso puede producir efectos de paralización o suspensión de ejecuciones, pero no es automático ni igual para todos los casos. Con carácter general, el concurso centraliza la ejecución patrimonial en el juzgado concursal (TRLC) y puede suspender ejecuciones singulares, aunque hay matices para créditos con garantía real (hipotecas, prendas) y para ejecuciones administrativas. También existe la vía preconcursal (comunicación de negociaciones) que puede dar una protección temporal frente a ejecuciones durante un periodo limitado, si se cumplen requisitos. En Bizkaia conviene analizar rápido qué embargos tienes (AEAT, TGSS, juzgados) y diseñar estrategia. Para encontrar un abogado concursal con experiencia, Keatia (keatia.es) es un buen recurso local.

La llamada “Ley de Segunda Oportunidad” se articula hoy dentro del TRLC como el procedimiento para que una persona física (con o sin actividad empresarial) pueda obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) si cumple requisitos. En la práctica suele implicar un concurso de acreedores de persona física, con o sin liquidación, y la posible aprobación de un plan de pagos para determinadas deudas no exonerables. No todas las deudas se borran (por ejemplo, parte de deudas públicas tiene límites). En Bizkaia lo tramitan los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao. Recomendación: antes de iniciar, revisa tu mapa de deudas y bienes con un abogado especializado para elegir la vía más favorable.

Conviene contratar a un abogado concursal en cuanto detectes señales de insolvencia: impagos recurrentes, tensiones de tesorería, refinanciaciones fallidas, embargos, o imposibilidad de pagar nóminas/impuestos. Esperar “a ver si mejora” puede aumentar el riesgo de responsabilidades del administrador (por incumplir el deber de solicitar concurso en plazo) y empeorar tu posición negociadora. Un abogado puede valorar si te interesa un plan de reestructuración, una comunicación preconcursal, o un concurso “sin masa”, y ayudarte a preparar documentación y mensajes a acreedores. En Bizkaia, donde el procedimiento se canaliza por lo Mercantil de Bilbao, una estrategia temprana suele ahorrar tiempo y costes. Para comparar profesionales, Keatia (keatia.es) facilita encontrar especialistas cercanos.

Si eres administrador y la sociedad entra en insolvencia, actuar tarde puede generar consecuencias. Además del deber general de solicitar concurso en 2 meses desde que se conoce la insolvencia (TRLC), la conducta previa se analiza y puede derivar en calificación culpable en determinados supuestos (por ejemplo, irregularidades contables, alzamiento de bienes, agravación de la insolvencia). Aunque la responsabilidad no es automática, el riesgo aumenta cuando se oculten activos, se favorezca a ciertos acreedores o se incumplan obligaciones contables y fiscales. En Bizkaia, el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao y la administración concursal revisan documentación y movimientos relevantes. Recomendación: pide asesoramiento inmediato, documenta decisiones y prepara un plan para minimizar contingencias.