Abogados especializados en derecho Comunitario en Málaga

Los honorarios en asuntos de derecho comunitario/Unión Europea en Málaga varían según si se trata de asesoramiento (por ejemplo, residencia de familiar de ciudadano UE) o de un litigio contencioso. Como referencia, una consulta suele costar entre 60 y 120 €, y un expediente administrativo completo puede situarse entre 600 y 1.800 €. Si hay recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, el rango habitual puede ir de 1.500 a 4.000 € (más procurador y posibles peritajes). El marco normativo suele combinar Derecho UE, Ley 39/2015 y, en extranjería, RD 240/2007. Recomendación: pide presupuesto por escrito y compara perfiles y experiencia; en Keatia (keatia.es) puedes localizar y comparar abogados en Málaga por especialidad.

Los plazos dependen del tipo de recurso y de la notificación. Con carácter general, el recurso de alzada (si procede) se presenta en 1 mes desde la notificación (art. 121 Ley 39/2015). El recurso potestativo de reposición también es de 1 mes (art. 124). Si decides ir directamente a la vía judicial, el recurso contencioso-administrativo suele tener 2 meses desde la notificación del acto expreso (art. 46 LJCA). En Málaga, el contencioso se tramita ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, y es muy importante calcular bien días inhábiles y notificación electrónica. Recomendación: consulta cuanto antes para elegir la vía adecuada y evitar caducidades.

Para la tarjeta de familiar de ciudadano de la UE (régimen comunitario) suelen pedir: pasaporte en vigor, certificado de registro del ciudadano UE (o NIE), prueba del vínculo (matrimonio, pareja registrada, nacimiento), empadronamiento conjunto en Málaga, medios económicos del ciudadano UE (contrato, nóminas, vida laboral, o recursos suficientes), y cobertura sanitaria (Seguridad Social o seguro). La base principal es el RD 240/2007 y la normativa de la UE sobre libre circulación. En la práctica, la Oficina de Extranjería exige que el ciudadano UE cumpla las condiciones de residencia (trabajador, estudiante o con recursos). Recomendación: revisa la consistencia de empadronamiento y pruebas de convivencia; un abogado puede preparar el expediente y prevenir requerimientos.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, como regla general, necesitas abogado y procurador para interponer demanda (LJCA). Hay excepciones muy concretas en procedimientos de cuantía baja ante Juzgados, pero en la práctica, en extranjería, sanciones o denegaciones administrativas, lo habitual es ir con profesionales porque el proceso exige demanda fundamentada, prueba y control de plazos. En Málaga, los asuntos se ven en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga y, en apelación, en el TSJ de Andalucía (Sala de Granada). Además, conviene valorar medidas cautelares si hay urgencia (por ejemplo, expulsión o pérdida de autorización). Recomendación: consulta antes de que venza el plazo de 2 meses y solicita presupuesto cerrado si es posible.

Las denegaciones por medios económicos insuficientes o dudas de convivencia son frecuentes. Primero, revisa la resolución y el motivo exacto: a veces basta con aportar contrato, nóminas, vida laboral, extractos o seguro médico; otras, conviene reforzar convivencia con empadronamiento histórico, contrato de alquiler, facturas, hijos comunes o comunicaciones. Puedes presentar reposición o alzada en 1 mes (Ley 39/2015) si procede, o acudir al contencioso en 2 meses (art. 46 LJCA). En Málaga, un buen enfoque es preparar el expediente probatorio desde el inicio para evitar requerimientos. Recomendación: busca un abogado con experiencia en comunitario y contencioso; en Keatia (keatia.es) puedes comparar especialistas en Málaga y pedir una primera orientación.

Los tiempos reales dependen de la carga de la Oficina de Extranjería y de si hay requerimientos. Orientativamente, una resolución puede tardar entre 1 y 4 meses, aunque puede alargarse si piden subsanación. Si la Administración no resuelve en plazo, hay que distinguir el tipo de procedimiento: el silencio administrativo puede tener efectos distintos según el trámite concreto y la norma aplicable, por lo que no conviene asumir automáticamente que es favorable. A menudo, lo práctico es solicitar estado del expediente, aportar lo requerido y, si procede, activar recursos por inactividad o acudir a la vía judicial. Recomendación: guarda justificantes de presentación y controla plazos con un abogado para decidir si insistir, recurrir o judicializar.

Conviene contar con abogado desde el principio si hay antecedentes de denegaciones, periodos sin empadronamiento conjunto, dudas sobre recursos económicos, divorcio o separación, o si el ciudadano UE no trabaja y se depende de recursos/seguro. También es recomendable si hay sanciones, expulsión, o necesidad de medidas cautelares. Un abogado especializado en derecho comunitario y extranjería te ayuda a encajar el caso en el RD 240/2007, preparar pruebas, responder requerimientos y elegir la mejor vía de recurso (Ley 39/2015 y LJCA). En Málaga, además, conoce criterios prácticos y cómo se litiga ante los juzgados locales. Recomendación: compara profesionales y solicita un plan de actuación; Keatia (keatia.es) puede ayudarte a encontrar abogados comunitarios en Málaga con experiencia acreditable.

Como ciudadano de la UE tienes derecho a residir y trabajar en España, y a la libre circulación, con condiciones si la estancia supera 3 meses (recursos suficientes, trabajo o estudios). Los familiares pueden obtener tarjeta de residencia si acreditan vínculo y que el ciudadano UE cumple requisitos (RD 240/2007). En Málaga, el empadronamiento en el Ayuntamiento es clave para muchos trámites (sanidad, escolarización, pruebas de convivencia), aunque no “crea” por sí solo el derecho de residencia. En sanidad, normalmente se accede mediante afiliación/alta laboral, tarjeta sanitaria europea o seguro. Recomendación: antes de iniciar trámites, revisa que cumples el supuesto exacto y reúne pruebas sólidas; en Keatia (keatia.es) puedes contactar con abogados en Málaga para una revisión documental preventiva.

Sí, el divorcio o cese de la convivencia puede afectar a la tarjeta de familiar de ciudadano UE, pero existen vías para conservar el derecho de residencia si se cumplen ciertos requisitos (por ejemplo, duración del matrimonio/pareja, existencia de hijos a cargo, o circunstancias como violencia de género, según el RD 240/2007 y criterios aplicables). Es fundamental actuar antes de que caduque la tarjeta o antes de un procedimiento de extinción, recopilando pruebas (sentencia, custodia, escolarización, medios económicos propios, alta laboral). En caso de resolución de extinción, los plazos de recurso vuelven a ser muy estrictos (1 mes en vía administrativa o 2 meses en contencioso, según proceda). Recomendación: asesórate cuanto antes para preparar la transición a otra autorización si conviene.