Abogados especializados en derecho Alquileres en Cáceres

En asuntos de arrendamientos urbanos (Ley 29/1994, LAU), los honorarios en Cáceres varían según si es asesoramiento, negociación o un pleito. Orientativamente: consulta 50–120 €, redacción/revisión de contrato 150–400 €, burofax y requerimientos 120–250 €, y un procedimiento de desahucio o reclamación de rentas suele moverse entre 900–2.500 € + IVA, más procurador (aprox. 300–600 €) y posibles tasas/ediciones. Algunos despachos fijan precio cerrado por fases. Pide presupuesto por escrito y detalla qué incluye (burofaxes, vistas, ejecución). En keatia.es puedes comparar abogados de alquileres en Cáceres y solicitar propuesta según tu caso.

Si el inquilino no paga, el arrendador puede interponer demanda de desahucio por falta de pago (LAU y Ley de Enjuiciamiento Civil). No hay un “plazo máximo” único para demandar, pero conviene actuar rápido para acumular menos deuda y evitar problemas probatorios. En tiempos, depende del Juzgado de Primera Instancia de Cáceres y de si el inquilino se opone: de forma orientativa, 2–6 meses para señalamiento si no hay oposición, y 6–12 meses o más si hay contestación, vista y recursos. Antes suele enviarse requerimiento (burofax) y preparar documentación. Un abogado puede optimizar la demanda y pedir también rentas. Recomendación: consulta cuanto antes para valorar estrategia y recuperación de deuda.

En el desahucio por impago, el inquilino puede evitar el lanzamiento pagando lo debido (enervación) una sola vez, si cumple los requisitos del art. 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se pierde, por ejemplo, si el arrendador le ha requerido de pago de forma fehaciente (burofax con acuse y certificación, o notarial) al menos 30 días antes de presentar la demanda y el inquilino no paga. También se pierde si ya enervó en un procedimiento anterior. En Cáceres, preparar bien el requerimiento y la prueba del impago es clave para no bloquear el desahucio. Recomendación: antes de demandar, revisa con un abogado la forma y plazos del requerimiento para evitar sorpresas.

Para un desahucio o reclamación de rentas, normalmente necesitarás: contrato de arrendamiento y anexos, DNI/NIE y datos de la finca (dirección, referencia catastral o nota simple si la hay), justificantes de impago (extractos bancarios, recibos devueltos), comunicaciones previas (WhatsApp sirve como indicio, pero mejor burofax), y cálculo de cantidades debidas (rentas, suministros si procede). Si es por fin de contrato o necesidad, también aportan relevancia los preavisos y su fecha (LAU). En Cáceres, el juzgado pedirá una demanda bien estructurada y con documentos ordenados. Recomendación: un abogado puede preparar el “paquete probatorio” y evitar inadmisiones o retrasos.

En procedimientos de desahucio y reclamación de rentas tramitados por juicio verbal, lo habitual es que sean preceptivos abogado y procurador cuando la cuantía supera 2.000 € (arts. 23 y 31 LEC). En alquileres, muchas reclamaciones de rentas acumuladas superan ese umbral rápidamente, y además el desahucio suele aconsejar dirección letrada aunque la cuantía fuese menor, por la importancia de plazos, notificaciones y ejecución del lanzamiento. En Cáceres, la intervención de procurador agiliza comunicaciones con los Juzgados de Primera Instancia. Recomendación: consulta un presupuesto cerrado por fases; en keatia.es puedes localizar abogados especializados en alquileres en Cáceres y comparar experiencia en desahucios.

La actualización de la renta debe estar pactada en el contrato; si no existe cláusula, en general no procede actualización anual automática (LAU). Cuando sí se pacta, suele vincularse a un índice (históricamente IPC) y deben respetarse los límites vigentes en cada momento por normativa estatal (en los últimos años ha habido topes temporales a la actualización). Además, cualquier subida debe comunicarse correctamente, indicando cálculo y fecha de efecto. Si el casero pretende una subida “a mitad de contrato” sin base contractual, puedes oponerte. Guarda comunicaciones y revisa la cláusula de actualización. Recomendación: antes de firmar un anexo o aceptar una subida, pide revisión legal; en keatia.es puedes encontrar abogados en Cáceres para analizar tu contrato y negociar con seguridad.

La fianza en arrendamientos de vivienda se regula en la LAU: el arrendador debe devolverla al finalizar el contrato y entregar llaves, descontando solo daños acreditados o deudas. Si pasa un mes desde la entrega de llaves sin devolución, la fianza devenga interés legal. En la práctica, conviene pedir por escrito (burofax) la devolución, solicitando factura o presupuestos de supuestos desperfectos. Si no hay acuerdo, se puede reclamar por monitorio o verbal según cuantía, aportando contrato, justificante de pago de fianza, inventario, fotos y acta de entrega. En Cáceres, estas reclamaciones suelen resolverse con buena prueba documental. Recomendación: recopila evidencias y consulta a un abogado para valorar viabilidad y costes.

Conviene contratar abogado antes de firmar, especialmente si hay dudas sobre duración, prórrogas, actualización de renta, obras, mascotas, subarriendo, uso distinto de vivienda o garantías adicionales (aval, depósito extra). La LAU contiene reglas imperativas y algunas cláusulas habituales pueden ser nulas o generar conflictos (por ejemplo, repartos de gastos no permitidos o penalizaciones desproporcionadas). En Cáceres, también es útil adaptar el contrato a la realidad del inmueble (comunidad, suministros, garaje, trastero) y dejar claro el estado mediante inventario y fotos fechadas. El coste de revisión suele ser mucho menor que un pleito posterior. Recomendación: invierte en prevención; en keatia.es puedes comparar abogados de alquileres en Cáceres y solicitar una revisión rápida del contrato.

La LAU permite al arrendador recuperar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o familiares en determinados supuestos, pero deben cumplirse requisitos: que haya transcurrido al menos un año de contrato y que se comunique al inquilino con al menos 2 meses de antelación (siempre que el contrato lo prevea o sea aplicable según su fecha). Tras la extinción, el arrendador debe ocupar efectivamente la vivienda en el plazo legal (habitualmente 3 meses) o, si no lo hace, el inquilino puede reclamar volver o ser indemnizado. Los detalles dependen de la fecha del contrato y su redacción. Recomendación: antes de notificar, revisa el contrato con un abogado para evitar nulidades y conflictos en los Juzgados de Cáceres.