Abogados especializados en derecho Comunitario en Alcalá de Henares

El coste depende de si necesitas asesoramiento puntual (por ejemplo, residencia/ciudadanía UE) o un procedimiento completo ante la Administración o tribunales. En Madrid, una consulta suele rondar 60–150 € + IVA; la preparación de un expediente administrativo puede situarse entre 500–1.500 €; y un contencioso-administrativo puede oscilar aproximadamente entre 1.500–4.000 € + IVA, más procurador y posibles tasas/gastos. Muchos despachos trabajan con presupuesto cerrado y fases. Pide siempre hoja de encargo con alcance, plazos y qué incluye. Como recomendación práctica, compara varios perfiles y experiencia específica; en Keatia (keatia.es) puedes localizar y comparar abogados de derecho comunitario en Madrid y solicitar presupuesto.

Los plazos varían según el recurso. Con carácter general, contra un acto administrativo en extranjería puedes interponer recurso de reposición en el plazo de 1 mes desde la notificación (art. 123 Ley 39/2015) o acudir directamente al recurso contencioso-administrativo en 2 meses (art. 46 Ley 29/1998). En materia de libre circulación y residencia de ciudadanos UE y familiares, suele aplicarse el régimen del RD 240/2007, por lo que es clave revisar la notificación y si agota la vía administrativa. En Madrid, los contenciosos se tramitan en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recomendación: consulta cuanto antes para no perder plazo y valorar medidas cautelares.

No es obligatorio contar con abogado para presentar la solicitud ante la Oficina de Extranjería o comisaría competente, pero sí es muy recomendable si tu caso tiene puntos sensibles (dependencia económica, pareja de hecho, antecedentes, dudas sobre medios económicos o seguro). El RD 240/2007 regula los requisitos de residencia de familiares de ciudadanos de la UE, y la Administración suele exigir documentación muy concreta y coherente. Un abogado puede ayudarte a preparar el expediente, responder requerimientos y, si hay denegación, recurrir dentro de plazo. En Madrid, los requerimientos son frecuentes por empadronamiento, convivencia y medios. Recomendación: si ya te han requerido o denegado, contrata abogado cuanto antes; en Keatia (keatia.es) puedes encontrar especialistas en Madrid.

Aunque cada caso puede variar, normalmente se solicita: pasaporte/DNI, certificado de empadronamiento, acreditación del vínculo (matrimonio, nacimiento o registro de pareja de hecho), prueba de convivencia, y medios económicos/actividad (contrato y altas, nóminas, vida laboral, o recursos suficientes) junto con cobertura sanitaria (tarjeta sanitaria o seguro). Para familiares, también puede pedirse acreditación de dependencia económica o convivencia previa, según el supuesto. El marco es el RD 240/2007 y la práctica administrativa en Madrid tiende a ser estricta con la coherencia documental. Recomendación: revisa la documentación antes de presentar y prepara copias y traducciones juradas si procede; un abogado puede anticipar requerimientos y evitar denegaciones.

Los tiempos dependen del juzgado y la complejidad, pero como orientación en Madrid un contencioso ordinario puede durar entre 6 y 18 meses hasta sentencia, y más si hay apelación. En extranjería y libre circulación pueden solicitarse medidas cautelares para evitar perjuicios (por ejemplo, mantener efectos de una autorización), lo que puede resolverse en semanas o pocos meses. La Ley 29/1998 regula el proceso contencioso-administrativo y sus plazos, pero la carga de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid influye mucho. Recomendación: pide a tu abogado una estrategia por fases (demanda, prueba, vista) y un cronograma realista; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados con experiencia procesal en Madrid.

En algunos casos sí, especialmente si la sanción vulnera principios de la UE (proporcionalidad, no discriminación) o derechos reconocidos por Directivas/Reglamentos aplicables. Primero suele agotarse la vía administrativa con alegaciones y recursos según la Ley 39/2015, y después se puede acudir al contencioso-administrativo (Ley 29/1998). La clave es identificar la norma europea relevante y cómo se integra en el derecho español, además de la jurisprudencia del TJUE. En Madrid, el recurso se planteará ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo competentes. Recomendación: reúne la notificación, el expediente y pruebas; consulta con un especialista en derecho comunitario para valorar viabilidad y costes, porque no todas las sanciones permiten un argumento UE sólido.

Como ciudadano de la UE tienes derecho a residir y circular libremente, pero el acceso a ciertos servicios puede requerir empadronamiento o acreditación de residencia. Si te niegan el empadronamiento sin base, puede vulnerarse el principio de no discriminación por nacionalidad (art. 18 TFUE) y la normativa de libre circulación (Directiva 2004/38/CE, transpuesta por RD 240/2007). En Madrid, el empadronamiento depende del Ayuntamiento y debe basarse en la residencia efectiva, no en la situación administrativa. Puedes presentar escrito/queja, aportar contrato o prueba de domicilio y, si procede, recurrir. Recomendación: documenta la negativa por escrito y consulta a un abogado para plantear reclamación formal; en Keatia (keatia.es) puedes encontrar profesionales en Madrid acostumbrados a estos trámites.

Lo ideal es contactar antes de presentar si tu caso no es “estándar” (medios económicos dudosos, pareja de hecho reciente, dependencia económica, antecedentes, divorcio/separación o dudas sobre la condición de trabajador/estudiante). Si ya recibes un requerimiento, el tiempo para contestar suele ser limitado (a menudo 10 días hábiles, según lo que indique el trámite en la Ley 39/2015), y una respuesta mal planteada aumenta el riesgo de denegación. Tras una denegación, los plazos de recurso son estrictos (1 mes reposición o 2 meses contencioso, según proceda). Recomendación: no esperes a “ver qué pasa” si hay riesgo; en Keatia (keatia.es) puedes comparar abogados comunitarios en Madrid y elegir por experiencia y presupuesto.

Un abogado de extranjería suele centrarse en autorizaciones del régimen general (Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento), mientras que el derecho comunitario aplica especialmente a ciudadanos de la UE y sus familiares (Directiva 2004/38/CE y RD 240/2007), además de cuestiones transversales de primacía del Derecho de la UE, no discriminación y jurisprudencia del TJUE. En la práctica, muchos casos se solapan, pero la estrategia cambia: requisitos, pruebas y argumentos son distintos. En Madrid, esto impacta en cómo se prepara el expediente ante Extranjería y cómo se litiga en contencioso. Recomendación: pregunta por experiencia específica en régimen comunitario, recursos y sentencias similares; solicita presupuesto detallado y una valoración de viabilidad antes de iniciar.