Abogados especializados en derecho Comunitario en Colindres

Un abogado de Derecho comunitario (UE) asesora cuando tu problema implica normas europeas: extranjería con base en libre circulación (Directiva 2004/38/CE), reconocimiento de títulos, contratación pública, consumo transfronterizo, o sanciones/ayudas públicas vinculadas a fondos europeos. En Cantabria es habitual que surjan dudas con residencia de familiares de ciudadanos UE, homologaciones o recursos frente a decisiones administrativas que aplican normativa europea. Merece la pena contratarlo si hay plazos cortos de recurso, si te han denegado un derecho “por ser de la UE”, o si necesitas plantear un recurso contencioso-administrativo. Como paso práctico, reúne resoluciones, notificaciones y pruebas de tu situación. Recomendación: consulta pronto para no perder plazos.

Los honorarios varían según la vía (administrativa o judicial) y la complejidad. En Cantabria, una consulta suele oscilar entre 60 y 120 €, y un escrito o recurso administrativo entre 250 y 700 €. Un procedimiento contencioso-administrativo puede moverse, orientativamente, entre 1.200 y 3.500 € (más IVA), según prueba, vistas y urgencia. Si hay periciales o traducciones juradas, se añaden gastos. En vía judicial puede haber condena en costas si pierdes, por lo que conviene valorar riesgos. Pide presupuesto por fases (estudio, recurso, juicio). En keatia.es puedes comparar perfiles y solicitar varios presupuestos de abogados en Cantabria antes de decidir.

Depende de la resolución y del recurso. Si es un acto administrativo, normalmente puedes interponer recurso de alzada en 1 mes si es expreso, o en cualquier momento desde el día siguiente al silencio (con matices), conforme a la Ley 39/2015. Si procede reposición, el plazo también suele ser 1 mes. Para acudir al contencioso-administrativo, el plazo general es 2 meses desde la notificación del acto expreso (Ley 29/1998). En Cantabria, el asunto suele terminar en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander o el TSJ de Cantabria según el órgano que dictó el acto. Recomendación: consulta con abogado al recibir la notificación y guarda justificantes de fechas.

En la mayoría de procedimientos contencioso-administrativos sí necesitas abogado y procurador, especialmente si el asunto supera trámites simples o llega a órganos superiores. La Ley 29/1998 regula la comparecencia y, aunque hay excepciones en procedimientos de cuantía reducida o determinados trámites, en la práctica es habitual contar con ambos para asegurar una estrategia correcta y cumplir requisitos formales. En Cantabria, los procedimientos se tramitan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander y, en apelación o asuntos del Gobierno autonómico, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Recomendación: pide una valoración inicial para confirmar si tu caso encaja en una excepción o conviene ir con representación completa.

Lo habitual es aportar: resolución o notificación administrativa (con fecha y medio de notificación), expediente si lo tienes, escritos presentados, DNI/NIE o pasaporte, certificados de empadronamiento en Cantabria, contratos de trabajo o vida laboral, justificantes de medios económicos y seguro médico (en casos de libre circulación), y cualquier prueba de arraigo o vínculo familiar. Si hay documentos extranjeros, puede hacer falta traducción jurada y, en su caso, apostilla. Para temas de reconocimiento de cualificaciones, se incluyen títulos, programas y certificados académicos. Un buen abogado también pedirá cronología de hechos y correos o citas con la Administración. Recomendación: ordena todo por fechas y consulta cuanto antes para no agotar plazos.

En denegaciones de tarjeta de familiar de ciudadano de la UE suelen discutirse requisitos de vínculo, convivencia, dependencia económica o medios del ciudadano UE. Se aplica la Directiva 2004/38/CE y su transposición en España (principalmente el Real Decreto 240/2007). Primero se revisa la motivación de la denegación y se puede recurrir en vía administrativa (habitualmente 1 mes si es resolución expresa, Ley 39/2015) y, si no prospera, acudir al contencioso (2 meses, Ley 29/1998). Los tiempos varían: un recurso administrativo puede tardar varios meses; en judicial, más de 6-12 meses según carga del juzgado en Santander. Recomendación: prepara pruebas sólidas y busca asesoramiento especializado cuanto antes.

Sí, en determinados procedimientos puedes solicitar medidas cautelares para suspender la ejecución del acto (por ejemplo, expulsión o salida obligatoria) mientras se tramita el recurso. En vía contencioso-administrativa, la Ley 29/1998 permite pedir suspensión si acreditas perjuicios de difícil reparación y ponderación de intereses. En asuntos de ciudadanía UE y familiares, la normativa europea refuerza garantías y exige proporcionalidad. En Cantabria, la solicitud se presenta ante el juzgado competente (habitualmente Contencioso de Santander) y conviene aportar arraigo, trabajo, familia, escolarización y cualquier daño grave por la ejecución. Los plazos son rápidos, pero no automáticos. Recomendación: actúa de inmediato al recibir la notificación y deja el escrito en manos de un abogado.

Depende del conflicto, pero es frecuente que intervengan órganos administrativos (Delegación del Gobierno, oficinas de extranjería, o consejerías del Gobierno de Cantabria) y, en fase judicial, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander. Si el asunto es de mayor entidad o afecta a disposiciones autonómicas, puede conocer la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En temas laborales con componente UE (por ejemplo, discriminación o seguridad social transfronteriza), podrían intervenir juzgados de lo social, aunque no es lo más común bajo la etiqueta “comunitario”. Además, el abogado puede plantear cuestiones sobre interpretación del Derecho de la UE que, en casos complejos, conectan con el TJUE. Recomendación: confirma la competencia desde el inicio para no perder tiempo ni plazos.

Es urgente contratarlo cuando recibes una notificación con plazo (1 mes en muchos recursos administrativos, 2 meses para contencioso, según Ley 39/2015 y Ley 29/1998), o si hay riesgo de ejecución inmediata (sanciones, pérdida de residencia, devolución de ayudas). Para elegir bien, pide experiencia acreditable en procedimientos administrativos y contenciosos con normativa UE, solicita un plan por fases (estudio, recurso, cautelares), y pregunta por honorarios cerrados o por hitos. Valora también la coordinación con procurador en Santander y la claridad al explicar riesgos (incluidas costas). En keatia.es puedes encontrar y comparar abogados de Cantabria por especialidad, opiniones y disponibilidad. Recomendación: contacta con 2-3 profesionales y decide por especialización y transparencia.