Abogados especializados en derecho Civil en Madrid

En Madrid, los honorarios en asuntos civiles suelen depender de la cuantía, la complejidad y si hay negociación previa o juicio. Como orientación, una consulta puede costar 60–150 €, una reclamación sencilla (monitorio o negociación) 300–900 €, y un procedimiento declarativo (verbal u ordinario) suele moverse entre 1.200–4.000 €, más IVA. Además puede haber procurador (habitualmente 200–600 € por fase) y tasas, aunque las personas físicas están exentas de tasa judicial en civil (Ley 10/2012 y reformas). Pide presupuesto por escrito, si es posible con hitos. En keatia.es puedes comparar abogados civiles en Madrid y solicitar presupuestos para valorar opciones.

El plazo para reclamar una deuda depende del tipo de obligación. Con carácter general, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 5 años (art. 1964 del Código Civil). En compraventas o servicios puede haber matices por contrato o por normativa específica, y el plazo puede interrumpirse con una reclamación fehaciente (burofax, demanda, reconocimiento de deuda). En Madrid es habitual iniciar un procedimiento monitorio si hay documentos (facturas, albaranes, correos). Conviene revisar cuándo empezó a contar el plazo (vencimiento) y documentar la reclamación. Un abogado civil puede valorar la estrategia y evitar que prescriba: mejor actuar cuanto antes.

En civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que, por regla general, necesitas abogado y procurador para demandar o contestar. Hay excepciones: en juicios verbales por cuantía hasta 2.000 € puedes comparecer sin abogado ni procurador (art. 23 y 31 LEC), y también en algunos trámites sencillos. Aun así, ir sin asistencia puede ser arriesgado si la otra parte sí va representada o si hay prueba compleja (testigos, pericial). En Madrid, los procedimientos se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia y conviene conocer prácticas locales. Si dudas, en keatia.es puedes encontrar abogados de civil en Madrid y pedir una primera valoración.

Los plazos reales varían según el juzgado y la carga de trabajo, pero como referencia en Madrid: un monitorio puede resolverse en 2–6 meses si no hay oposición; un verbal suele tardar 6–12 meses; y un ordinario puede irse a 12–24 meses o más, especialmente si hay pericial. Las fases típicas son: demanda, admisión, traslado y contestación, audiencia previa (en ordinario), vista/juicio, sentencia y posible ejecución. Si hay apelación, la tramitación continúa ante la Audiencia Provincial de Madrid y suma meses adicionales. Una estrategia procesal clara y buena prueba desde el inicio suele acortar tiempos. Consulta con un abogado para planificar bien el caso.

Para que un abogado civil pueda valorar tu caso con precisión, lleva: contratos firmados, facturas, presupuestos, recibos, justificantes de pago, correos/WhatsApp relevantes, burofaxes o requerimientos, fotografías, y cualquier informe técnico (pericial, arquitecto, reparaciones). Si hay procedimiento ya iniciado, aporta demanda, contestación, diligencias del juzgado, citaciones y número de autos. También es útil una cronología de hechos y los datos de la otra parte (DNI/CIF, domicilio). En Madrid, una buena preparación facilita pedir medidas rápidas o negociar acuerdos antes de juicio. En keatia.es puedes localizar abogados civiles y reservar cita, indicando tu problema para que te atienda alguien especializado.

El monitorio es un procedimiento ágil para reclamar deudas dinerarias vencidas, exigibles y acreditadas documentalmente (art. 812 y ss. LEC): facturas, albaranes, contratos, emails, extractos. Se presenta solicitud en el juzgado competente (habitualmente el domicilio del deudor), y el juzgado requiere de pago. Si el deudor paga, se archiva; si no paga ni se opone, puedes pedir ejecución; y si se opone, el asunto pasa a verbal u ordinario según cuantía. Aunque para cuantías bajas puede no ser obligatorio abogado, contar con uno ayuda a preparar la documentación y reaccionar ante oposición. En Madrid, es una vía muy usada para impagos.

En Madrid la fianza se deposita en la Agencia de Vivienda Social (Comunidad de Madrid), pero la devolución al inquilino depende del arrendador y de si hay cantidades justificadas por daños o rentas impagadas (Ley de Arrendamientos Urbanos, art. 36). Lo habitual es reclamar por escrito tras entregar llaves y solicitar desglose si retiene importes. Si no responde, puedes acudir a un procedimiento de reclamación de cantidad (a veces monitorio si hay documentación) incluyendo contrato, inventario, fotos del estado, recibos y entrega de llaves. Las fianzas suelen litigarse con rapidez si la prueba es clara. Un abogado puede redactar un requerimiento sólido y, si hace falta, demandar. En keatia.es puedes comparar abogados civiles en Madrid con experiencia en arrendamientos.

La reclamación por daños depende del origen. Si es incumplimiento contractual (reforma, obra, prestación de servicios), el plazo general es de 5 años para acciones personales (art. 1964 Código Civil), contando desde que se puede exigir el cumplimiento o la reparación. Si se trata de responsabilidad extracontractual (daños sin contrato), el plazo suele ser 1 año desde que lo supiste (art. 1968.2 CC). En obras pueden aplicarse reglas específicas (LOE) si interviene edificación y agentes. En la práctica conviene hacer un informe pericial y un requerimiento fehaciente cuanto antes para fijar daños e interrumpir prescripción. Un abogado civil en Madrid te ayudará a encuadrar el caso y elegir la vía correcta.

En muchos conflictos civiles (deudas, arrendamientos, incumplimientos de contrato, problemas entre vecinos), intentar un acuerdo puede ahorrar tiempo y costes, sobre todo en Madrid donde los juzgados de Primera Instancia suelen tener carga elevada. Un requerimiento previo bien redactado (burofax con acuse y certificación) fija una posición, puede interrumpir prescripción y a veces facilita un pago o solución parcial. La mediación es voluntaria en muchos supuestos, pero puede ser útil si hay relación continuada o si la prueba es discutible. Eso sí: no conviene alargar negociaciones si hay plazos de prescripción o urgencias. Un abogado puede calcular riesgos, proponer un acuerdo y dejarlo documentado para que sea ejecutable.