Abogados especializados en derecho Civil en Arnuero

Los honorarios en Civil en Cantabria varían según la cuantía, la urgencia y si hay juicio. Como orientación: una consulta suele costar 50–120 € (algunos despachos la descuentan si contratas), un requerimiento o negociación extrajudicial 150–500 €, un procedimiento verbal 800–1.800 €, y un ordinario 1.500–4.000 € o más. A esto puede sumarse procurador (habitual en juicio) y tasas/peritajes, aunque en civil no hay tasas para personas físicas. Pide presupuesto por escrito con qué incluye (audiencias, recursos) y forma de pago. En keatia.es puedes comparar abogados civiles en Cantabria y solicitar varios presupuestos para decidir con seguridad.

Depende de la cuantía y del tipo de procedimiento (Ley de Enjuiciamiento Civil). En general, en juicios civiles es obligatorio abogado y procurador si la cuantía supera 2.000 €. Si es igual o inferior, puedes actuar sin abogado ni procurador, aunque no siempre es recomendable. Hay excepciones (por ejemplo, algunos procedimientos especiales pueden exigirlos) y, si la otra parte va asistida, estarás en desventaja técnica. En Cantabria, los asuntos se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Reinosa). Antes de presentar demanda, consulta viabilidad y costes para evitar errores procesales.

El plazo general para reclamar deudas personales (por ejemplo, servicios, compraventas, préstamos entre particulares) suele ser de 5 años, conforme al art. 1964 del Código Civil, salvo que exista un plazo especial. En arrendamientos, suministros o contratos mercantiles pueden concurrir reglas específicas. Para cobrar, a menudo se empieza con un requerimiento fehaciente (burofax) y, si no hay pago, se utiliza el procedimiento monitorio (LEC), muy frecuente para facturas y recibos. Un abogado puede ayudarte a documentar la deuda (contrato, albaranes, correos, extractos) y a interrumpir la prescripción. En keatia.es puedes localizar abogados civiles en Cantabria con experiencia en reclamaciones y monitorios.

El monitorio (arts. 812 y ss. LEC) permite reclamar deudas dinerarias vencidas, exigibles y acreditadas documentalmente (facturas, contratos, certificaciones, emails). Se presenta solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia competente: normalmente el del domicilio del deudor. El juzgado requiere al deudor para pagar en 20 días hábiles. Si paga, termina; si no paga ni se opone, puedes pedir ejecución y embargar. Si se opone, el asunto pasa a verbal u ordinario según cuantía. Aunque para cuantías pequeñas puede no ser obligatorio abogado, contar con uno evita defectos en la documentación y acelera la ejecución. En Cantabria es habitual tramitarlo en Santander o Torrelavega según partido judicial.

La devolución de la fianza se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El casero debe devolverla al finalizar el contrato y entregar llaves, y si se retrasa sin causa, puede devengar interés legal pasado un mes. Primero conviene pedir liquidación por escrito (estado del piso, facturas de reparaciones justificadas, recibos). Si no responde, puedes enviar burofax reclamando la cantidad y, si persiste, acudir a monitorio o juicio verbal según cuantía. Reúne contrato, justificante del ingreso de fianza, inventario y fotos del estado de entrega. Un abogado civil en Cantabria puede valorar si hay daños imputables o retención abusiva y reclamar con solidez.

En compraventas entre particulares, el saneamiento por vicios ocultos del Código Civil tiene un plazo de 6 meses desde la entrega (art. 1490 CC). En ventas a consumidor por un profesional, opera la garantía legal del TRLGDCU: en general, 3 años para bienes nuevos (y 1 año para segunda mano si se pacta así dentro de límites). La clave es acreditar que el defecto era previo y grave. Pasos prácticos: peritación, comunicación inmediata al vendedor por escrito, y negociación antes de demandar. En Cantabria, estos asuntos suelen tramitarse en Primera Instancia y pueden requerir informe pericial. En keatia.es puedes encontrar abogados civiles en Cantabria con experiencia en vicios ocultos y reclamaciones de consumo.

Los plazos dependen del juzgado y del tipo de procedimiento. Como orientación, un juicio verbal puede resolverse en 6–12 meses, y un ordinario en 12–24 meses o más, especialmente si hay periciales o recursos. En la LEC, el verbal suele concentrar la prueba en vista; el ordinario tiene demanda, contestación (20 días hábiles), audiencia previa y juicio. Tras la sentencia, cabe recurso de apelación (generalmente 20 días hábiles) ante la Audiencia Provincial. En Cantabria, la carga de trabajo varía entre partidos judiciales (Santander, Torrelavega, etc.). Un abogado puede anticipar tiempos y estrategia probatoria para evitar retrasos por defectos formales.

La documentación cambia según el caso, pero en civil suele ser decisivo aportar prueba desde el inicio (LEC). Habitualmente se necesita: DNI/NIE, contrato o acuerdo (aunque sea por emails/WhatsApp), justificantes de pago, facturas, presupuestos, fotos y vídeos, testigos (datos de contacto) y, si hay daños, informes técnicos o periciales. En reclamación de cantidad, extractos bancarios y reconocimiento de deuda ayudan mucho. También es clave acreditar comunicaciones previas (burofax, email) para demostrar requerimiento. Un abogado civil en Cantabria revisará la competencia del juzgado, la cuantía y la estrategia probatoria. En keatia.es puedes comparar profesionales por especialidad y pedir una primera orientación sobre qué aportar antes de demandar.

Lo ideal es consultar antes de iniciar el conflicto o en cuanto recibes un requerimiento, porque muchas soluciones se cierran en fase extrajudicial (negociación, reconocimiento de deuda, acuerdo de pago, mediación) y evitas costes y riesgos de condena en costas. Si ya te han demandado, los plazos son estrictos: por ejemplo, en ordinario hay 20 días hábiles para contestar la demanda (LEC). Llegar tarde puede causar rebeldía procesal y perder opciones de defensa. En Cantabria, además, conviene elegir un abogado acostumbrado a los juzgados del partido judicial correspondiente. Como recomendación, pide un análisis de viabilidad, presupuesto cerrado por fases y plan de prueba desde el primer momento.