Abogados especializados en derecho Alquileres en Alacant/Alicante

Los honorarios varían según si es negociación, burofax o procedimiento judicial. En Alacant/Alicante, una consulta suele estar entre 50 y 120 € (a veces se descuenta si se contrata). Un requerimiento/burofax puede costar 120–250 €. Un desahucio por impago y reclamación de rentas suele moverse entre 900 y 2.500 € + IVA, más procurador (aprox. 200–500 €) y posibles tasas/certificados. La base legal suele ser la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Pide presupuesto cerrado por fases y valora comparar perfiles en Keatia (keatia.es) para elegir abogado en la provincia.

En un desahucio por impago, el inquilino puede “enervar” pagando todo lo debido (rentas, cantidades asimiladas e intereses/costas si proceden) una sola vez, salvo que ya hubiera enervado antes o el casero le hubiera requerido fehacientemente con al menos 30 días de antelación a la demanda (art. 22.4 LEC). Tras la admisión, el juzgado suele señalar fecha de lanzamiento y concede un plazo para pagar u oponerse (habitualmente 10 días para oponerse/pagar según el decreto de admisión). En Alicante es clave preparar bien el requerimiento previo y la documentación. Un abogado puede revisar si conviene reclamar solo rentas o también resolución y desahucio.

El cauce habitual es el juicio verbal de desahucio por falta de pago (LEC) junto con reclamación de rentas. Pasos prácticos: 1) recopilar contrato, impagos, comunicaciones y cuenta bancaria; 2) enviar requerimiento fehaciente (burofax) para reforzar la posición y limitar la enervación; 3) presentar demanda con abogado y procurador; 4) el juzgado fija fecha de lanzamiento y plazos de oposición/pago; 5) si no hay oposición, se dicta decreto y se ejecuta el lanzamiento. En los juzgados de Alicante/Elx la duración varía por carga de trabajo, pero suele estar entre 4 y 9 meses, pudiendo alargarse si hay oposición. Recomendación: actúa rápido y con asesoramiento desde el primer impago.

Legalmente puedes firmar un contrato sin abogado, pero un modelo genérico suele dejar flecos: actualización de renta, obras y reparaciones, duración y prórrogas (LAU), distribución de gastos (IBI, comunidad, suministros), garantías adicionales a la fianza, desistimiento, cláusula de resolución y comunicaciones. En zonas con alta rotación como Alicante ciudad, Playa de San Juan o El Campello, un contrato bien armado reduce impagos y conflictos. Un abogado puede adaptar el contrato al tipo de vivienda (habitual, temporada, habitación) y a tu caso, y además preparar inventario y anexos. Como orientación, revisar/redactar un contrato suele costar 150–400 € + IVA. Recomendación: si el alquiler es de larga duración o con garantías, compensa revisarlo.

La fianza en arrendamiento de vivienda (1 mensualidad, art. 36 LAU) debe devolverse al finalizar el contrato si no hay deudas ni daños imputables al inquilino. Es habitual conceder un plazo razonable para revisar suministros y estado; si el casero retiene sin justificar, conviene reclamar por escrito aportando entrega de llaves, fotos, inventario y recibos. Si no responde, puedes enviar burofax y, en su caso, interponer reclamación de cantidad (juicio verbal si no supera 15.000 €). En Alicante, estas reclamaciones se tramitan en los juzgados de primera instancia. En Keatia (keatia.es) puedes localizar abogados de alquileres en la zona para valorar si te conviene negociar o demandar, según importe y pruebas.

Para un desahucio con reclamación de rentas, lo esencial es: contrato de arrendamiento y anexos, acreditación de la propiedad o legitimación (nota simple/recibo IBI), recibos o extractos que prueben impagos, cálculo detallado de cantidades debidas, comunicaciones previas (WhatsApp/email) y, si lo hubo, burofax de requerimiento. También ayuda inventario y fotos si hay daños, y datos de empadronamiento/domicilio para notificaciones. El abogado preparará la demanda conforme a la LAU y la LEC, y el procurador presentará en el juzgado competente (normalmente el del lugar del inmueble). Recomendación: ordena la cronología de impagos y guarda justificantes; una prueba incompleta retrasa el asunto.

La actualización de la renta depende de lo pactado en el contrato y de la normativa aplicable en cada momento. En general, la LAU permite actualizar si se pactó expresamente, tradicionalmente mediante IPC u otro índice. En los últimos años ha habido topes extraordinarios para vivienda habitual (según normativa estatal vigente en cada periodo), por lo que el límite puede no ser el IPC completo. Además, la subida “por renovación” o nuevo contrato tiene reglas distintas y puede ser discutible si hay continuidad real. En Alicante, antes de comunicar una subida, revisa cláusula de actualización, fecha de contrato, duración y prórrogas. Recomendación: que un abogado revise el contrato y redacte la notificación para evitar impugnaciones; en Keatia (keatia.es) puedes comparar especialistas en alquileres en la provincia.

Si el contrato ha finalizado y no hay prórroga aplicable, la permanencia puede considerarse precario o situación posesoria sin título, pero el cauce suele ser demanda de desahucio por expiración del plazo contractual (LEC) aportando contrato, notificación de no renovación y prueba de la entrega de comunicaciones. Es importante distinguirlo de un impago: aquí lo clave es la fecha de fin y que no exista tácita reconducción. En Alicante/Elx, estos asuntos pueden tardar varios meses según agenda del juzgado y si hay oposición. Recomendación: no intentes “cambiar la cerradura” ni cortar suministros; actúa por vía legal y documenta todo. En Keatia (keatia.es) puedes encontrar abogados locales para valorar estrategia y tiempos.

Conviene contratar abogado desde el primer indicio serio: impago de una mensualidad, negativa a firmar prórroga o entregar llaves, daños, subarriendo no consentido o conflicto por obras/gastos. Actuar pronto permite enviar un requerimiento correcto (burofax), calcular bien cantidades y evitar errores que luego facilitan la enervación o retrasan el desahucio (LEC) o complican la resolución del contrato (LAU). También es útil en la fase preventiva: redactar contrato, inventario, garantías adicionales y protocolo de entrega. En Alicante, donde los plazos judiciales dependen de la carga de los juzgados, un planteamiento sólido ahorra meses. Recomendación: solicita una primera valoración y presupuesto por fases; Keatia (keatia.es) es un buen punto de partida para comparar abogados especializados cerca de ti.